La diputada suplente del Partido Nacional Myriam Silva presentó un proyecto de ley que busca instaurar un esquema de subsidios a alquileres de inmuebles por parte de familias jóvenes y estudiantes terciarios provenientes del interior del país de bajos ingresos.
La iniciativa, que deberá ser tratada por la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Diputados, dispone la creación de un “Subsidio de vivienda joven y arraigo estudiantil” equivalente al 35% y 45% del costo de los alquileres pagos por familias integradas por estudiantes jóvenes y estudiantes del interior, respectivamente. También incentivos a los arrendatarios de dichos inmuebles, que accederán a una exoneración del pago del impuesto a la renta de las personas físicas correspondiente a “los ingresos generados por dicho contrato”, se explica en el articulado. Igualmente, habilita al Poder Ejecutivo a establecer topes a los valores de alquiler según las zonas geográficas, “para evitar distorsiones en los precios del mercado”.
Con respecto a la administración de los fondos, el artículo 2 define como “ente rector” al Fondo de Solidaridad, y que este deberá validar a los beneficiarios “mediante la interoperabilidad de datos” con diferentes instituciones del Estado, como el Registro Civil, instituciones terciarias –como la Universidad de la República y la Universidad del Trabajo del Uruguay– y el Banco de Previsión Social.
Mientras tanto, el tercer artículo establece que las personas que deseen ampararse en el subsidio deberán integrar núcleos familiares que perciban ingresos de entre 6 y 25 Unidades Reajustables (UR) para el caso de familias con al menos un estudiante menor a 35 años y menores de edad a cargo o un “embarazo certificado”, o de entre 6 y 20 UR para estudiantes del interior del país, siempre y cuando no tengan más de 30 años y residan “en localidades distintas a la del centro de estudio”. Añade que en ningún caso los beneficiarios podrán ser “propietarios de ningún bien inmueble en todo el territorio nacional”.
Por su parte, el artículo siguiente, que es el que estipula las proporciones de alquileres cubiertas por los subsidios ya descritos, determina que el beneficio se mantendrá a lo largo de un período de dos años. Este podrá ser renovado siempre y cuando “se mantengan los requisitos de ingresos”, también de regularidad académica, para el caso de los estudiantes –el proyecto dicta que deberán aprobar el 40% de los créditos anuales que les correspondan–, o se dé “el nacimiento de un nuevo hijo”, para las familias jóvenes.
“Estoy segura de que se apoyará y se discutirá para que así sea”, dijo la diputada
En diálogo con la diaria, Silva indicó que la iniciativa surge de su experiencia como concejal vecinal, cuando identificó por primera vez los problemas de acceso a la vivienda en simultáneo a los estudios como “un reclamo muy importante de los jóvenes”. La diputada suplente recordó que, para dicha población, en muchos casos los alquileres equivalen a lo que perciben salarialmente, algo que les imposibilita “poder sostenerse y seguir con sus estudios académicos”. En esta línea, reivindicó la idoneidad de un proyecto como el presentado, y destacó el hecho de que el órgano propuesto para administrar los subsidios sea el Fondo de Solidaridad, en el entendido de que tiene “la capacidad técnica y la naturaleza redistributiva” adecuada para los beneficiarios.
También apuntó a la utilidad del proyecto como promotor de la natalidad, en tanto dispone de apoyo a estudiantes con hijos a cargo, en cuyos casos la carga económica de un nuevo miembro familiar puede suponer una limitante a la hora de culminar su carrera. “Creo que en Uruguay tenemos jóvenes muy talentosos, con muchas virtudes y, bueno, la idea es apoyar a los que realmente toman compromiso y responsabilidad”, resumió.
Con respecto a la viabilidad del proyecto, Silva destacó el hecho de que la iniciativa supone “un norte hacia donde trabajar”, por lo que instó a debatir en torno a la problemática y se mostró abierta a posibles cambios al texto, de ser adecuados. Es así que valoró que lo más importante “es ponerlo en discusión”, y dijo tener “la expectativa de que salga mejorado” para “que sea lo más justo y lo más equilibrado posible”. “Estoy segura de que se apoyará y se discutirá para que así sea”, concluyó la legisladora suplente.