Desde fines del año pasado, cuando la Cámara de Diputados le dio media sanción, lo más discutido del proyecto de ley sobre el financiamiento de los partidos políticos ha sido la distribución de espacios gratuitos de publicidad electoral en televisión. Pero el martes la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto y, en principio, zanjó el asunto. Al margen de esto, el proyecto, que aún debe ser ratificado por la cámara baja antes de transformarse en ley, introduce varios cambios a las leyes vigentes que regulan los partidos políticos y la publicidad electoral.
Por ejemplo, el proyecto establece que todos los partidos políticos deberán tener estados contables “en los cuales deberán estar claramente identificados los ingresos y sus fuentes, así como sus egresos”. Esta información deberá ser enviada a la Corte Electoral, que tendrá “un plazo de 90 días corridos” para hacer una auditoría de la documentación, “para lo cual podrá requerir el apoyo del Tribunal de Cuentas”.
Por otra parte, el proyecto mantiene la obligación de presentar ante la Corte Electoral un balance de los gastos de la campaña electoral dentro de los tres meses siguientes al acto eleccionario, pero añade que la Corte Electoral también “podrá requerir el apoyo del Tribunal de Cuentas para auditar las rendiciones de cuentas”. Esto último, no obstante, requerirá una mayoría de seis votos en la Corte Electoral, lo cual supone acuerdos interpartidarios.
Asimismo, el proyecto agrega a los precandidatos a la presidencia –es decir, quienes participan en la elección interna– entre las personas obligadas a presentar una declaración jurada de sus bienes e ingresos “hasta 30 días antes de efectuarse el acto electoral”. La normativa vigente sólo contempla a los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia de la República y a las intendencias departamentales.
Por otro lado, el proyecto cambia los topes de las donaciones que los dirigentes políticos pueden hacer a la campaña electoral. Actualmente la ley establece que “cuando el aporte sea realizado por un candidato a un cargo electivo”, podrá ser de hasta 900.000 unidades indexadas (UI), o sea, unos cinco millones de pesos. El proyecto aprobado en la cámara alta, en cambio, fija montos máximos según el tipo de cargo al que se aspira, que van desde 1.200.000 UI para los candidatos a la presidencia hasta 350.000 UI para los candidatos a los municipios.
Además, con relación a los aportes privados a las campañas electorales, el proyecto establece que “todas las transacciones en dinero mayores a 21.000 UI que constituyan ingresos deberán ser realizadas por medio de pago electrónico”, lo cual se suma a la normativa vigente, que ya establece que todo aporte “debe ser depositado en cuenta bancaria abierta especialmente para la financiación” de la campaña electoral.
Por otra parte, el proyecto añade a la lista de prohibiciones que ya prevé la normativa vigente la imposibilidad de que los partidos políticos acepten “contribuciones, aportes o donaciones de cualquier tipo” cuando provengan de “personas físicas o jurídicas que presten servicio de comunicación audiovisual”. Asimismo, habilita la posibilidad de que las multas que la Corte Electoral ya puede determinar para los partidos políticos, que van desde 10.000 a 300.000 UI, también se apliquen a “personas individualizadas”.
Por último, el proyecto faculta al Poder a Ejecutivo a otorgarles a la Corte Electoral y al Tribunal de Cuentas los recursos necesarios para el efectivo cumplimiento de la ley, y dispone que estos dos organismos “podrán requerir el asesoramiento” tanto de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) como de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central.
La Senaclaft entiende que “los cambios son positivos”
En diálogo con la diaria, el actual titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, sostuvo que en términos generales el proyecto aprobado “es una versión 2.0 de la misma ley”, porque “los cambios son positivos”. Si bien puntualizó que la iniciativa “se podría llegar a perfeccionar más”, afirmó que “se está caminando en la dirección correcta”.
Respecto del asesoramiento que la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas podrían solicitarle a la Senaclaft, Chediak dijo que la secretaría está preparada y señaló que “no se trata de un número enorme de sujetos obligados”. Asimismo, señaló que la Senaclaft ya cumple un rol de supervisión de los partidos políticos, “en tanto sujetos obligados para la prevención de lavado de activos, así que no nos altera demasiado el panorama”.
Chediak recordó que durante el tratamiento del proyecto en el Parlamento se planteó la posibilidad de “darle algún rol de fiscalización directa” a la Senaclaft, algo que, a su entender, le corresponde esencialmente a la Corte Electoral, “que es la que tiene la autonomía, la potestad constitucional exclusiva de hacerlo y la institucionalidad, ya reconocida desde siempre, para que nadie sospeche que puede haber una intencionalidad política en esa supervisión”.
Diferente es la postura de Ricardo Gil Iribarne, extitular de la Senaclaft, sobre el proyecto aprobado el martes en el Senado. En diálogo con la diaria, dijo ser “muy escéptico” con respecto a la efectividad de “las normas que se aprueban en el año electoral”, dado que “ya pasó en 2019 que se aprobaron varias leyes que después no se aplicaron”. Aunque “el texto es mejor que el actual”, “creo que va a quedar en el papel”, afirmó el también expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, quien compartió algunas impresiones sobre las modificaciones propuestas a la normativa vigente.
Acerca de la obligación de presentar una declaración jurada, que se agregó para los precandidatos en las internas, Gil Iribarne señaló que hoy por hoy, con la normativa vigente, “los candidatos a presidentes y a intendentes no lo hacen y no pasa nada”, porque “la multa está sin reglamentar desde 2019”.
Consultado sobre la obligación que se fijó para los partidos políticos de presentar sus estados contables, los cuales deberán ser auditados por la Corte Electoral, Gil Iribarne señaló que la Corte Electoral “no tiene gente para hacer eso” y además tampoco “sabe hacer eso”. A su modo de ver, el mejor organismo para hacer esa tarea es el Tribunal de Cuentas, aunque, como está integrado por “cuotas políticas”, “es como que les decís a los partidos: ‘Contrólense ustedes’”.
Para Gil Iribarne, “el gran problema es que no hay presión” sobre el sistema político, que está encargado de regularse a sí mismo. Y como “la ciudadanía no está presionando”, los partidos políticos “juegan sueltos”. “No hay nadie que los esté condicionado”, resaltó.