La Cámara de Diputados aprobó este martes un proyecto de ley que anula cualquier cláusula de reglamento de copropiedad, estatuto, reglamento interno o resolución de cualquier asamblea de edificio y cooperativa de vivienda que “establezca directa o indirectamente la prohibición de tener animales de compañía”. La iniciativa, que fue apoyada por legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Frente Amplio, aún tiene que ser aprobada por el Senado. La anulación de estas cláusulas no tiene efecto retroactivo, es decir, en ningún caso se aplicaría sobre contratos de propiedad horizontal anteriores a la eventual entrada en vigencia de la ley.
El proyecto, impulsado por el diputado colorado Juan Moreno, modifica la Ley 18.471 de protección, bienestar y tenencia de animales y faculta a las asambleas de copropietarios y los administradores de edificios a “dictar los reglamentos internos y/o resoluciones que se consideren necesarias para regular la tenencia de animales de compañia”, los cuales “deberán ser debidamente inscriptos en el Registro Nacional de Animales de Compañía”, bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Quien no registre a su mascota tendrá “una multa equivalente a una unidad reajustable por mes”, unos 1.700 pesos uruguayos. La iniciativa, en caso de transformarse definitivamente en ley, será de orden público.
Moreno sostuvo que, aunque “capaz para muchos es de poca relevancia”, el proyecto “tiene un alcance muy positivo para la vida de muchas personas”. Afirmó que “hay muchas personas que hoy no encuentran un lugar donde puedan estar con sus animales de compañía”, así como también hay quienes desean tener un animal de compañía “y no pueden hacerlo porque donde viven existe esta situación de prohibición”.
El diputado nacionalista Milton Corbo dijo que la última versión del proyecto subsanó “un viso muy importante de ilegalidad” al establecer expresamente que la ley no tendrá efecto retroactivo, lo cual “iba a ocasionar un montón de juicios”.
El proyecto se aprobó en sala con 64 votos a favor y dos en contra, los de la cabildante Elsa Capillera y el colorado Conrado Rodríguez. Este último argumentó que, si bien la propuesta “tiene un fin loable” y “en lo personal” se definió como “amante de los animales”, el hecho de que la ley sea de orden público “implica que no puede haber modificaciones en contrario [a la ley] a través del acuerdo entre las partes”, por lo cual “se estarían restringiendo derechos”. Según Rodríguez, imponer “cortapisas” a la “facultad negocional” de las partes “no parece que sea de buena técnica legislativa”.