La condena al exintendente de Artigas Pablo Caram, a la exdiputada Valentina dos Santos y al exsecretario general de la comuna Rodolfo Caram, en el marco de la causa que investiga el pago irregular de horas extras por parte del gobierno departamental, reflotó a nivel parlamentario la discusión sobre la obligatoriedad de los concursos en los ingresos a las intendencias.
El sector Fuerza Renovadora, del Frente Amplio (FA), propuso volver a discutir el proyecto de ley que había presentado el senador colorado Adrián Peña en abril y naufragó en la cámara alta, cuando no contó con el apoyo del Partido Nacional (PN) y no consiguió los dos tercios de los votos que se requerían para su aprobación.
La intención del sector frenteamplista es que se trate nuevamente la iniciativa –con algunas modificaciones–, pero que esta vez la discusión empiece en la cámara baja, donde se estima que conseguiría los 66 votos requeridos, ya que varios partidos se han pronunciado a favor.
Si bien algunos integrantes del sector colorado Ciudadanos cuestionaron el momento elegido por la oposición –y, en particular, su decisión de no acompañar el plebiscito que promovieron en su momento para avanzar en la regulación de los ingresos–, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (PC) emitió esta semana un comunicado en el que condenó lo sucedido en Artigas y expresó la necesidad de aprobar el proyecto de Peña y el del diputado colorado Conrado Rodríguez, que propone el cese de subsidios a funcionarios condenados por delitos.
También dio su visto bueno el Partido Independiente, que este lunes expresó en una resolución de su Mesa Ejecutiva su disposición a aprobar normas que establezcan que el ingreso a las intendencias sea “estrictamente por concurso, para evitar prácticas clientelistas reñidas con la transparencia y la ética de la gestión pública”.
Otro de los socios de la coalición que se expresó en este sentido fue Cabildo Abierto (CA). El senador y líder de la fuerza política, Guido Manini Ríos, sostuvo este martes que el proyecto de Peña “iba en el sentido correcto”, pero, “lamentablemente, naufragó” en el Senado, por lo que habría que “repensar si no habría que volver a ponerlo en el tapete, ese y muchas señales más que hagan recuperar la confianza de la opinión pública en el sistema político”, según consignó Telemundo. El diputado cabildante Álvaro Perrone, por su parte, manifestó en su cuenta de X el apoyo a la propuesta de Fuerza Renovadora.
En filas blancas, a diferencia de lo que sucedió en el Senado, no hay una posición unánime en contra del proyecto. En particular, en el herrerismo hay legisladores que consideran necesario avanzar con la iniciativa, pero entienden que se debe separar el tema del “caso Caram”.
El diputado Sebastián Andújar recordó que, en su momento, cuando Peña presentó el proyecto, dijo públicamente que no le “parecía mal”, por lo que adelantó que en esta oportunidad estaría dispuesto a votarlo. De todas formas, no le parece “justo” relacionarlo con el caso de Artigas porque el “espíritu del proyecto de Peña no tiene nada que ver con lo que sucedió”.
En la misma línea opinó el diputado herrerista Juan Martín Rodríguez, quien remarcó que no se mueve “ni un ápice” de todo lo que dijo el senador Luis Alberto Heber, que el lunes pasado expresó que lo sucedido en Artigas era “una verdadera vergüenza” para el PN y que “la corrupción es corrupción”. Sin embargo, considera que el planteo del FA “es oportunista” porque no apoyaron el plebiscito impulsado por Ciudadanos para avanzar con el tema, luego de que el Senado rechazara el proyecto de ley.
“Yo estaba de acuerdo en abril y no tengo por qué no estar de acuerdo ahora”, dijo, y agregó que, por otra parte, hay que buscar ser “quirúrgicos” en la redacción. En su opinión, se debe establecer como mecanismo prioritario el ingreso a la función pública por concurso o sorteo, pero no se le puede “amputar” al gobierno departamental la posibilidad de contar con el mecanismo de designación directa.
En cambio, el diputado Alfonso Lereté, de Aire Fresco, dijo tener una “posición neutra”. Para el legislador, lo primero que tiene que hacer la bancada nacionalista es reunirse con los 15 intendentes del PN, porque eso nunca sucedió durante el debate en el Senado, si bien varios se han pronunciado en contra públicamente.
“Una cosa es la opinión, otra es el ida y vuelta. Por ejemplo, yo tengo la posibilidad de plantearles a los intendentes que me traigan el Estatuto del Funcionario Municipal de cada departamento. ¿Cómo es el sistema de ingresos, el sistema de faltas y el sistema de compensaciones? ¿Cómo es el sistema que funciona en cada una de las intendencias? Para mí eso es muy importante saberlo”.
