Una delegación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) compareció este jueves por más de seis horas ante los diputados de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda para hacer su rendición de cuentas de la cartera y explicar los dos nuevos artículos que el gobierno optó por agregar en el proyecto de ley que está a estudio de la cámara baja.
El titular del MTOP, José Luis Falero, aseguró en una rueda de prensa que hubo “una fuerte ejecución” por parte del ministerio en 2022. En este proyecto, el gobierno propone la constitución de un “Fideicomiso para la Movilidad Sostenible”, que tendrá por fideicomitentes al Poder Ejecutivo, actuando a través del MTOP y del Ministerio de Economía y Finanzas, y a Ancap, “en tanto que el beneficiario final” será la cartera que dirige la ministra Azucena Arbeleche.
El “Fideicomiso para la Movilidad Sostenible” será administrado por un fiduciario financiero “profesional” y tendrá como “objeto” la “administración de recursos” destinados a programas que posibiliten “el transporte terrestre colectivo de pasajeros de modo sostenible y a precios accesibles”. Este fideicomiso estará exonerado de toda obligación tributaria de carácter nacional o departamental, creada o a crearse.
Por otro lado, en el documento está previsto que el MTOP adquirirá 1.040.000.000 pesos con destino a atender las “obligaciones emergentes” de los contratos de “diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial” dentro de la faja de dominio público -más conocido como Cremaf-, ejecutados a través de la Corporación Vial del Uruguay.
Desde la oposición indicaron que 40% de las obras que se culminaron o terminarán en este gobierno vienen del gobierno pasado y que, en su mayoría, las obras que se iniciaron en esta gestión tendrían que finalizarse en esta misma administración, algo que es una “preocupación”.
Al respecto, Falero dijo que arrancaron la gestión “con un desfasaje, con un compromiso ya asumido todo el año 2020, y todavía con muchas PPP [participación público-privada] aprobadas que tuvimos que firmar nosotros para no detener ese proceso. No queremos hacer lo que se nos hizo, queremos dejar mejor el ministerio. Más planificado, más ordenado y con una proyección de obras de calidad y no tener que volver a intervenir”, indicó.
Asimismo, la citación sirvió para hablar de otras cosas, como la instalación de radares y el Sistema Integral de Control del Transporte de Carga (Sictrac).
Sin fiscalizar
El diputado frenteamplista Gustavo Olmos criticó que en “todas” las rendiciones de cuentas la cartera indique que va a aplicar el Sictrac, pero que por el momento no haya novedades. “Dijeron que la licitación iba a salir antes del cierre de 2022 y todavía eso no ocurrió”, se quejó. En ese marco, sostuvo que la estimación “más cauta” de la pérdida de recaudación por no aplicar el sistema, que la anterior administración dejó en bandeja a la por entonces gestión de Luis Alberto Heber, es de unos 120 millones de dólares, según un cálculo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Falero respondió que hay un llamado a licitación que refiere a la mejora de controles en el sistema de GPS y que están intentando que todos los que haya en el mercado nacional ya colocados en los respectivos camiones “puedan ser aprovechados”. “Entendemos que es sensato el planteo de los empresarios”, consideró el ministro, y agregó que no quieren “distorsionar” el mercado.
“El software tenemos que licitarlo, tenemos un avance con el centro de control de monitoreo en el ministerio que presentaremos el 7 de agosto”, adelantó. No obstante, opinó que hubo una reducción de informalidad puesto que hubo un incremento de controles en las carreteras por parte de la Dirección Nacional de Transporte. “Por más que uno ponga un sistema de control, no es automático que la informalidad se reduzca, es gradual”, consideró.
En tanto, quien se quejó por la cantidad de radares fue el diputado cabildante Álvaro Perrone, quien planteó que “asombra la cantidad de radares que han instalado en el área metropolitana” y que había “una competencia entre el MTOP y el Ministerio del Interior, porque son los dos los que han instalado radares”.
Según el cabildante, no hay dudas de que la instalación de radares es “para recaudar”. En ese sentido, indicó que en ese caso “puede haber una lomada para evitar la [alta] velocidad”. “Nosotros vemos lo que recauda la Intendencia de Montevideo con este tipo de radares donde los perjudicados son los camioneros, el repartidor, los trabajadores, que se pasan uno o dos kilómetros y una multa le lleva la tercera parte del sueldo”, criticó.
En ese marco, dijo que van a intentar “frenar” la instalación de radares. Falero le respondió que el MTOP no cobra “un solo peso” de multa por los radares porque “no son nuestros”. “Los radares que hoy están multando son o de intendencias o del MI a través de Policía Caminera”.
Según dijo, hay instalados unos 12 radares que les permiten llevar un registro para evaluar el “comportamiento” de los conductores. “No tenemos todavía la normativa que nos permita cobrar esas sanciones que van a estar atadas al acuerdo que estamos relacionando con el Sucive y el Congreso de Intendentes. Va a haber más instalación de radares fijos; nuestro compromiso es instalar 100 radares en todo el país”, adelantó.
Por último, fue crítico con Perrone: “Cuando uno se queja de un radar hay que pensar que ese lugar está definido por los datos estadísticos que tienen la Unasev [Unidad Nacional de Seguridad Vial] y la Policía Caminera sobre accidentes. Si hay un dato que a mí me marcan como dato crítico, tengo que buscar una solución que puede ser variada”.