La Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado trató este martes el caso de Carlos Taroco, exdirector del ex Comcar, condenado a tres años de penitenciaría por estar vinculado al exsenador blanco Gustavo Penadés en la trama de explotación sexual de menores. Mientras ejercía esa jerarquía pidió trasladar presos a la cárcel que dirigía para “apretarlos”, hacerles requisas u ofrecerles beneficios.
En la audiencia en la que llegó a un acuerdo abreviado con la Fiscalía, Taroco reconoció que había supuestas víctimas a las que “amedrentaba, trataba de silenciar o les ofrecía cambiar el testimonio a cambio de beneficios”. En ese marco, Taroco admitió que recibió dinero en varias oportunidades por parte del exlegislador blanco y, además, apuntó que a policías que estaban bajo sus funciones les daba horas libres y dinero para que investigaran a las víctimas de Penadés.
Este martes, ante la comisión parlamentaria, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, ratificó que todos los traslados fueron firmados por él, por lo tanto, Taroco no disponía de los movimientos de los privados de libertad, si bien era quien los solicitaba. Esto lo había dicho por primera vez ante la comisión de seguimiento carcelario hace casi dos semanas.
Según había informado la diaria, para hacer un traslado en cárceles el trámite debe pasar por la Junta de Traslados. Hasta el comienzo de esta gestión, las Juntas de Traslados dependían de la Subdirección Técnica Nacional. Esto cambió y desde marzo de 2020 dependen del director del INR. La norma también establece la integración obligatoria de las juntas: debe estar la Subdirección Técnica Nacional y la Subdirección Operativa Nacional.
En rueda de prensa, Mendoza expresó: “Esos traslados no se sabe quiénes son, porque eso está en reserva, está a nivel de la Fiscalía”. Según comentó, “el INR no tiene conocimiento” de quiénes son esas personas que Taroco pidió trasladar, pese a que cada traslado era fundamentado. “Yo no puedo hacer ninguna investigación si no es por orden de la Justicia. Todos los traslados son firmados por mí, de acuerdo a la reglamentación, pero es la Justicia la que dispone si se investiga o no”, agregó.
Por su parte, el senador frenteamplista Charles Carrera expresó a la diaria que desde el Ministerio del Interior “han sido bastante omisos” porque “recién” el 10 de abril enviaron una nota a la Fiscalía General de la Nación solicitando información del caso.
Según Carrera, “acá existió toda una trama a la interna del INR en la cual Taroco fue parte” y que “buscaba incurrir en estafa procesal al Poder Judicial”. “Resulta que no se inicia ninguna investigación administrativa de forma urgente; han existido muchas omisiones”, criticó.