Una vieja idea vuelve a sobrevolar el Parlamento. Si bien dirigentes del Partido Nacional (PN) han expresado recurrentemente la intención de modificar la Constitución para permitir los allanamientos nocturnos –una de las propuestas del plebiscito Vivir sin Miedo, en 2019–, la propuesta tomó forma, ahora, en un proyecto de ley elaborado por el senador nacionalista Carlos Camy, que será discutido con los demás partidos y puesto a consideración de la Asamblea General. De aprobarse en ese ámbito, se convertiría en un nuevo plebiscito a votarse en el día de las elecciones nacionales de octubre de 2024.
En diálogo con la diaria, Camy explicó que “desde el año 2020”, a solicitud del exministro del Interior Jorge Larrañaga, se comenzó a trabajar “para presentar un proyecto de reforma de la Constitución” que habilite los allanamientos en horas de la noche “con orden del juez”. Si bien había sido parte del plebiscito que impulsó Larrañaga, que no tuvo éxito, se entendió “que había que promover el análisis y la discusión de esta iniciativa concreta y fomentar la discusión en el sistema político”. La idea en ese momento era hacerlo a través de una ley constitucional, que requiere una mayoría especial en ambas cámaras para su aprobación, lo que implicaba tener el respaldo del Frente Amplio (FA).
Como la oposición no estaba a favor, los votos no eran suficientes. En el medio, se votó la ley de urgente consideración (LUC) y la Rendición de Cuentas de ese año, por lo que el proyecto fue aplazado. Tres años después, lo que se propone es un nuevo intento, pero a través del mecanismo de la iniciativa ante la Asamblea General, que requiere dos quintos de los votos del pleno para ser aprobado. A diferencia de la ley constitucional, por esta vía no se puede establecer la fecha del plebiscito en el propio articulado, sino que se fija en simultáneo a las elecciones nacionales.
En este momento, Camy mantiene reuniones “con distintos referentes parlamentarios de los partidos que tienen representación” y tiene “una expectativa muy favorable para que se pueda lograr esos votos”, además de estar “convencido” de que se trata de “una buena iniciativa”, puesto que Uruguay mantiene este impedimento “desde su primera Constitución, de 1830”, cuando “no había luz eléctrica en buena parte del territorio nacional y era impensable que el narcotráfico pudiera poner en jaque o desafiar a un Estado”.
“Hoy tenemos el narcotráfico y el crimen organizado que se vale de este cerrojo que tiene la Constitución donde habilitamos, con orden del juez y para combatir el delito, un allanamiento diurno pero no nocturno”, por lo que “el ‘sagrado inviolable’ del que habla la Constitución es sólo de noche”.
Para el legislador, “es tiempo de aggiornarse en este tema puntual”, por tratarse de “una de las herramientas concretas y prácticas que puede contribuir a mejorar el trabajo de la Policía y la Justicia en la lucha contra el narcotráfico”. Sobre la modificación, se espera que sea un solo artículo, en el que se dé una “habilitación de los allanamientos también en horario de la noche, con orden expresa del juez”.
La idea, explicó Camy, es presentar el proyecto una vez que “termine el plazo que tiene el Parlamento para tratar la modificación presupuestal [Rendición de Cuentas], que en el caso del Senado vence el 6 de octubre”; también se considerará “teniendo en cuenta que hay alguna iniciativa legislativa postergada de antes de la Rendición de Cuentas”.
Si bien Camy es el redactor del proyecto, es la bancada de Sumar, el sector que impulsa la precandidatura de Laura Raffo a la Presidencia, la que se ha puesto la causa al hombro. Consultada al respecto, luego de la reunión que mantuvo con el presidente de la República este lunes, Raffo dijo creer que “es una herramienta más en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado”, llevada a cabo “con todas las garantías para las partes involucradas”.
Manini: “Hay que dar garantías a quienes participan en el procedimiento”
Lo que resta son las negociaciones, sobre todo, entre los socios del gobierno. El senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, señaló a la diaria que si bien no lo han “hablado aún a nivel de partido”, su posición personal “es que para habilitar los allanamientos nocturnos hay que dar garantías a quienes participan en el procedimiento”. “Apoyaríamos si se exige que estén presentes, por lo menos, el fiscal y, por qué no, el juez”, y si “se proporciona el equipamiento necesario a los efectivos actuantes”. Asimismo, Manini Ríos dijo que entiende que se trata de “una herramienta que al menos los profesionales en seguridad reclaman”.
En el Partido Colorado (PC) están “abiertos al análisis”, señaló a la diaria el senador Adrián Peña, aunque reconoció que “es difícil” adelantar una posición si aún no se tiene el texto. Por otro lado, el también senador colorado Germán Coutinho indicó que tuvo “una posición a favor desde el principio”. De acuerdo con Coutinho, “está teniendo buena receptividad en la interna del Partido Colorado”, aunque no lo han “tratado formalmente”.
En tanto, desde filas de la oposición, el senador Charles Carrera dijo a la diaria que “parece bastante curioso que sigan insistiendo con este tema”, sobre todo si se tiene en cuenta que “ya fue saldado por la ciudadanía allá por el año 2019”, cuando se “plebiscitó este asunto”. “No nos negamos a discutirlo nuevamente”, pero “son ellos que ponen el grito en el cielo cuando se vuelve a someter un tema al escrutinio ciudadano”, valoró Carrera, y consideró que “la realidad” es que “ante el fracaso rotundo en materia de seguridad pública, ahora aparece una nueva excusa: que no pueden hacer allanamientos nocturnos porque la Constitución se lo prohíbe”.
Errores “funcionales” e “interpretativos”
Consultado por la diaria, Germán Aller, de la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, explicó que los países que tienen habilitados los allanamientos nocturnos “procuran no llevarlos a cabo” porque “implican muchos más riesgos desde el punto de vista fáctico”, por ejemplo, respecto de “lo que se llama fuego cruzado o fuego amigo” entre los propios policías, si se da “una situación extrema”.
“Si hay violencia, la posibilidad de resultar herido o muerto por parte de un policía es en proporción muy elevada con respecto a un procedimiento que se efectúe con otra visual”, así como también es un riesgo “la reacción por parte de la persona al ser allanada en su domicilio, que no quiere decir que sea o no un delincuente”, añadió Aller.
Por otro lado, “se dice que con los allanamientos nocturnos se encontrarían muchos más grupos de crimen organizado”, lo que es “muy relativo” puesto que “va a depender de la investigación previa que se haya realizado tanto en un allanamiento diurno como nocturno”, sostuvo el doctor en Derecho. A su vez, planteó que “alcanza con marcar un lugar, vigilarlo y practicar el allanamiento al otro día”.
Finalmente, desde el punto de vista interpretativo, Aller afirmó que “lo que estableció nuestro país es que la regla es [que] ‘no se allanan hogares’, y la excepción se permite en horario diurno”, pero remarcó que la idea es “preservar algo fundamental, que es el hogar”. Entonces, en lugar de reformar la Constitución, apuntó que “puede haber soluciones con criterios interpretativos”, señaló Aller, como “analizar con cuidado cuál es el concepto de hogar: poner una cama no es un hogar”.