Este martes, el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de Diputados, que analiza el proyecto de Rendición de Cuentas. Tras el encuentro, durante una rueda de prensa, el jerarca contó que “la temática fue muy amplia”, pues se abarcaron “desde los temas sanitarios, a los de los recursos para alimentar la circunstancia de la emergencia agropecuaria”.
Consultado sobre el artículo que propone prohibir la comercialización como productos lácteos a aquellos que no tengan origen animal, Mattos expresó que el tema “tiene una gran repercusión”, porque implica la defensa de la producción agropecuaria nacional y responde a la solicitud de los integrantes de la Junta Nacional de la Leche en el Instituto Nacional de la Leche (Inale).
De acuerdo a lo planteado por el ministro, tanto los productores como el Poder Ejecutivo sostienen que “la denominación leche” debe ser utilizada cuando se trata de “un producto de las células de secreción de la glándula mamaria, de origen animal” y, por lo tanto, “los elementos nutricionales que provienen del reino vegetal deben denominarse de otra manera”.
“Lo que queremos es generar la defensa del sector agropecuario, del ganadero y del lechero”, y que no exista un “engaño al consumidor”, dijo Mattos. La idea es respetar y preservar “la identidad” y “el prestigio que tienen los productos lácteos”, construido “a lo largo de muchas décadas”, a partir de la prohibición, no sólo del uso de la denominación, sino también de la utilización de “imágenes pictóricas haciendo referencia a este producto”.
Respecto a la gestión de la Dirección General de la Granja, cuestionada por la oposición, el jerarca aseguró que ha tenido “un nivel de ejecución pleno” y “han batido los récords sucesivos de ejecución y de gastos”, pues ha implementado refuerzos y acciones “que en el pasado no se llevaron a cabo”. En lo que queda de 2023, el instituto prevé ejecutar 670 millones de pesos, “un volumen récord para todas las circunstancias o los antecedentes que tiene la granja”, y “seguramente superará los 600 millones de pesos en el año 2024”, estimó.
Por último, con referencia a los recursos para la emergencia agropecuaria, el ministro aseguró que “son muchos los volúmenes de crédito que han sido asignados” -alrededor de 6.000- por parte del Fondo Agropecuario de Emergencia.
“No hay coincidencia entre lo que se dice y lo que se asigna”
Por su parte, la diputada del Frente Amplio (FA) por Río Negro Sylvia Ibarguren dijo en rueda de prensa que la comparecencia de las autoridades del MGAP fue “una fotocopia de la comparecencia del año pasado”. “Hay como una lentitud en el desarrollo de los objetivos y sigue habiendo un recorte tanto en la asignación como en la ejecución”, agregó.
En ese sentido, la legisladora señaló que la Dirección General de Desarrollo Rural, “que trabaja directamente con los productores familiares, tiene un recorte de inversiones del 80%, y en gasto de funcionamiento del orden del 30 y pico, casi del 40%”. “Vemos como un antagonismo entre lo que se dice y después lo que se invierte para, sobre todo, los productores más pequeños. Y si le sumamos los recortes que hay en el Instituto Nacional de Colonización, que estamos hablando de 2.000 millones de pesos menos que años anteriores, entonces, no hay coincidencia entre lo que se dice y lo que se asigna”, sostuvo Ibarguren.