La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República fue sede este martes por la tarde del panel “El caso Astesiano: aprendizajes y desafíos para combatir la corrupción”, que ahondó en las consecuencias e interrogantes que surgen producto de la investigación expuesta en el libro El caso Astesiano. Una trama de espionaje y corrupción en la Torre Ejecutiva, publicado por el periodista y exdirector de la diaria Lucas Silva.
La charla fue moderada por el doctor en Ciencias Sociales Gabriel Tenenbaum y contó con la participación del propio Silva, así como de la directora periodística de la diaria, Natalia Uval, y el expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil Iribarne.
Los interlocutores abordaron las principales ramificaciones del caso que tiene al excustodio de Presidencia Alejandro Astesiano como principal protagonista, con particular énfasis en la corrupción como un fenómeno estructural, y su aproximación desde los campos del periodismo y las ciencias sociales.
Uval enumeró los “grandes méritos” del trabajo realizado por Silva, que calificó como “una especie de reivindicación de la mejor versión del periodismo” en tiempos en que la profesión se encuentra cuestionada “a todo nivel, con o sin razón”. Si bien reconoció que la labor periodística es “un trabajo colectivo”, la periodista destacó la habilidad de Silva de “focalizarse no tanto en el árbol sino en el bosque”, al “develar” en su libro el entramado de empresas y personas del entorno del excustodio, en lugar de fomentar una narrativa cuya “atención” estuviese “personalizada” en su figura.
Uval recordó que dicha investigación “deja abiertas muchas preguntas” y trae a la mesa una serie de preocupaciones “desde el punto de vista institucional”, vinculadas a “los vacíos en términos de regulación” y “las carencias éticas que habilitan que este tipo de cosas sucedan”. “No es solamente por el accionar de una persona”, conjeturó.
Vinculado a ello, manifestó su preocupación en torno a la imposibilidad de acceder a las conversaciones que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, mantuvo con Astesiano, algo que una solicitud de peritaje internacional de su celular podría haber posibilitado, pero que fue rechazado por la fiscal Mónica Ferrero mientras suplía al fiscal de Corte, Juan Gómez.
Gil Iribarne: “La parte de la transparencia está un poco renguita”
Por su parte, Gil Iribarne admitió verse sorprendido ante algunos de los hechos revelados por la investigación de Silva, que asimiló a “una granada de fragmentación”, y dijo que le resulta inverosímil que “nadie se diera cuenta” de la trama de operaciones que el excustodio presidencial mantuvo a lo largo del tiempo.
Sumado a esto, el expresidente de la Jutep reconoció que algunas de las situaciones expuestas por la investigación no son novedosas sino “sintomáticas”. En particular, apuntó al caso de Vertical Skies como ejemplo frecuente de una empresa conformada por militares retirados que “arman una oficinita en cualquier lado” y a partir de sus vínculos con el Estado “se enteran antes que nadie” de “todas las licitaciones que hay”. Según recordó, dichos casos constituyen un delito y deberían ser derivados automáticamente a la Fiscalía, “una norma que la Jutep no aplica más”, denunció.
También acusó la existencia de denuncias vinculadas al caso que fueron presentadas ante el organismo y que “murieron olímpicamente”. En concreto, dijo tener conocimiento de una denuncia en torno a una resolución sin fundamento firmada por el exsecretario de la Presidencia y candidato a la Presidencia del Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado, que permitió el ingreso de un matrimonio ruso al país durante la pandemia y que tomó medio año en ser ingresada por la Jutep. Según dijo, el organismo justificó la demora en tanto la denuncia “se le traspapeló” a su vicepresidente, el nacionalista Guillermo Ortiz.
En su opinión, el mal manejo de tales situaciones, ya sea por parte de la administración actual como la anterior, deriva en “procesos de progresiva impunidad que van alimentando la corrupción y la propia impunidad”, redundan en casos como aquel del excustodio y demuestran que “la parte de la transparencia está un poco renguita”.
Es así que Gil Iribarne no descartó que el país pueda llegar a atravesar un “proceso de escepticismo y desconfianza de los ciudadanos” que eventualmente redunde en la pérdida de confianza en el sistema político y el ascenso al poder de figuras que se alimentan de ello, como ocurrió en otros países de la región.
Según dijo, dicha tendencia “no se arregla sólo con denuncias” ni tampoco con “una nueva ley”, sino que requiere soluciones “más profundas”. Entre otros, recordó que el país carece de “una sociedad civil muy fuerte en estos temas”, por lo que llamó a “fomentarlas” y “darle participación a la ciudadanía”, así como a trabajar a nivel de la “educación” e incluso en la “formación” de funcionarios públicos.
Silva: “Sólo pude publicar la punta del iceberg”
Mientras tanto, Silva dijo que la investigación realizada lleva a pensar en la existencia de mecanismos “importantes” y “bien aceitados”, por lo que ahondar en la pericia de los otros dispositivos del excustodio, a los que aún no ha tenido acceso la Fiscalía, terminaría por facilitar la apertura de nuevas líneas de investigación. “Creo que ahí hay material y tela por cortar”, consideró.
“Sentí en algún momento que sólo pude publicar la punta del iceberg”, reveló el periodista, ya que “todo siempre terminaba derivando a otra cosa”, en una investigación que caracterizó como una serie de “ventanas que no se terminaban de cerrar”.
Entre otros, se refirió al caso de Vertical Skies, sobre el que admitió que aún no es completamente claro el vínculo que la empresa mantuvo con la administración central, así como “con quién hablaba” la empresa “en los diferentes lugares donde ganaba licitaciones”, “de dónde llegó” el dinero utilizado “para el armado de la empresa”, y sus objetivos al respecto, algo que “todavía no ha sido investigado”.
Tampoco su rol en torno a las operaciones de espionaje sobre los senadores del Frente Amplio (FA) Mario Bergara y Charles Carrera, que el gerente de dicha empresa encomendó a Astesiano “para que retiren la denuncia” cursada ante Fiscalía por la concesión de los derechos del puerto a la empresa Katoen Natie. “No termino todavía de entender cuál es el vínculo con el puerto”, mencionó Silva.
El periodista también apuntó al sistema de licitaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas como un “mundo” que tiene un “contacto muy fluido con la política”. Asimismo, dijo que los casos de “corrupción policial” revelados en las conversaciones de Astesiano le resultan “muy interesantes” y revelan “lugares especialmente complicados”, como los departamentos de Migraciones, Identificación Civil del Ministerio del Interior y la Jefatura de Policía de Montevideo.
Tales casos llevan a Silva a pensar en la idea de un “subgobierno” que “opera y mueve sus piezas en momentos determinados” de forma independiente y que “muchas veces se expresa a partir de ciertos grupos de afinidades”, si bien matizó que “no siempre conviene analizarlos desde una lógica meramente partidaria”, ya que “pasa por otras cuestiones”.
Por ello, manifestó su preocupación en torno a la existencia de “intentos por minimizar” la importancia de los hechos, así como el que la fiscal a cargo del caso, Sabrina Flores, no cuente con la posibilidad de “agotar las medidas de investigación”, algo que permitiría determinar, entre otros, el grado de involucramiento del presidente de la República y “descartar” si cometió o no un delito en su vínculo con Astesiano.
“Tal vez no es que seamos menos corruptos, sino que somos mejores fingiendo que no la vemos dando pocos recursos para que la gente bien intencionada la combata”, concluyó el periodista, quien llamó a apoyar al periodismo, desde “el lugar que se pueda”.
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