El directorio de la Caja de Profesionales le presentó al Poder Ejecutivo, así como a los principales gremios de profesionales, tres anteproyectos de ley para atender la situación patrimonial de la caja paraestatal. Si no hay reforma, se prevé que el organismo previsional agotará sus reservas en el transcurso de 2025.
El primer anteproyecto propone ofrecer “facilidades de pago” para aquellos afiliados que se hayan atrasado en sus aportes. De acuerdo al documento que el directorio de la Caja les presentó a los gremios de profesionales, al que tuvo acceso la diaria, la propuesta incluye la posibilidad de acordar convenios “en hasta 120 cuotas reajustables semestralmente” por el Índice Medio de Salarios Nominales. También se incluye, entre otras cosas, la opción de “bajar de categoría en forma retroactiva” y un “descuento adicional por pago contado”.
“Una ley que contemple eso le permite al profesional ponerse al día nuevamente, comenzar a aportar, solucionar su situación puntual y continuar generando su jubilación”, expresó a la prensa el actual presidente de la Caja, Daniel Alza.
La segunda iniciativa propone que los profesionales que configuren causal jubilatoria después del 31 de diciembre de 2032, y que además tengan -por lo menos- 70 años de edad y un mínimo de 18 años de cotización efectiva en la Caja, puedan acceder a una pasividad que “será compatible con el goce de otra jubilación o retiro”.
“La posibilidad de contar con esta causal incentiva la aportación, no sólo en aquellos [casos] que son totalmente ‘voluntarios’, sino también en quienes, habiendo en algún momento estado obligados a aportar, posteriormente pasan a desarrollar una actividad dependiente amparados por otros institutos de seguridad social”, sostiene la Caja en el documento enviado a las asociaciones de profesionales.
El directorio de la caja paraestatal señala que sólo un tercio de los afiliados aportan exclusivamente bajo el ejercicio libre de la profesión, mientras que un 25% -aparte de ejercer libremente la profesión- tiene “empleos dependientes” por los que aportan a “otros institutos de seguridad social”. Por eso, “la incompatibilidad de la percepción de una jubilación con menos de 30 años de aportes en la Caja con otra prestación jubilatoria podría constituirse en un desestímulo para que vuelvan a la aportación los afiliados que hoy están en situación de no ejercicio”, argumenta en el documento la Caja.
Por último, el tercer anteproyecto insiste en modificar el criterio de ajuste de los valores de los timbres profesionales. Actualmente estos se actualizan con base en el Índice de Precio del Consumo, y la Caja propone que se actualicen según el Índice Medio de Salarios, “tal como ajusta la Caja a la ahora de ajustar las obligaciones que paga, sus jubilaciones y pensiones”.
Las tres propuestas apuntan a mitigar el déficit de la Caja, a casi cinco meses de que el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo para “salvar” a la caja fracasase en el Parlamento por los votos en contra del Frente Amplio y Cabildo Abierto. Asimismo, frente a la “descapitalización observada” en el organismo previsional, el directorio de la Caja resolvió a fines del año pasado aumentar la tasa de aportación de los afiliados activos de 16,5% a 18,5%.