Hace algunos días el oficialismo decidió desarchivar un proyecto de ley que pretende regular la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros. La iniciativa será discutida en las próximas semanas en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Senadores y, por lo pronto, ya se remitió a gremiales rurales y organismos del Estado que podrían verse involucrados en los eventuales cambios. Presentada por legisladores del Frente Amplio (FA) en la legislatura pasada, la propuesta enfatiza en su exposición de motivos que la extranjerización de la tierra es un problema que afecta a la soberanía y un “talón de Aquiles” para “las posibilidades de desarrollo” de nuestro país.
En cuanto a los requisitos para la compra de tierras rurales por parte de personas físicas de nacionalidad extranjera, el proyecto establece que los que podrán acceder son únicamente aquellos ciudadanos legales con diez años de residencia “continua, permanente y comprobada” en el país. Este plazo se puede reducir a la mitad de tiempo si la persona tiene hijos uruguayos o si está unida en “matrimonio o en concubinato” con un ciudadano o una ciudadana uruguaya con “al menos cinco años de anterioridad a la fecha de celebración del negocio jurídico”.
En relación con las personas jurídicas extranjeras, estas podrán acceder a las tierras siempre y cuando no hayan sido constituidas fuera del país. También se prohíbe que la proporción mayoritaria de las tierras sea de personas extranjeras. Sobre estos y otros puntos establecidos en el proyecto de ley, el presidente de la Comisión de Ganadería y senador del FA, Aníbal Pereyra, dijo días atrás a la diaria que lo que se pretende es establecer “más elementos legales que determinen más arraigo o relación con el país”.
Una oposición con matices
El proyecto de ley aún no ha iniciado su tratamiento en la Comisión de Ganadería, pero no pasa desaparecido entre los principales actores de la oposición en ese ámbito. El senador nacionalista Sebastián da Silva lo definió en diálogo con la diaria como un planteo “filosófico” que implicaría en términos reales “un suicidio a la inversión”. “El Frente Amplio tiene el complejo de que en su período pasado de gobierno fue cuando hubo más extranjerización de la tierra”, reforzó.
Este “gol en contra” que la coalición de izquierda se podría hacer, también significa para Da Silva, por la sola existencia del proyecto de ley, “una mala noticia” que suscita en la actualidad “preguntas” de los inversores. Consultado sobre si cree que esto va en contra de la visión que plantea el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, sentenció que ni él ni el presidente Yamandú Orsi “podrían estar de acuerdo”, como “cualquier persona con sentido común”. “Es un suicidio político en un momento en el que Uruguay está compitiendo fuertemente por las inversiones, con una Argentina mucho más abierta a la inversión y con un Paraguay que es una aspiradora”, concluyó.
El senador colorado Pedro Bordaberry coincidió con la visión de Da Silva y agregó en diálogo con la diaria que se trata de una pretensión del FA de las últimas semanas de “volver a sus fuentes sesentistas porque se dio cuenta de que evidentemente la ciudadanía no lo está apoyando”. “Es una estrategia para tratar de entusiasmar a algunos radicales internos que le han perdido el respeto”, aseguró en la misma línea. Sin embargo, puntualizó que ese accionar “pone en riesgo la situación económica del país”.
Consultado sobre cómo esta propuesta se vincula con la línea económica que plantea el ministro Oddone, Bordaberry se detuvo en que nota al jerarca “irritable” porque “no le están saliendo las cosas”. En ese escenario, indicó que esto se profundiza en un contexto en el que la oposición le señala “lo que está mal” y “sus compañeros” del FA no lo “ayudan” al hacer propuestas como esta, que “afectan” la inversión.
“Prefiero ponerles algunas exigencias a esos extranjeros en cuanto al empleo que dan, a lo que producen, a la inversión mínima que deben hacer, en vez de prohibir”, dijo a la diaria el senador nacionalista Sergio Botana, quien coincide con el espíritu del proyecto, pero no con las herramientas que plantea. “Si sos extranjero, no me vengas a especular con mi tierra; mi tierra es para trabajarla”, reforzó.
Más allá de eso, Botana dejó claro que “los extranjeros, en general, han incorporado progreso” al país, y en ese sentido subrayó que se les puede dar “toda la tierra que quieran”, pero también destacó que es importante asegurar “unos mínimos de inversión” al menos en períodos quinquenales.
Diversidad de opiniones en gremiales
La propuesta tampoco ha pasado inadvertida en las gremiales rurales; con diferentes niveles de abordaje interno, ya empiezan a marcar un posicionamiento general de cara a su participación en la discusión. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, dijo a la diaria que “en un país como Uruguay, del tamaño que tiene, cualquier limitación de esas te va a terminar pegando mal” en la atracción de inversiones. Puntualizó que, en cualquier caso, si se va a hacer una limitación a los extranjeros, debería recaer en la industria, teniendo en cuenta que la tierra es “algo que no se pueden llevar”.
Por su parte, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, dijo a la diaria que el tema aún no ha sido abordado por el consejo directivo. Puntualizó, sin embargo, que es de esos proyectos que “tienen ciertos puntos compartibles”, pero son “delicados” porque el país “está necesitando a todas luces inversiones de todo tipo” y la iniciativa puede ser leída como “una mala señal”.
Normey reconoció que en la actualidad el alto precio de la tierra y la baja rentabilidad llevan a que la “posibilidad” de un “vecino uruguayo” para competir por la tierra sea menor. En ese sentido, indicó que se fortalece el “inversor de fuera del sector, y que a su vez muchas veces es extranjero”. Para cambiar esa realidad, se puede ir por el “camino corto” de “sacar un jugador”, como propone este proyecto, aunque aseguró que en lo personal entiende que “el camino que hay que empezar a recorrer es el largo”, vinculado a fortalecer la “competitividad” del productor y llevar a competir desde “una empresa sólida”.
El presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, Mario Buzzalino, comentó a la diaria que “históricamente” la organización ha sido contraria a la concentración de la tierra. En esa línea, remarcó que en la actualidad ese concepto es “casi sinónimo” del de “extranjerización”. En ese escenario, agregó que está “a favor de que se legisle” a partir de una propuesta que debe ser “muy estudiada”. El dirigente gremial dejó claro que el extranjero es “bienvenido”, pero que se deben poner “condiciones claras” para él, pero también para las “generaciones que vienen” en Uruguay.