El Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) enfrenta una situación crítica, con graves negligencias en la protección de niñas, niños y adolescentes vulnerables, además de una crisis institucional, económica y omisiones por parte del Estado.
El caso de la adolescente de 16 años que, bajo tutela del INAU en Rivera, fue víctima de explotación sexual, quedó embarazada y falleció en mayo tras una cesárea de emergencia, es un caso extremo que refleja de forma explícita las faltas institucionales.
La investigación de oficio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) halló responsable al Estado por la “ineficaz e ineficiente actuación desplegada ante la desaparición temporal, intermitente o definitiva” de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en centros de protección 24 horas del INAU. La adolescente fallecida mantuvo 17 salidas no acordadas que la expusieron a los riesgos que le valieron la vida. Todo esto bajo la total inacción del instituto.
Como ella, hasta la fecha, en 2024, 1.079 adolescentes se ausentaron 8.586 veces sin autorización, lo que equivale a un promedio de ocho salidas no acordadas por joven, según informó a la diaria la directora del INAU por el Frente Amplio (FA), Natalia Argenzio. En 2023, las ausencias sumaron 9.468 de 1.131 adolescentes. Estas ausencias tienen graves consecuencias, que incluyen el aumento en los intentos de suicidio y en los embarazos adolescentes provocados por los abusos que sufren durante las salidas.
Un informe técnico de Unicef, pedido por el INAU, al que accedió El Observador, espera desde el 2 de octubre ser tratado. Aborda la situación del centro Magnolia, destinado a adolescentes mujeres, y del Centro de Breve Estadía, a varones, ambos en Montevideo. El informe expone una realidad de abuso físico hacia los adolescentes, condiciones de precariedad y una alta medicalización. En cuanto a las salidas no acordadas, “nos dice que un tercio de la población de estos centros se encuentra siempre en salida no acordada”, dijo Argenzio.
Por ejemplo, el centro Magnolia, al momento del informe de Unicef, tenía una población de 146 adolescentes, pero en la casa había solamente 13, porque 88 estaban en territorio con sus familias, dos estaban hospitalizados, dos habían sido derivadas a otro centro y 41 estaban en salidas no autorizadas. El informe sostiene que hay recursos humanos para atender al cotidiano de adolescentes que están en la casa, por ende no se atiende a más del 90% que están afuera, no se les hace seguimiento a aquellas que están con sus familias y no se busca a las que salieron sin autorización.
La directora también mencionó un informe del sistema de protección que espera tratamiento en el directorio desde agosto y alerta sobre este déficit de recursos humanos, que llega al límite de que en algunos departamentos del interior hay “centros en situación crítica, sin supervisión”. Además, según la directora, el informe concluyó que no puede afirmar que haya atención de salud mental para las niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección”. Sin embargo, los técnicos de Unicef advierten que “uno de cada tres menores en el sistema consume psicofármacos y el uso de medicación psiquiátrica es parte de la rutina general en los centros”.
El presidente del Sindicato del INAU, José Lorenzo López, aseguró a El Observador que “no hay ninguna medicación que no sea prescripta por un médico. La medicación que se da puede que los deje planchados, pero siempre es con prescripción médica. Si eso no sucede, no demorás ni dos minutos que te echan”.
Déficit presupuestal
En diálogo con la diaria, Argenzio afirmó que “hace más de dos meses el cupo financiero que otorga el MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] al INAU no alcanza para cubrir todas las obligaciones”, lo que genera que se pidan adelantos del mes siguiente y se retrasen los pagos a las organizaciones de la sociedad civil, a los convenios de acogimiento familiar y a proveedores. Desde 2020, el INAU no ha recibido aumentos presupuestales, y esto, sumado al crecimiento exponencial de su ámbito de actuación, hace imposible seguir sosteniendo, con el mismo presupuesto, parte de las obligaciones que tiene la institución.
Por ejemplo, en 2020 fueron 20.000 los oficios del Poder Judicial que demandan la intervención del INAU, mientras que en 2023 se enviaron 56.000 oficios. Como consecuencia, la cantidad de niños, niñas y adolescentes que ingresaron al sistema de protección creció más de 21% entre 2020 y 2023.
