Finalmente, luego de varias idas y vueltas, este miércoles la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados aprobó, sólo con los votos del oficialismo, el proyecto que modifica la Ley de prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle (18.787, de 2011), una iniciativa que coloquialmente se conoce como de internación involuntaria, que fue presentada por el Poder Ejecutivo en febrero de 2022. El proyecto ya había sido aprobado en el plenario de la cámara baja, pero como luego [en el Senado tuvo modificaciones debió tratarse nuevamente en la Cámara de Representantes.
La iniciativa establece que, a los efectos de la asistencia obligatoria, “se deberá acreditar, previamente al traslado de las personas al centro de atención médica, mediante informe realizado por un médico, que las mismas presentan un riesgo inminente para sí o para terceros o que el hecho de no trasladarlas pueda determinar un deterioro considerable de su salud”.
Uno de los cambios que se implementaron en el Senado fue que al llegar a un centro asistencial el usuario pueda ser atendido por el médico presente para certificar “el riesgo” y no exclusivamente por un psiquiatra, como indicaba el proyecto original. En la Comisión de Salud del Senado, Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, había expresado un matiz con que la atención fuera exclusivamente de un psiquiatra: “Tenemos que tener presente el cuello de botella que se va a generar, porque no hay tantos especialistas”, planteó.
La diputada del Frente Amplio (FA) Claudia Hugo, integrante de la comisión, dijo a la diaria que este miércoles no votaron el proyecto porque ya lo habían estudiado en 2022, cuando se presentó, y habían concluido que “no es necesaria esta ley porque el Estado ya tiene un marco legal que habilita a trasladar a quienes están en situación de calle y corre peligro su vida”. Sostuvo que el marco es “la propia ley vigente que quieren modificar”, así como la Ley de Salud Mental (19.529), e insistió con que no tiene nada más para agregar sobre el tema porque ya dieron la discusión.
En su momento, Micaela Melgar, diputada del FA y exdirectora del Programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), había señalado que la propuesta es “vieja”, que “ya se probó que no tiene resultado” y que “no ataca lo que tiene que atacar” respecto del egreso de las personas privadas de libertad, que en muchos de los casos terminan en situación de calle. Además, había explicado que “la compulsividad”, es decir, “retirar a las personas de la calle no voluntariamente”, se hacía antes de este gobierno a través de “la ley de faltas o por los juzgados que determinaban el ingreso involuntario” y también “se acompañaba con la Policía”.
Goñi: “Es uno de los problemas más reclamados por la ciudadanía”
El extitular del Mides Martín Lema celebró en su cuenta de X que el proyecto se haya aprobado en comisión y lamentó que el FA no lo haya acompañado. “¿Hasta cuándo va a insistir con que vivir en la calle es un derecho? Cuesta entender”, agregó. Lema sostuvo que el proyecto “permite dar asistencia a personas que requieren atención médica por descompensaciones, protege a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema, minimiza riesgos y consecuencias indeseadas y permite mejorar la convivencia con vecinos”.
Por su parte, el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi, integrante de la comisión, dijo a la diaria que “está claro y está aceptado por todos que falta una herramienta legal” y subrayó que “sacar a la gente de la calle es un reclamo creciente de la ciudadanía ante un problema creciente en el mundo y también en Uruguay”. Agregó que, en los hechos, “contra su consentimiento, no se estaba pudiendo” sacar a la gente de la calle, por lo tanto, este proyecto “le da garantías a la persona en situación de calle, porque un médico está certificando que su vida corre peligro o la de terceros”.
El diputado insistió con que “los estudios de opinión pública muestran que es uno de los problemas más reclamados por la ciudadanía”. Además, dijo que en las recorridas que hacen por los barrios los vecinos les piden “cada vez más” soluciones sobre el tema de las personas en situación de calle, a tal punto que “es uno de los reclamos más importantes”. Puso como ejemplo que puede correr peligro la vida de los demás cuando una persona “que está desencajada anda con un palo o un fierro, corriendo a todos los vecinos”.
Hace pocos días, ante la comisión de Diputados, autoridades del Mides habían señalado que el proyecto “debería aprobarse ya”. Goñi dijo que por eso este miércoles se votó en comisión y que ya se acordó tratarlo el 7 de mayo en el plenario de la cámara baja, donde esperan que se apruebe definitivamente.