Juntos, el Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA) bloquearon este lunes en la Cámara de Diputados la aprobación de la reforma de la Caja de Profesionales elaborada por el Poder Ejecutivo, que por disposición constitucional debía aprobarse antes del 27 de octubre, un año antes de las elecciones nacionales. Si bien el proyecto de ley tuvo algunas modificaciones a pedido del Partido Colorado (PC) y de CA, la coalición de gobierno no logró un acuerdo y la iniciativa fracasó en el plenario.
La reforma establecía, entre otras cosas, un aumento de la tasa de aportación de 16% a 19,5%, un nuevo impuesto de entre 2% y 10% para los profesionales jubilados y “transferencias” desde Rentas Generales hacia la Caja por hasta 2.000 millones de pesos. Durante el tratamiento parlamentario, el PC planteó –y el Poder Ejecutivo aceptó– fijar el nuevo impuesto en 6% durante los dos primeros años, y posteriormente en 7%. A su vez, CA propuso que la mitad del incremento de la tasa de aportación fuese absorbido por el Estado, lo cual no fue aceptado por el Poder Ejecutivo.
Así, en un marco de incertidumbre, el proyecto ingresó a la cámara baja y obtuvo solamente 40 votos del PC y del Partido Nacional. A último momento, la bancada de CA presentó una moción para que el texto volviese a comisión, pero la propuesta fue rechazada. El diputado del PN Pedro Jisdonian aseguró que la reforma daba “certezas y soluciones” a la caja, que “viene arrastrando hace más de diez años un deterioro importante”. Calificó la situación del organismo previsional de “alarmante”, “comprometida” y con “un futuro muy incierto”.
Jisdonian aseguró que el Poder Ejecutivo presentó una reforma “que significaba darle el oxígeno suficiente” a la caja “para continuar cumpliendo con sus obligaciones”. Por eso, al no aprobarse en el plenario, sostuvo que la caja fue sentenciada a “una agonía que lamentablemente van a terminar pagando los profesionales, los jubilados y, viniendo de quien viene la propuesta de no votar esto, seguramente el resto de los uruguayos con nuevos impuestos”.
Por su parte, el diputado del PC Conrado Rodríguez advirtió que “cuanto más se demoran, más dolorosas terminan siendo este tipo de reformas”. Se prevé que la caja agotará sus reservas en el transcurso de 2025 si no hay reforma. En ese sentido, Rodríguez dijo que actualmente “la bomba la tenemos al alcance de la mano”, y afirmó que, “si la tiramos un poquito más lejos, va a explotar con más fuerza”. Afirmó que en el próximo período de gobierno el Estado tendrá que aportar 110 millones de dólares anuales a la caja.
La oposición mayoritaria
“Cabildo Abierto básicamente no va a votar este proyecto porque no es la solución para la caja”, manifestó a su turno el diputado cabildante Rafael Menéndez. Criticó particularmente que se haya propuesto, al mismo tiempo, subir la tasa de aportación para los activos e imponer un nuevo impuesto para los pasivos, cuando estos últimos “no pueden escapar de este impuesto, que además es más alto que el IASS”.
Asimismo, Menéndez afirmó que, si la reforma se aprobaba, habría un incremento de declaraciones de no ejercicio, ya que incluso actualmente “los propios padres de los profesionales son los que bancan la caja en los primeros años de ejercicio, porque no hay ningún profesional recién recibido que pueda aportar sobre estos fictos tan elevados”.
En tanto, el diputado frenteamplista Daniel Gerhard, quien presidió la comisión que estudió el proyecto, sostuvo que la oposición rechazó la reforma “por razones de forma y de contenido”. Señaló que el Poder Ejecutivo presentó el texto con la intención de que “en 20 días se estudiara en profundidad”, conforme al plazo constitucional. “No se puede trabajar así cuando hay problemas urgentes y profundos”, expresó.
Según Gerhard, el FA pretende “ser justo con los profesionales que hoy están aportando y que no saben qué les va a pasar”, pero también “ser justo en un sentido más general”, porque Rentas Generales –desde donde se asistiría a la caja– “es un fondo donde aportamos todos y todas, y donde aportan los que peor están en la sociedad, que proporcionalmente son los que más aportan; eso también es muy injusto”.
Desde el gobierno han marcado que a lo largo de su trayectoria los profesionales aportan, en promedio, entre el 35% y el 40% de lo que reciben al retirarse. Según datos oficiales de la caja, actualmente los profesionales se retiran con una jubilación promedio de 80.000 pesos.
Para afiliados “no hay voluntad política”
Más temprano, cuando aún se desconocía el resultado de la votación, un grupo de afiliados a la caja concentró en las afueras del Palacio Legislativo. En diálogo con la diaria, Sergio Bedrossian, referente de uno de los colectivos, que en su mayoría han cuestionado la reforma, aseguró que “no hay voluntad política” para avanzar en una reforma integral de la caja. A su entender, el proyecto del oficialismo procura “destruir” el modelo de seguridad de la caja. “La berretez, la falta de calidad que han demostrado quienes quieren imponer una ley injusta ha sido escandalosa”, aseveró. Este grupo festejó en las barras el rechazo a la reforma.