También creció el número de jóvenes que residen con “familias amigas” -familias que, en forma transitoria, reciben a niños, niñas o adolescentes hasta que puedan regresar a su familia de origen-. Pasó de 897 en el primer semestre de 2020 a 2.208 en 2023. En la interpelación realizada por la bancada de senadores del FA a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del INAU por la situación actual de los centros, el presidente del INAU, Guillermo Fossati, se refirió a este dato como un reflejo del “esfuerzo institucional alineado con el objetivo trazado”, que podría deberse a “una mejora en el registro de datos”, así como a “un aumento de problemas en la población”, provocado, por ejemplo, por “el impacto de la pandemia”. Para Argenzio, este aumento significa “más desprotección, porque hay déficit de trabajadores para hacer el seguimiento de los niños, niñas y adolescentes que están bajo esta modalidad de acogida familiar”.
En su cuenta de X, Argenzio denunció una crisis financiera. La directora afirmó que el INAU “no llega a fin de mes” y adjuntó un comunicado del Colectivo Infancia, formado por la Asociación Uruguaya de Educación Católica y la Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo, en el que solicitan información de los “recientes retrasos en el depósito de las partidas”.
Consultada por la diaria, Paula Baleato, coordinadora de la Plataforma Infancias y Adolescencias, afirmó que el pago de la partida retrasada al Colectivo Infancia ya llegó, pero no han tenido respuesta por parte del directorio acerca de si es una situación puntual de algunos meses o “si es algo que se va a repetir para adelante”. En cuanto al ámbito de diálogo con el organismo, indicó que se ha visto interrumpido en este último año.
Asimismo, mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, los trabajadores de los Centros CAIF del departamento de Rocha expresaron su preocupación por “la falta de respuesta de las autoridades del INAU para solucionar las dificultades que enfrentan la mayoría de los centros en el departamento”, entre ellas, el desfinanciamiento causado por el incremento de los costos en todos los rubros. Los trabajadores expresaron que esto afecta “directamente la calidad de la atención a los niños, niñas y sus familias, dado que se ha visto ya mermada la compra de materiales necesarios para la atención diaria”, incluso el rubro de la alimentación “se ha visto afectado notoriamente, bajando la calidad de los productos con los que se elabora el alimento diario de niños y niñas”.
Argenzio sumó en su publicación en X que “INAU realiza movimientos (trasposiciones) de gasto para cubrir el déficit financiero”, es decir, utiliza fondos destinados a la contratación de recursos humanos “para cubrir el déficit del rubro funcionamiento”. Además, elaboró un detalle del déficit de la institución con base en los balances presupuestales que revela que, para llegar a fin de 2024, los rubros “funcionamiento” y “primera infancia” necesitan de 325 millones de pesos y 578 millones de pesos, respectivamente. Para 2025, la directora informó que, de acuerdo con las obligaciones del instituto, está contabilizado que se necesitarán como mínimo 2.300 millones de pesos. Por tanto, INAU “va a necesitar un gran incremento presupuestal para poder atender la situación de gravedad de la infancia y adolescencia que deja lamentablemente el oficialismo”.
Las respuestas del INAU
El 15 de agosto la bancada de senadores del FA interpeló a las autoridades del Mides y del INAU por la situación actual de los centros y a raíz del caso de la adolescente de Rivera.
El jueves la senadora del FA -miembro interpelante- Silvia Nane comunicó que hace tres días, “dos meses y medio después” de la interpelación, recibieron “algunas de las respuestas”. Adelantó que están todavía analizandolas, pero que “dejan bastante que desear” en cuanto a la seriedad con la que se le responde al Senado.
Para Argenzio, “las respuestas son realmente teóricas” y expresan cosas que se van a hacer, pero que no se corresponden “con la realidad” de los jóvenes que están en “el sistema de protección y de los trabajadores y trabajadores que están sumamente comprometidos y haciendo lo que pueden”. Consideró que son respuestas como para “cubrir responsabilidades ante la inacción y frente a la desprotección”.
Consultada sobre lo que reciben de las instituciones las organizaciones sociales, Baleato afirmó que “son insuficientes y son tardías. Sin embargo, remarcó que “es importante tener arriba de la mesa que los problemas que tiene el organismo son problemas endémicos”, que se arrastran desde hace mucho tiempo. “Lo que quiero decir es que no es un tema coyuntural. ¿Por qué es importante comprender que no es un tema coyuntural? Porque si pensamos que es un tema hacer pequeñas mejoras en la administración, vamos a seguir arrastrando este problema”, aseguró.