La nueva propuesta
El diputado frenteamplista Gustavo Olmos, promotor de la nueva iniciativa, dijo a la diaria que el texto no será igual al de Peña. Aunque todavía no culminó su redacción, adelantó que el proyecto buscará establecer el concurso público “con las mayores garantías” en el caso del ingreso a cargos vacantes que estén definidos en la plantilla de las intendencias.
Si en ese caso no tuviese sentido hacer un concurso por las características del cargo, se establecerá como mecanismo de ingreso el sorteo. A su vez, adelantó que no se limitará a los intendentes a que puedan hacer contrataciones directas, pero se buscará que la designación rija hasta que culmine el período de gobierno.
Olmos dijo que están en conversaciones con los integrantes de las distintas bancadas, pero que a priori estarían los dos tercios que establece la Constitución para la aprobación de las normas aplicables a los gobiernos departamentales; el FA tiene 42 bancas; el PC, 13; CA, diez, y el PI, una.
Además, el diputado frenteamplista resaltó que es necesario avanzar hacia una regulación que garantice la transparencia en los ingresos de funcionarios públicos y puso como ejemplo el caso de Artigas. Puntualizó que 29 de las 33 listas del sublema Artigas Adelante en las elecciones internas, que lideran Caram y Dos Santos, tenían a personas contratadas por designación directa en los primeros tres lugares.
El problema de las designaciones directas
Las designaciones directas son el mecanismo de contratación utilizado mayoritariamente por los gobiernos departamentales. Según el último informe de los vínculos laborales con el Estado, elaborado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), correspondiente a 2023, del total de altas registradas el año pasado, el 45,3% fue por este mecanismo, el 40,3% por concurso, el 8,5% por lista de aspirantes, el 4,1% por sorteo, el 1,2% por elección directa (ediles y alcaldes) y el 0,6% por otros mecanismos.
Entre 2021 y 2023 –período que comprende a las actuales gestiones de las intendencias–, la intendencia que más ha utilizado este mecanismo fue la de Soriano, encabezada por el nacionalista Guillermo Besozzi, con 916 altas, le sigue la de Salto, del frenteamplista Andrés Lima, con 570, y, en tercer lugar, la de Artigas, una semana atrás a cargo de Caram, con 549.
Si se analiza el total de designaciones directas con relación a las plantillas que tiene cada intendencia (el promedio de los tres años), la Intendencia de Soriano se mantiene en primer lugar, con el 58% de designaciones directas sobre la totalidad de vínculos contractuales. La Intendencia de Artigas pasa a un segundo lugar, con el 35% de designaciones de este tipo en la totalidad de sus funcionarios, y Salto queda ubicada en tercer lugar, con el 32%. Las intendencias de Montevideo, Maldonado y San José son las que tienen menor porcentaje de designaciones directas por cantidad de funcionarios.
En el caso de Lavalleja, que en total registró 3.707 designaciones directas entre 2021 y 2023, el intendente Mario García explicó el año pasado (cuando el informe de la ONSC registró 3.290 altas por este tipo) que hubo un error porque se habían computado las altas mensuales a las mismas personas que desarrollaban tareas permanentes, algo que fue confirmado por la oficina.
Conrado Ramos, exdirector de la ONSC hasta diciembre de 2023 y actual secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que ha seguido estas discusiones de cerca, entiende que Uruguay tiene un “gran problema de transparencia, que ahora salta por esto, pero que nos va a terminar afectando la calidad de la democracia”.
En su momento, Ramos, que concurrió varias veces a la Comisión de Constitución del Senado por el proyecto de Peña y propuso ajustes, sugirió que “fuese lo más sencillo posible, incluso que dejaran un margen de discrecionalidad de designaciones directas para que no fueran de cero a 100 y se queden sin ley”, recordó.
“Ningún partido quiere avanzar”, resaltó Ramos, y señaló que el FA votó en contra de la reforma de la carrera funcional que presentó en este período de gobierno y, entre otras cosas, “transparentaba toda la línea salarial, que es oculta a propósito, para favorecer al corporativismo de los ministerios, de los sindicatos, de todo”. Y, por otro lado, “el gobierno no quiso implementarla”.
Lo que sucedió en Artigas, agregó Ramos, podría ser considerado por el sistema político como “una ventana de oportunidad” para avanzar en procesos de transparencia. No obstante, a su entender, “ni siquiera los escándalos de corrupción están moviendo la aguja para mejorar los temas de transparencia”.
Asimismo, sostuvo que los problemas en la materia que tiene Uruguay no se agotan solamente con esta ley, que además infiere que no se terminará aprobando. “¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Por qué no refuerzan los mecanismos de contralor? A todo lo que es contralor le sacan recursos o no tienen capacidad de enforcement, de sanción”, agregó.
“Después ocurren estos desastres en los gobiernos departamentales y [aparecen los] señores feudales. Nadie puede tirar una piedra acá. Es un problema del sistema político, un problema grande”, concluyó.