“Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia” será el nombre de la nueva y única prestación monetaria dirigida a las familias con menores de edad en situación de vulnerabilidad, que agrupará a los cuatro programas que existen actualmente (Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, Tarjeta Uruguay Social, Bono Crianza y Bienvenido Bebé). Tal como se había anunciado, el planteo fue finalmente incluido en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo remitió este martes al Parlamento.
En el articulado del proyecto se señala que dicha prestación será mensual y comprenderá a los hogares ubicados en los cinco deciles de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Los montos serán por beneficiario y oscilarán, en función de la situación de cada familia, entre 2.200 y 10.000 pesos.
“La unificación simplifica el sistema, elimina brechas y garantiza que cada niño o niña vulnerable reciba un beneficio adecuado independientemente del vínculo laboral de los adultos del hogar”, se afirma en la exposición de motivos del proyecto. Se apunta que, en caso de aprobarse la propuesta, “todos los niños, niñas, adolescentes y personas gestantes vulnerables se incorporarán gradualmente a un mismo sistema de transferencias; estarán cubiertos por un único beneficio mensual, con una gestión más eficiente e integrada”.
Las condicionalidades se mantienen, pero la sanción disminuye
La unificación de las distintas transferencias destinadas a niños, niñas y adolescentes fue una de las recomendaciones que surgieron del Diálogo Social. Otra sugerencia fue la eliminación de las condicionalidades para el cobro de las transferencias. Este último planteo, a diferencia de la unificación, no fue respaldado por unanimidad en el ámbito de intercambio. Los representantes de Cabildo Abierto, por ejemplo, advirtieron que “renunciar a todo tipo de condicionamientos para el cobro de prestaciones” podría “llevar a institucionalizar la mendicidad, sin generar estímulos para la superación personal”.
Finalmente, el Poder Ejecutivo incorporó parcialmente la recomendación en la Rendición de Cuentas. En el proyecto se señala que “deberá acreditarse ante el Banco de Previsión Social, con la frecuencia y del modo que establezca la reglamentación, la inscripción y concurrencia asidua de los beneficiarios niños, niñas y adolescentes a institutos de enseñanza estatales o privados autorizados por el órgano competente”, así como “la realización de controles de asistencia médica brindada a través del sistema público o privado”, para que la nueva asignación pueda cobrarse de forma total.
Y se agrega que, una vez “agotadas las instancias que prevea la reglamentación para obtener la vinculación o revinculación de las personas beneficiarias”, tanto en el ámbito de la educación como en el de la salud, “se suspenderá el pago del 20% de la prestación, hasta tanto se produzca la referida vinculación o revinculación”.
A modo de fundamentación, el Poder Ejecutivo señala que “los programas actuales no establecen de forma homogénea condicionalidades en educación y salud como requisito para el cobro íntegro de la prestación” y, en línea con la sugerencia del Diálogo Social, advierte que “las condicionalidades muchas veces generan una desvinculación de las personas más vulnerables de las redes de protección social”.
En ese sentido, se sostiene que el objetivo del gobierno es “establecer las condicionalidades de educación y salud requeridas para el cobro íntegro de la prestación y la consecuencia de su incumplimiento, modificándola en relación al esquema vigente”, el cual “implica el cese de la totalidad de la prestación”. “La reducción de la penalidad por no cumplir con las condicionalidades evitará una caída significativa en los ingresos de los hogares que se encuentren en dicha situación, que suelen ser los que están en un mayor nivel de vulnerabilidad”, se agrega.