Tras la audiencia de formalización en la que se imputó al exsenador Gustavo Penadés por más de 20 delitos sexuales, la fiscal Alicia Ghione comunicó que el comisario Carlos Tarocco, que hasta ese momento dirigía el Comcar y la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), estaba detenido por armar un plan junto a Penadés para montar una estafa procesal.

Según la fiscal, Tarocco fue parte del entramado de un plan en el que se investigó a las víctimas, con averiguaciones y seguimientos, para intentar descubir su identidad y perjudicarlas. Sobre las ya conocidas, se hizo un flujograma con sus vínculos para hacer averiguaciones al respecto. Ghione también señaló que, al igual que lo denunciaron varias víctimas, vio autos y personas extrañas alrededor de su vivienda.

Además de Tarocco, se detuvo a otro policía subordinado a su jerarquía de nombre Federico Rodríguez, que fue quien ingresó al Sistema de Gestión de Seguridad Pública para obtener datos sobre las víctimas. Asimismo, una de las víctimas señaló que se juntó con el policía tres veces porque le dijo que quería contratar sus servicios como community manager, cuando en realidad intentaba obtener información porque le hablaba sobre el caso Penadés.

Este jueves se llevó adelante la audiencia de formalización, tal como estaba pautado. Tarocco fue imputado por un delito continuado de cohecho calificado en reiteración real con reiterados delitos de revelación de secreto. Se dispuso su prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Tarocco fue destituido como director del Comcar y su lugar será ocupado por Alejandro Chaves, quien dirigía hasta ahora la Unidad 5, cárcel de mujeres de Montevideo. También fue destituido como director de la Oficina de Información Táctica del INR.

Fiscal desmintió a Heber

Tras la audiencia de formalización, la fiscal Alicia Ghione junto a sus adscritas María José Brisco, Fulvia Favretto y Mariana Bentancor hablaron en rueda de prensa. Explicaron la formalización y enfatizaron que ambos delitos se agravaron por la función de Tarocco, lo que se establece en la ley anticorrupción.

La fiscal Ghione afirmó que “no está probado hasta ahora” que haya existido un pago por esto, sino que el provecho al que se refiere el delito de cohecho lo sacó Penadés: “El delito de cohecho lo que pide es un provecho para sí o para un tercero. Nosotros entendemos que esto es parte del ‘plan’ del que hablábamos el otro día de los imputados Penadés y [Sebastián] Mauvezin”. “El provecho es justamente el entorpecimiento de la investigación respecto de esa causa de Penadés y Mauvezin”, remarcó. Ghione explicó que “la trama” estuvo montada “alrededor de la búsqueda de información alrededor de algunas de las víctimas en la investigación de Penadés y Mauvezin”. Sobre si además de identificar a las víctimas, querían demostrar que habían “armado” este caso, la fiscal y sus adjuntas aseveraron y plantearon que “esa es la trama a la cual nos referimos”. Lo que querían era tratar de demostrar que las víctimas habían “armado un plan” contra Penadés.

Desmintieron la versión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que planteó que había sido su cartera la que había descubierto esta investigación ilegal; la investigación paralela fue descubierta por la Fiscalía. Ante la consulta de si el Ministerio del Interior (MI) había dado información equivocada, Ghione aclaró: “El problema es que el MI no conoce la identidad de las víctimas. Ya lo he dicho reiteradas veces. Los únicos que sabemos la identidad de las víctimas somos los miembros del equipo de la Fiscalía, los abogados de las víctimas y la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía que trabaja con ellas”.

Sobre la intervención de Heber en conferencia de prensa en la que planteó que ellos fueron los que llegaron a esta conclusión y que la Policía es la que se depura a sí misma, Ghione afirmó que “las reflexiones de las palabras del ministro no me competen, porque no me voy a meter en las posiciones políticas de lo que pueda hablar o no un ministro u otro, mi rol es ser fiscal, investigar, e investigo con dos equipos policiales”.

Consultada sobre si Tarocco confesó los hechos, la fiscal dijo que en esta etapa “no podemos pretender hoy la confesión del imputado”.

Respecto de cómo sigue la investigación, considerando que dentro de la Policía se dan estos hechos de corrupción, la fiscal Ghione señaló: “Hay que separar. La Fiscalía como equipo trabaja con la Policía, que son nuestros auxiliares en la investigación. Tenemos dos equipos de Policía que han trabajado con nosotros, que son el Departamento de Investigación de Delitos Especiales y la Unidad de Cibercrimen, y hemos llegado hasta acá porque hemos trabajado en equipo con ellos. O sea que así vamos a seguir trabajando”.

También fue consultada sobre si Tarocco mandó a seguir a las víctimas, a lo que respondió: “Sí, claro. Eso es parte del plan que estaban armando”. Del mismo modo, respondió afirmativamente sobre si existía un contacto entre Penadés y Tarocco: “Sí, claro. Eso es lo que estamos investigando”.

A su vez, se refirió a la situación del otro policía involucrado en la investigación, subordinado en jerarquía a Tarocco: dijo que “es parte de una pieza reservada de esta investigación que por ahora no se va a revelar”.

Los delitos tipificados

El Código Penal establece en su artículo 158 que el cohecho calificado se aplica cuando un funcionario público retarda u omite un acto relativo a su cargo, o cuando ejecuta un acto contrario a los deberes de su cargo, y por estos actos recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, dinero u otro provecho, o acepta su promesa. La pena va de un año de prisión a seis años de penitenciaría. Se puede aplicar la inhabilitación especial de dos a seis años y una multa de 50 a 10.000 unidades reajustables (UR). La pena será aumentada de un tercio a la mitad en los casos en que este hecho tenga como efecto el daño de partes litigantes en un juicio civil o penal, como es este caso.

Según el artículo 163 del Código Penal, se tipifica la revelación de secreto cuando un funcionario público, con abuso de sus funciones, revele hechos, publique o difunda documentos, “por él conocidos o poseídos en razón de su empleo actual o anterior, que deben permanecer secretos”, también si facilita su conocimiento. La pena para este delito va de seis meses a dos años de prisión y la multa que se establece va de diez a 3.000 UR.