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Graciela Bianchi y Adrián Peña (archivo, mayo de 2023).

Foto: Ernesto Ryan

El Partido Nacional no apoyará proyecto de Peña sobre ingreso a las intendencias, y no alcanzan los votos para aprobarlo

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“A los blancos no nos gusta violar la Constitución ni la ley”, dijo el senador Sergio Botana, mientras que el colorado Adrián Peña, impulsor de la iniciativa, sostuvo que “están cediendo ante la presión de los intendentes blancos, que tienen un poder importante” en la fuerza política.

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Leído por Andrés Alba.
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Luego de una aprobación tormentosa en comisión, con los votos de todos menos del Partido Nacional (PN), el proyecto de ley impulsado por el senador del Partido Colorado (PC) Adrián Peña para transparentar el ingreso de funcionarios a las intendencias parece destinado a naufragar este martes, cuando se vote en el Plenario de la cámara alta. Por tratarse de una norma aplicable a todos los gobiernos departamentales, dado el artículo 64 de la Constitución, precisa dos tercios de los votos, es decir, que 21 senadores levanten la mano. Así las cosas, además del apoyo de todos los senadores del Frente Amplio (FA), del PC y de Cabildo Abierto, el proyecto precisa al menos un voto blanco.

“Todo el PN vota en contra”, adelantó a la diaria la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que por estas horas está como coordinadora de la bancada de senadores blancos porque la titular, Carmen Asiaín, está de viaje. Si bien basta con que el PN no lo vote para que el proyecto no llegue a buen puerto, Bianchi subrayó que a los blancos les interesa que más legisladores de la coalición los apoyen en su negativa, como una señal política.

Bianchi remarcó que, en marzo, el Congreso de Intendentes (CI) entregó un informe a la comisión que estudió el proyecto, con un relevamiento “de todos los estatutos de todas las intendencias” que son ley en cada departamento, porque son aprobadas por las juntas respectivas, “que tienen el concurso y el sorteo para el ingreso” de funcionarios. Bianchi subrayó que no votarán el proyecto de Peña porque es “inconstitucional e innecesario”.

El senador blanco (y exintendente de Cerro Largo) Sergio Botana fue de los más críticos con el proyecto desde un principio. De hecho, en junio de 2023, cuando Peña anunció que presentaría la iniciativa, Botana había dicho a la diaria que era “un disparate violentar la autonomía municipal” y que el proyecto era producto del “centralismo histórico” del PC, por lo tanto, no le sorprendía que la idea fuera de “un colorado batllista”.

“Que leí la Constitución”, dijo Botana a la diaria sobre el motivo por el que no votará el proyecto este martes en el plenario. Sostuvo que lo propuesto por Peña es inconstitucional, a la luz de los artículos 61 y 62 de la carta magna. El 62 dice: “Los gobiernos departamentales sancionarán el Estatuto para sus funcionarios, ajustándose a las normas establecidas en los artículos precedentes, y mientras no lo hagan regirán para ellos las disposiciones que la ley establezca para los funcionarios públicos”. El senador remarcó que “todos los gobiernos departamentales tienen estatuto” sobre el ingreso de funcionarios.

“A los blancos no nos gusta violar la Constitución ni la ley”, agregó Botana, y puso como ejemplo que en la Intendencia de Canelones, “que es el departamento de Peña, se ingresa por concurso o por sorteo y, en caso de no haberlo, debe existir una explicación por parte del intendente”. Por último, Botana dijo que él quiere que el proyecto “no lo vote nadie, ni Peña, que lea la Constitución antes de ir a la cancha”.

A su vez, el senador blanco Jorge Gandini dijo a la diaria que este lunes tienen reunión de bancada de senadores del PN y que está esperando que le entreguen “unos materiales con fundamentos jurídicos de la inconstitucionalidad” del proyecto, y con eso en la mano votará junto con su partido. “Si es inconstitucional, yo no voy a votar una ley inconstitucional. Y si no lo fuera, empezamos a discutir otra vez, pero no creo que haya ningún cambio”, finalizó.

De todos modos, fuentes blancas señalaron a la diaria que no saben qué pasará con el voto de Juan Sartori, ya que este martes, en vez de entrar a sala su suplente, Juan Straneo, lo hará la segunda suplente, Rosina Piñeyro, madre del empresario, y en filas nacionalistas no pueden asegurar que vaya a seguir lo dispuesto por la mayoría.

