Ante la reciente resolución del directorio de Antel que autorizó a los cableoperadores a vender internet a través de la red de fibra óptica de la empresa estatal, el Frente Amplio (FA) anunció que llevará a cabo “todas las acciones parlamentarias necesarias” para “detener esta resolución”. Mediante una declaración de su Mesa Política, que fue aprobada por unanimidad, la fuerza política le exigió al gobierno nacional que “frene esta entrega del patrimonio nacional a meses del cambio de gobierno”.
La resolución de Antel, que fue aprobada la semana pasada solamente con los votos del oficialismo en el directorio, prevé una serie de “descuentos” para aquellas empresas privadas que se transformen en “agentes de venta” de Antel en el mercado de transmisión de datos. Los cableoperadores fueron habilitados a prestar servicios de banda ancha y acceso a internet a mediados de 2022, a partir de un decreto del Poder Ejecutivo que rompió el monopolio que tenía Antel.
Según supo la diaria, los directores de la oposición en Antel y en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Daniel Larrosa y Pablo Siris, respectivamente, informaron al Secretariado Ejecutivo del FA que esta última resolución supondrá una pérdida de 60 millones de dólares por año a la empresa estatal.
El FA resalta en la declaración que “la medida ahora aprobada fue rechazada reiteradas veces en el Parlamento” durante este período de gobierno, tanto en la ley de urgente consideración como en las rendiciones de cuentas y en las “diferentes versiones del proyecto de ley de medios”.
Asimismo, la oposición sostiene que la red de fibra óptica que desplegó Antel a lo largo y ancho del territorio nacional responde a “una visión estratégica de desarrollo” y tiene como propósito “garantizar el acceso de la población a conectividad de calidad, en tanto es un instrumento para el cumplimiento efectivo de derechos fundamentales de las personas”.
En tal sentido, el FA advierte que con esta medida “Antel facilita a los privados el ingreso al mercado de venta del servicio de internet por fibra óptica, utilizando con fines meramente lucrativos la infraestructura concebida para el cumplimiento de derechos”.
Previo a la aprobación de la resolución, la presidenta de Antel, Annabela Suburú, había sostenido en el Parlamento que la empresa estatal no está vendiendo su infraestructura, sino “servicios basados en la infraestructura que tiene Antel”. Si bien reconoció que con el ingreso de empresas privadas en el mercado de transmisión de datos “posiblemente perdamos algunos clientes”, sostuvo que el ente público podrá recuperar una parte de los ingresos “vendiéndoles servicios para que a su vez ellos den servicios”.
Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, argumentó que, si Antel mantiene cerrada su fibra óptica, “se queda fuera del negocio y los cableoperadores igual van a hacer sus tendidos o a contratar con terceras personas”, como Claro, Movistar o Dedicado, “o con el que sea, pero con alguien lo van a contratar”.