Este jueves se dio a conocer por parte de la bancada de senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP) dos pedidos de informes que realizaron a cancillería y a Presidencia, con el objetivo de conocer detalles sobre la defensa del Estado uruguayo en el caso Pluna. “Nos preocupa esta situación, primero porque no hay información oficial”, resaltó el senador Charles Carrera en diálogo con la diaria. En ese sentido, dijo que la información dada a conocer hasta el momento en los medios es “parcializada”.
En su cuenta de X, Carrera destacó que “llama poderosamente la atención aspectos de la defensa de Uruguay” si se tiene en cuenta que “quien demandó al Estado era un fondo buitre, que actuó con especulación adquiriendo una empresa quebrada”. Se trata de “una empresa que vendió su paquete accionario y que, en 2019, (siete años después de haberse desvinculado del negocio), inicia esta demanda arbitral”, agregó.
Hasta ahora, hemos sido sumamente cuidadosos en el manejo público del arbitraje por el caso Pluna. Pero eso no quita que no nos surjan serias dudas sobre esto.
— Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) March 7, 2024
Desde la Bancada Senadores @mpp609 hemos realizado un pedido de informes a Cancillería y un pedido de acceso de… pic.twitter.com/D8jGAZn4HP
En este caso, la empresa Latin American Regional Aviation Holdings (Larah) es la demandante. Sin embargo, detrás de Larah está la sociedad panameña Caballero Verde, que a su vez es controlada por la firma de servicios financieros Tenor Capital Management, que adquirió la empresa en 2018.
El senador afirmó a la diaria que sería interesante saber si el Estado opuso “la falta de legitimación activa”. Además, agregó que, en su momento, las partes habían definido una “cláusula de indemnidad”.
Por último, Carrera recordó que este tipo de juicios no tiene apelación, pero sí es posible “una acción de nulidad”. De igual manera, indicó que, más allá de eso, lo que se espera es que “el Poder Ejecutivo actúe con transparencia y haga pública toda la información”, para que “el sistema político conozca el fallo a fondo”. “Perdimos un invicto que siempre nos posicionó desde un lugar de defensa de la soberanía”, concluyó con relación a instancias anteriores en la Justicia internacional.
Las principales interrogantes
En el pedido de acceso a la información, al que accedió la diaria, se consultó “quién representó al Estado Uruguayo en el proceso arbitral de referencia”, y además se pretende que se “entregue copia del contrato de asistencia profesional celebrado”, si se confirma, con el estudio Foley Hoag. Asimismo, se espera acceder a “la nómina de pagos realizados a dicho estudio, incluyendo referencia y documentos asociados a todos los desembolsos, con intervención del Tribunal de Cuentas”.
Por otro lado, los senadores pretenden que se presente “la nómina de personas que concurrieron al arbitraje” en nombre del Estado uruguayo y en su representación, así como también que se facilite información sobre “las misiones oficiales cumplidas durante el curso del proceso arbitral por las personas y funcionarios que viajaron a Washington DC con ese motivo”.
También quieren acceder a la lista de “testigos y expertos contratados por la República Oriental del Uruguay con motivo de la defensa del caso planteado”, dejando disponibles paralelamente “los contratos celebrados con expertos nacionales o extranjeros que realizaron informes para el tribunal y/o concurrieron a las audiencias orales”.
Entre otras cosas, pidieron que “se informe por qué razón el laudo no fue publicado en la página web de la Presidencia de la República, tal como aconteciera con los demás laudos emitidos por los tribunales arbitrales que intervinieron en los casos Philip Morris, Italba y Aratirí”.
Por último, agregaron que quieren saber “si la información confidencial que manejó Holding Regional Latinoamericano de Aviación S. de RL (Panamá) fue objeto de alguna resistencia por parte de la República Oriental del Uruguay o si fue planteada como objeción procesal”.