La exfiscal penal Gabriela Fossati, devenida militante del Partido Nacional (PN), este lunes señaló, en entrevista con la diaria, que una de las propuestas que le planteó a Laura Raffo, la precandidata blanca a la que apoya de cara a las próximas elecciones, es la posibilidad de establecer la querella privada mediante una modificación legislativa del Código del Proceso Penal (CPP).
Fossati argumentó que “hay miles y miles de asuntos que no son contemplados” en la Fiscalía, “que son dormidos y archivados porque los fiscales no tienen tiempo o les parecen temas menores”. Por lo tanto, “la querella privada, en forma paralela, liberaría a los fiscales de todos esos casos que para ellos no son importantes”. Puso como ejemplo los casos de cheques, que suelen quedar “en segundo lugar o, de cada 100 denuncias, se tramita una”, porque “los fiscales los manejan como un tema menor”.
Sostuvo que “en el mundo es una realidad la opción de la querella de parte” y que las opciones son muy diversas: “Se puede establecer para determinados delitos, para todos los delitos, en forma paralela a la Fiscalía, o se puede establecer si a los tres meses la Fiscalía no hizo nada”.
“Seguir creando cosas sin tener recursos” es “una ficción”
Santiago Pereira, abogado e investigador especializado en Derecho Procesal y reformas de sistema de justicia, explicó en diálogo con la diaria que en el sistema uruguayo el fiscal es el titular de la acción penal y la persona que hace la denuncia no puede impulsar la investigación, sino sólo hacer la denuncia. Entonces, con la querella privada, “aunque la Fiscalía no lo impulse, la persona denunciante, la víctima o el heredero de la víctima puede seguir adelante para impulsar el proceso”.
El especialista señaló que “el gran problema” de la querella privada es determinar “quiénes están realmente posibilitados y tienen los recursos para seguir adelante”. “Es un esquema bastante distinto, que no está tan fundado en las dificultades que pueda tener la Fiscalía, sino más bien en darle una mayor participación al afectado por el delito”, sostuvo. A juicio de Pereira, “nuestro sistema procesal penal todavía no está maduro” para ese mecanismo y se debe “perfeccionar bastante más el funcionamiento actual”.
Agregó que si se implementara habría que empezar por fortalecer “muchísimo” la Defensoría Pública, “porque para ser querellante precisás un abogado que te ayude con la querella, porque hay temas técnicos que necesitan el apoyo técnico, entonces, si los querellantes van a ser aquellos que pueden pagar un defensor privado, se transforma en algo solamente para un grupo privilegiado”, evaluó. Para poder tener una querella fuerte, por lo tanto, “tenés que tener una Defensoría Pública que no sólo defienda a los imputados sino que, como ahora pasa, también defienda a la víctima, pero ya en otro rol, en la querella, y eso implica más cantidad de defensores públicos y más recursos para la Defensoría”, sostuvo el jurista.
En definitiva, el especialista subrayó que está a favor “de la mayor participación posible de las personas en la Justicia, eso es loable, pero hay que empezar por fortalecer las áreas necesarias para, eventualmente, avanzar en eso”, reafirmó, en referencia a la querella privada. Pereira puso como ejemplo los problemas que tienen los juzgados para combatir la violencia de género, que están creados por ley pero “no hay recursos ni para eso, no se pueden implementar”. “¿Vamos a seguir creando cosas sin tener recursos? Es una ficción”, finalizó.
Fagúndez: serviría para los casos que “no se resuelven porque no hay tiempo”
En tanto, el abogado Juan Fagúndez, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, dijo a la diaria que hace dos años su gremio, justamente, presentó la idea de implementar la querella privada a los diputados de la coalición Mario Colman (PN), Gustavo Zubía (Partido Colorado) y Eduardo Lust (en ese entonces de Cabildo Abierto), cuando estaban trabajando en un proyecto de modificaciones del CPP. Fagúndez explicó que en el borrador que presentaron la querella privada era “para determinados delitos”, como los económicos; por ejemplo, “todo el tema de cheques y estafas pequeñas, que ocupan el mismo lugar que una estafa grande pero no se resuelven porque no hay tiempo y se priorizan las cosas más importantes”.
“Entonces, para no dejar a las víctimas sin respuesta, nosotros considerábamos que era una cosa buena que se pudiera querellar a través de abogados privados o de la propia Defensoría, conociendo también los problemas de personal que tiene la Defensoría. Pero, por lo menos, para no dejar sin respuesta a la víctima”, subrayó.
Fagúndez sostuvo que si se llegara a implementar la querella privada, también piensa que la Defensoría Pública “no está en condiciones, porque tiene necesidad de mayor personal, igual que la Fiscalía”. De todas maneras, subrayó que desde que está el nuevo CPP “implicó que hubiera más recursos, y más allá de los recursos, hay que cambiar varias cosas”. “Se quiso hacer andar un código con garantías y todo lo demás, pero, por no tener recursos, lo menos que tiene son garantías. Y lo peor de todo es que la falta de garantías está siendo convalidada por el Poder Judicial”, finalizó.
Andrés Ojeda: “No es una novedad”
En tanto, dentro del ámbito político, el precandidato colorado Andrés Ojeda, quien además abogado penalista, aseguró a la diaria que la propuesta de la querella privada lleva tiempo discutiéndose en Uruguay, por lo que “no es una novedad”. De hecho, destacó que se llegó a discutir cuando se modificó el CPP, porque “existe en todos lados”, pero no se implementó, según recuerda, “porque no tenemos capacidad de defensores de oficio para que toda la gente acceda gratuitamente a un abogado para hacer una querella de parte”.
Ojeda dijo que es partidario de la idea “porque es positiva para la gente”, pero también aclaró que “hay cuestiones operativas importantes a resolver antes de hacer un cambio de esa magnitud”, justamente para que haya defensores públicos suficientes. “Es una medida positiva, pero merece un estudio previo profundo de viabilidad para Uruguay, en virtud de las condiciones que tiene”, finalizó.
A su vez, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech dijo a la diaria que la idea de la querella privada no le parece mal, aunque señaló que tampoco lo ve como “una gran revolución de nada”. “No me parece una innovación de mucho interés. Lo que no puede pasar es que los fiscales desatiendan denuncias por exceso de trabajo. En realidad, el Estado tendría que dar los medios para que las denuncias sean desechadas por motivos de fondo. Tendríamos que comenzar por ahí”, reflexionó.
Además, Domenech aprovechó para insistir con que, en relación al CPP, “hay que barajar y dar de nuevo, porque tiene muchas deficiencias”, aunque no cree que este año se pueda abordar el tema.