La Rendición de Cuentas “no resuelve los críticos problemas presupuestales” de la Institución Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) “ni plantea mejoras sustantivas para los problemas de gestión”, sostiene un informe del equipo de la directora de ese organismo por el Frente Amplio (FA), Andrea Venosa, quien a modo de balance de lo hecho, concluyó que hay “ausencia” de asignación presupuestal y que hay “falta de coherencia” en los lineamientos programáticos que había asumido la coalición multicolor al inicio de su gestión.
Venosa sostuvo que, en parte, el “cometido central” del Inisa “está totalmente comprometido, por la escasez de horas de medidas socioeducativas dirigidas a los adolescentes con medidas privativas de libertad”, a pesar de la “leve mejoría”, pero que aún “no se cumple la meta establecida y dan cuenta de las dificultades que tiene la institución para llevar a cabo su misión”.
En ese marco, aludió a los cambios que introdujo la Ley de Urgente Consideración (LUC), que duplicó las penas para adolescentes, de manera tal que la mínima, para gran parte de los delitos, pasa de uno a dos años y la máxima, para delitos graves, de cinco a diez años.
“Los efectos de la LUC se comienzan a visualizar con mayor claridad”, afirmó, puesto que hubo un aumento de población en medidas no privativas. Según el informe presentado por el Inisa, al que tuvo acceso la diaria, se observa que en 2018 un 63,5% de los adolescentes fueron atendidos por el organismo por primera vez –es decir, no reincidieron–, mientras que de 2021 –ya vigente la LUC– a 2022 aumentó de 72,4% a 75,7%.
Para Venosa, esto se ve “en el incremento de los procesos abreviados”, que en el caso de adolescentes es diferente del de adultos y les quita garantías, así como “en el incremento de penas máximas ha llevado al incremento de los años de sentencia”.
Venosa señaló en diálogo con la diaria que la LUC hizo que hoy existan más adolescentes con penas de más de cinco años en comparación con 2019. A su vez, indicó que existe un “número considerable” de adolescentes con sentencias surgidas del proceso abreviado, “los cuales llegan con muy poca o nula información de la causa de su responsabilización”. Para la profesional, “esto es contrario a las normas internacionales y nacionales aprobadas”: “Un gran número de los procesos abreviados terminan con condenas de privación de libertad”.
Por otro lado, apuntó que el aumento de medidas no privativas es una “constante” desde 2014. En ese sentido, señaló que los números del Observatorio del Inisa así lo demuestran, y que si bien no hay un estudio académico que permita saber el porqué de este fenómeno, entiende “que tiene relación con las políticas educativas y sociales para adolescentes desarrolladas por el país desde 2005”.
A su vez, remarcó que en 2018 el Inisa junto con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Unicef, el Poder Judicial y las organizaciones sociales aprobaron un modelo de intervención en las medidas no privativas de libertad que es aplicado por el organismo. “Esto ha hecho que exista un cambio en el paradigma, por lo que desde los operadores de justicia se viene apostando más por este tipo de medidas en comunidad, pese al avance de las normas punitivas que aprueban más castigo en contra de la normativa”, señaló.
El problema, sin embargo, es la “calidad” de las medidas no privativas de libertad, porque el Inisa “no las puede administrar en el interior porque no tiene el presupuesto para ello”, por ende ese trabajo lo hace el INAU. Empero, esto se da con “algunos problemas”, por ejemplo, en la especialidad, “ya que emplea al mismo personal que para las medidas de protección”. “Desde nuestro equipo entendemos que el INAU debería transferir los equipos técnicos y el presupuesto necesario para atender estas medidas”, indicó Venosa.
“Impacto” a los ofensores sexuales
la diaria intentó contactarse con autoridades oficialistas del Inisa, pero no tuvo éxito. De todos modos, según consta en la versión taquigráfica de cuando comparecieron ante la comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la cámara baja el pasado 27 de julio, el director de las Medidas Socioeducativas, Juan Castillo, remarcó ante una pregunta de la diputada frenteamplista Bettiana Díaz que la LUC no sólo modificó algunas penas, “sino que también incrementó las de los ofensores sexuales”.
En cuanto a los que recibieron penas mayores a cinco años, señaló que “todavía” tienen tiempo “para trabajar, porque hasta el 31 de julio de 2020 la pena máxima que se les daba a los jóvenes que se internaban en el Inisa era de cinco años, y sólo pasaron tres años”. En ese marco, adelantó que trabajan en una comisión, en la que no sólo participa el área que dirige, “sino todas las áreas educativas, a fin de aportar e ir construyendo un plan a futuro, ya que el primer joven que traspase esa barrera lo hará dentro de dos años”.
Castillo señaló que el “impacto” sí se sintió con los ofensores sexuales. El centro que “alberga” a estas personas es Nuevo Rumbo, ubicado en Minas. Según el jerarca, tiene dos sentidos: por un lado, que la “raíz” del delito del joven “es totalmente diferente de la del resto”, por lo tanto, “las herramientas y los mecanismos de imposición de la medida no son los mismos”.
Más gurises, menos personal
El número de adolescentes atendidos en el Inisa en 2022 ascendió a 1.027. Si bien hay cierta estabilidad en la cifra de atendidos, si se la compara con la situación desde 2017, el organismo cuenta con “mucho menos personal de atención directa”, porque no ingresaron nuevos funcionarios, luego de jubilaciones y renuncias. “Hay un recorte presupuestal desde 2020”, apuntó la directora por el FA.
“Esto hace que en algunos centros se cuente con tres educadores para atender a más de 25 gurises. Con las salidas y actividades educativas que hay que cubrir, la falta de personal y de presupuesto y las deficiencias en la gestión hacen que en algunos centros se visualicen más de 15 horas de encierro y que la cantidad de medidas socioeducativas en promedio sea de 1,6 horas diarias por adolescente”.
Para Venosa, esto es “insuficiente” teniendo en cuenta que “cualquier adolescente en el país tiene un acceso a al menos cuatro horas de educación formal”.