En el marco de la campaña electoral, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) hará llegar a los precandidatos de todos los partidos políticos su plan de acción de desarrollo industrial para el país. Fernando Pache, presidente de la CIU, señaló en una conferencia de prensa este miércoles que el plan contiene propuestas de política industrial para el fortalecimiento de las empresas manufactureras, “actores claves en la construcción de un país próspero”.
Pache señaló que la CIU apunta a que los precandidatos y sus equipos se acerquen a la “realidad” industrial y, “en la medida de lo posible, contemplen en su programa las necesidades y oportunidades de nuestro sector motor de desarrollo del país”. De acuerdo a Pache, la industria es clave para el desarrollo del país. En ese marco, sostuvo que los países “más prósperos”, que cuentan con un mayor producto interno bruto (PIB) per cápita, en general son los que tienen industrias “más desarrolladas y mejor posicionadas en el comercio internacional”.
El presidente de la CIU recordó que el sector produce unos 17.000 millones de dólares por año, de los cuales 10.000 millones, aproximadamente, se exportan. “Considerando el empleo directo o indirecto, el indirecto genera 266.000 puestos de trabajo, es decir, el 17% del total del personal ocupado del país”, indicó Pache. Asimismo, resaltó que se trata de un sector que contribuye a la descentralización.
Por otra parte, Pache sostuvo que la CIU “siempre” fue una usina de propuestas de políticas públicas. Dijo que, por un lado, es “importante” reconocer que las “reformas positivas que se han impulsado en el país se mantienen vigentes aunque cambien los gobiernos”. Pero, por otro, “es verdad” que algunos desafíos “perduran y no se abordan, lo que se traduce en sobrecostos para la producción o en oportunidades perdidas”.
Las propuestas
El foco del plan está en mejorar la competitividad. Para ello, desde la CIU, hacen propuestas referidas a lo macroeconómico, al funcionamiento de las empresas públicas, a la provisión de energía y combustibles, al sistema tributario y a las relaciones laborales y la formación de futuros empleados.
En el ámbito macroeconómico, proponen diversas medidas para “fortalecer” la estabilidad fiscal y promover un crecimiento sostenible. Entre estas iniciativas plantearon la reducción y el mantenimiento del gasto público del gobierno central, en torno al 20% del PIB. “Esto requiere acciones para apuntalar la sostenibilidad fiscal, reduce las presiones adicionales sobre el tipo de cambio real y permite disminuir la presión tributaria”, indica el documento, al que tuvo acceso la diaria.
Además, se plantea la necesidad de una disminución “progresiva” en la cantidad de empleados públicos, tanto en el gobierno central como en las empresas públicas y las intendencias.
Otra medida propuesta es “perfeccionar” la regla fiscal, lo cual implica “establecer criterios para modificar y establecer metas fiscales, distinguir entre metas y proyecciones fiscales y mejorar la metodología para el cálculo del PIB potencial, entre otros aspectos”. Sugieren “desindexar” las tarifas y precios del Estado y las intendencias, “lo que contribuiría a reducir la inflación y mejorar la competitividad de los productos y servicios nacionales”.
Aparte, proponen establecer la negociación tripartita “exclusivamente” para acordar el salario mínimo por rama de actividad, “garantizando así un proceso transparente y representativo de los diferentes intereses”. “Además, presentamos como iniciativa el establecer mínimos diferenciales por tamaño de empresa y zona geográfica, reconociendo las distintas realidades laborales que existen en el país. La negociación salarial actual perjudica a las micro, pequeñas y medianas empresas del interior, ya que están obligadas a pagar salarios mínimos superiores a sus niveles de productividad”, indican los empresarios en su informe.
Otro punto que la CIU entiende importante es abaratar el precio de los combustibles. Esto implica “sustituir” el financiamiento del fideicomiso del boleto por fuentes fiscales (ingresos del Estado) y “reducir los costos de distribución y comercialización mediante el establecimiento de regulaciones procompetencia”. “También es fundamental reducir los sobrecostos de Ancap, especialmente los que traslada la producción deficitaria de cemento”, agrega.
Por otro lado, en relación con las empresas públicas, propone “endurecer” las “medidas de castigo por las malas decisiones” tomadas por los directores, “así como establecer la obligatoriedad de calificación externa para las empresas públicas”.
Con relación al sistema tributario, señala que debería haber modificaciones que “fomenten la inversión y las exportaciones”. En cuanto a la inserción internacional, la CIU cree que es “importante persistir en las negociaciones con terceros países o bloques comerciales”.
Por último, recomienda “continuar con el proceso de reforma educativa, aumentando la cantidad de escuelas de tiempo completo y el número de días de clase por año”. A su vez, propone “incentivar la formación continua de los docentes y reconocer y premiar los mejores resultados académicos de los alumnos”.