La creación de un Ministerio de Justicia es un planteo que comparten el precandidato Álvaro Delgado (Partido Nacional) y el precandidato Robert Silva (Partido Colorado, PC), así como también los tres precandidatos del Frente Amplio (FA): Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Andrés Lima. Aunque con algunos matices, hay consenso en cuanto a la pertinencia de tener una secretaría de Estado que oficie de nexo entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la Nación.
El programa de gobierno de Delgado, divulgado la semana pasada, contiene incluso una introducción al tema: “El nombre ‘Ministerio de Justicia’ ha sido fuertemente resistido en nuestro país porque evoca a las funciones que ejercía ese ministerio en el período de la dictadura”, cuando “se avasallaron las competencias constitucionales del Poder Judicial”. Por eso, el documento advierte que a este nuevo ministerio jamás le corresponderá “nada que por mandato de nuestra Constitución sea competencia del Poder Judicial”.
Delgado propone concretamente la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que “absorbería la relación que hoy mantiene la Fiscalía con el Ministerio de Educación y Cultura”. “Sus competencias serán de carácter administrativo en apoyo al mejor desempeño del sistema de justicia”, se señala en el programa de gobierno.
En el documento se sostiene que esto le permitirá al Poder Ejecutivo tener un interlocutor para “el abordaje de la política pública de justicia”, que será capaz de “intercambiar tanto con el resto de los poderes como con los distintos operadores del sistema y la academia”.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que propone Delgado estaría integrado por las fiscalías de primer y segundo turno, la Dirección Nacional de Registros, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, entre otros organismos públicos.
En el documento sobre seguridad pública que presentó Silva también figura la creación de un Ministerio de Justicia, pero a secas, sin el agregado de “Derechos Humanos”. No obstante, entre sus cometidos se incluye expresamente “la promoción de los derechos humanos” y actuar como “enlace” del Poder Ejecutivo con la Fiscalía, la Junta de Transparencia y Ética Pública y “la defensa pública que actualmente funciona en la órbita de la Suprema Corte de Justicia”.
Asimismo, Silva propone que este nuevo ministerio asuma la responsabilidad de elaborar las políticas penitenciarias. En este punto, el precandidato colorado sostiene que las cárceles uruguayas “sufren un agotamiento estructural” y asegura que “la magnitud del problema requiere una política de Estado”.
Las bases programáticas del FA, en tanto, reincorporan el concepto de “derechos humanos” en el nombre de la nueva secretaría de Estado, cuyo cometido será “fortalecer la especificidad de los poderes del Estado” y “dotar de un mejor diseño institucional a las diversas competencias que hoy aparecen dispersas y deficientemente articuladas”, como por ejemplo, aquellas que refieren a derechos humanos, registros públicos, prisiones y políticas antilavado de activos, entre otras.
Juan Miguel Petit: “No es un ministerio de cárceles”
El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, celebró que “haya coincidencias en esa creación institucional”. En diálogo con la diaria, Petit afirmó que el nuevo ministerio “le haría muy bien a la Justicia en general”, y señaló que un Ministerio de Justicia “no es un ministerio de cárceles”. Dijo que “mejoraría la eficiencia en una cantidad de organismos que tienen que ver con la Justicia” y además ayudaría a mejorar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Petit dijo que, en la práctica, un Ministerio de Justicia significaría tener “una ventanilla concreta para hablar una cantidad de temas”, dado que, “así como los jueces tienen la obligación de supervisar la aplicación de las penas, quien las maneja es el Poder Ejecutivo”. Según el comisionado parlamentario penitenciario, “cuando dos poderes discuten sobre casos concretos generan desorientación”, por eso, “cuantas más instancias de sintonía y sincronía haya, hay más fortaleza institucional”.
Petit mencionó que “casi todos los países democráticos del mundo” ya tienen un ministerio de este tipo, los cuales ayudan a “discutir en frío aquellos temas que a veces se discuten en caliente”. “Ojalá que se pueda avanzar, en el formato que sea”, resaltó.
Consultado al respecto, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, dijo a la diaria que el gremio de fiscales no tiene “una posición definida” sobre el tema. “Al no ser una discusión presente y plausible, hemos preferido gastar energías en cosas más urgentes”, señaló.
El traslado del INR
La idea de Delgado es que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), organismo encargado del sistema penitenciario, que actualmente opera dentro del Ministerio del Interior, sea trasladado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En ese sentido, el precandidato del Partido Nacional promete un “aumento presupuestal significativo” -que no se especifica- para llevar a cabo “una reforma de cárceles profunda”.
Para las personas privadas de libertad, el programa de gobierno de Delgado propone realizar diagnósticos individuales en el ingreso al sistema penitenciario, los cuales abarcarán “aspectos psicológicos, de habilidades y sociales del recluso”, que, “junto con los detalles de su condena”, ayudarán a “maximizar la efectividad de la rehabilitación”.
Por su parte, las propuestas de Silva para el sistema penitenciario incluyen la realización de concursos para seleccionar a las autoridades del INR, así como también “aumentar significativamente los recursos humanos para que cada centro penitenciario cuente con operadores calificados para contener y rehabilitar a las personas a su cargo”.
Asimismo, con el objetivo de “solventar el hacinamiento y satisfacer la demanda de plazas”, el precandidato del PC propone una “migración paulatina a un modelo con mayor cantidad de centros penitenciarios de menor escala”. También se plantea “fortalecer el sistema de penas sustitutivas para que este pueda suponer una alternativa viable y efectiva al encarcelamiento, reduciendo costos e impidiendo que personas que cometieron delitos leves entren en contacto con reclusos más peligrosos”.
Las bases programáticas del FA también prevén el traslado del INR al nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, se propone la promoción de “cambios normativos” que garanticen “la efectiva aplicación de los principios de racionalidad y proporcionalidad en la aplicación de las penas por tráfico ilícito”, de modo de evitar que “la criminalización y rigor punitivo recaigan sobre las personas y comunidades más vulnerables”.
Al igual que Silva, el FA plantea trabajar “en medidas no privativas de libertad y medidas de justicia restaurativa”, con el fin de “abatir la sobrepoblación carcelaria”. Según datos del comisionado parlamentario penitenciario, a mediados del año pasado había 417 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes y la densidad de la población carcelaria según las plazas habilitadas era de 130%.