El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) presentó una denuncia este lunes ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) por la falta de avances en la investigaciones en torno a la creación y actuación de la Oficina de Información Táctica (OIT) dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). También por la posible comisión de torturas en los centros penitenciarios, así como violaciones a los derechos humanos y laborales de sus propios funcionarios.
En la denuncia, a la que accedió la diaria, se afirma que el organismo, creado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y liderado inicialmente por el exdirector del Comcar Carlos Taroco, imputado en 2023 por entorpecer la investigación contra el exsenador nacionalista Gustavo Penadés, es muestra de “un nuevo caso de inteligencia ilegal en democracia”.
En el documento se mencionan varios insumos, como un informe jurídico del estudio Delpiazzo, que recoge que la OIT “era un órgano ilegal contrario a derecho”. También se recuerda que los hechos por los que Taroco fue procesado derivaron en una solicitud al Ministerio del Interior, de modo de “saber si alguno de los miembros de esta oficina ilegal de inteligencia accedió a información personal de las distintas bases de datos personales” de la cartera.
Asimismo, se apunta a una audiencia en la que la fiscal encargada del caso Penadés, Alicia Ghione, menciona “aprietes” de parte de Taroco hacia presuntas víctimas que se hallaban presas. Estos, alegan, “podrían consistir en hechos comprendidos en el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”, por lo que el INDDHH debería “investigar las posibles violaciones a los derechos humanos hacia la población privada de libertad que pudieron ser cometidas”.
En diálogo con la diaria, el presidente del Sitrapen, Germán Gutiérrez, denunció que “la cosa está muy parada”. En particular, y con respecto a la investigación penal, dijo no comprender el hecho de que la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos continúe acéfala tras la remoción de Alejandro Machado, cuando dicho organismo no solamente trabaja en la denuncia, sino también en “varias causas grandes del anterior gobierno”.
Además, cuestionó la falta de acciones a nivel administrativo, ya que el informe de Delpiazzo “es categórico en cuanto a la ilegalidad del organismo”. Añadió que de eso se deduce que “tendrían que haber ciertos responsables”, y evaluó necesario “indagar hasta donde intervinieron” Luis Mendoza, director del INR durante el gobierno de Lacalle Pou, y Luis Alberto Heber, ya que “todo lo que pasó con la causa fue en su período como ministro”.
Consultado al respecto, el dirigente sindical dijo que las autoridades actuales del MI explicaron que el proceso “está bajo un instructor sumariante”, por lo que desconocen el avance de las investigaciones. De todas maneras, consideró que ha pasado “demasiado tiempo” y hay “demasiadas pruebas” para que “no haya ningún avance”.
“Queremos llegar al fondo del asunto para saber qué otra participación tuvo cada uno de los involucrados”, aseveró, y deslizó la posibilidad de que alguno de los integrantes del Sitrapen fueran objeto de investigaciones. “Si el loco [Taroco] tenía esa arbitrariedad con el caso de Penadés, imaginate lo que pudo haber hecho en otros casos”, evaluó.
Además, en la denuncia del Sitrapen se acusa que aún cuando en la órbita del Ministerio de Salud Pública existe una Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres (CHTI), esta “nunca analizó de oficio si el trabajo penitenciario es perjudicial para la salud”, y que producto de ello se efectuó una solicitud con dicho propósito en 2022. Según el documento, desde la CHTI explicaron que a pesar de solicitar instancias de inspección de las cárceles al MI, la cartera “cortó comunicaciones”, lo que impidió “las visitas de hecho”.
Al respecto, Gutiérrez dijo que, según pudo saber, eso se debió a una orden escrita alegando que “esas inspecciones no estaban autorizadas por razones de seguridad”. “Queda más o menos probado de que la administración anterior, de una manera arbitraria, impidió que un organismo de salud ocupacional ingresara a hacer su trabajo por razones de seguridad’, denunció, y señaló que si bien las autoridades actuales permitieron las inspecciones, el proceso continúa trunco por aspectos relacionados con la CHTI.
Desde el sindicato califican al suceso como “un hecho irregular”, y agregan que el incumplimiento “ha traído como consecuencia un perjuicio a toda la colectividad de trabajadores penitenciarios”. Es así que solicitaron a la INDDHH a que investigue “sobre los hechos generales planteados” y, sumado a ello, que “controle que los organismos involucrados resuelvan en tiempo y forma las denuncias”.