Lo prometido es deuda

En tanto, el senador Peña dijo a la diaria que algunos senadores blancos le habían “comprometido su voto” a favor, como Bianchi y Asiaín, así como “algunos que eran afines a votar pero no se habían comprometido, como Gandini”, pero “no lo van a votar, en definitiva”. “Entiendo que están cediendo ante una presión interna de los intendentes blancos, que tienen un poder bien importante dentro de la estructura del PN. Lo entiendo perfectamente, son cuestiones políticas, hay un equilibrio de fuerzas y los intendentes tienen su peso”, sostuvo.

A su vez, sobre la eventual inconstitucionalidad de la medida, Peña remarcó que varios constitucionalistas ante la comisión dijeron que era constitucional, por lo tanto, en la comisión, “hasta ahora, el único esbozo de fundamentación de la inconstitucionalidad lo dio Alejo Umpiérrez, que es abogado” (e intendente de Rocha). “El CI y la bancada del PN no presentaron ningún informe de constitucionalistas diciendo que era inconstitucional, ni tampoco se solicitó la presencia de ningún constitucionalista con nombre propio; dijeron que eventualmente iban a consultar a alguno, pero nunca presentaron pedido. Así que ¿de dónde sale? [la visión de que es inconstitucional], no sé”, sostuvo.

Sea como fuere, Peña subrayó que “no es el Parlamento y mucho menos una bancada de una partido la que define la inconstitucionalidad de una norma”, ya que el único órgano competente para hacerlo es la Suprema Corte de Justicia, “eventualmente, después de aprobado, cuando presenten el recurso al que tienen derecho los intendentes”.

Además, en cuanto al documento presentado por el CI, Peña dijo que allí se consignaron los estatutos “que en muchos casos contemplan el ingreso por concurso, lo que demuestra el incumplimiento no sólo del principio de igualdad de la Constitución, sino también el de sus propios estatutos”. “Lo que es inconstitucional es cómo ingresa la gente a las intendencias, porque viola el principio de igualdad, claramente: no tiene los mismos derechos el que fue a un club político que el que fue a otro a la hora de ingresar a las intendencias”, sostuvo.

El senador colorado dijo que “el asunto es ir avanzando”, y si la aprobación del proyecto no se puede dar en este período, “será en otra legislatura, con un empujoncito más”. “Tiene que haber de a poco una conciencia de la ciudadanía para reclamar sus derechos y exigir estas cosas a los gobernantes. El sistema actual de ingreso a las intendencias es una mala práctica en términos administrativos, favorece el clientelismo político y esa es una forma de corrupción”, dijo.

Por último, Peña dijo que en el PC “originalmente estaban los cuatro” votos a favor de los senadores, pero “cambió la cuestión” porque ahora ocupa su banca el exintendente de Rivera Tabaré Viera, que hace pocos días dejó su cargo como ministro de Turismo. Peña sostuvo que sobre ese tema en particular no hablaron con Viera, pero, “de todos modos, como los votos no están”, la postura que tenga el exintendente sobre el tema “no cambia” el destino del proyecto.

En el FA no hay dudas

Por otro lado, el senador del Frente Amplio Charles Carrera, que integra la comisión que estudió el proyecto, subrayó a la diaria que en su partido no tienen dudas de que la propuesta que se votará este martes es constitucional, porque no están interviniendo “en las competencias de los gobiernos departamentales”, sino que, “en mérito del artículo 64 de la Constitución”, están estableciendo “una obligación a los gobiernos departamentales, que al ingresar funcionarios públicos lo hagan por mecanismos de transparencia, por ejemplo, a través de concurso o de sorteos”.

“Se estuvo estudiando el informe jurídico que elevó el CI, y la propuesta original del senador Peña tenía algunas inconstitucionalidades, por eso fue que cerramos esa redacción final, que es la que va al plenario el martes. Justamente, en mérito del artículo 64, establece una obligación genérica. Nosotros no tenemos dudas de que todos los organismos del Estado, en el marco de nuestra Constitución, tienen la obligación de dar igualdad de oportunidades para todos, y eso es lo que se establece. Aspiramos a que se logren los 21 votos”, finalizó Carrera.

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