El 7 de enero, la diaria publicó un artículo que daba cuenta del pedido de la organización afrodescendiente Atabaque sobre detener las excavaciones en el Caserío de los Negros en Capurro hasta encontrar un destino para los restos óseos hallados en octubre de 2024 en ese predio, que, según un análisis preliminar, pertenecen a una adolescente.
Antes de publicarla, este medio consultó a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) para conocer su postura sobre el tema, pero la institución respondió que por el momento no haría declaraciones. Finalmente, este martes, el Consejo Directivo informó que su posición está disponible en un documento en el sitio web del instituto.
La INDDHH destaca que el hallazgo de restos óseos “ha generado una profunda conmoción” y que colectivos afrodescendientes y otras organizaciones sociales han subrayado la “trascendencia de este descubrimiento para la memoria colectiva y el debate sobre las relaciones étnico-raciales en Uruguay”.
Señala que, “en respuesta a una solicitud de información”, la INDDHH destaca la existencia de un marco legal en Uruguay que refiere a la protección del patrimonio cultural. La legislación al respecto consiste en el artículo 34 de la Constitución, que establece que “toda la riqueza artística o histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la Nación, estará bajo la salvaguardia del Estado y la ley establecerá lo que estime oportuno para la defensa”, y la Ley 14.040, que regula la protección, conservación y promoción del patrimonio y crea la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación.
Con ese marco legal, la INDDHH “aboga por la coordinación interinstitucional, la participación ciudadana y el rigor científico en el abordaje de este sensible tema, reconociendo los avances del Estado en materia de reparación histórica de las personas afrodescendientes”.
En el documento, la institución da cuenta del reclamo que la mãe Susana Andrade hizo en diálogo con la diaria acerca de que “primen los derechos humanos sobre los objetos de estudio”, del pedido de detención de excavaciones, de iniciar un diálogo a nivel país entre todas las partes involucradas para “buscar un nuevo marco legislativo y protocolo de actuación en estos casos”, que contemple la “espiritualidad y otras dimensiones sagradas” de los restos.
Además, exponen el pedido de Atabaque de formar un “Comité de Recuperación de Restos Históricos de Poblaciones Africanas y Pueblos Originarios de la época colonial en suelo uruguayo”; el estudio de un pedido de perdón de Presidencia de la República “por el genocidio indígena y africano, basado en el reconocimiento de la deuda histórica y la responsabilidad por las consecuencias del racismo estructural y la exclusión para con esa población”; así como que se declaren de interés nacional los hallazgos en el Caserío de los Negros, su tratamiento y la sugerencia del nombre “África Libre” para la adolescente.
INDDHH hizo recomendaciones técnicas
En ese contexto, la INDDHH hace una serie de recomendaciones técnicas enmarcadas en las competencias establecidas por la Ley 18.446, que dispuso la creación de la institución y que establece que “corresponde” al ente “emitir una opinión razonada y fundamentada”.
El organismo observó la ausencia de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en el análisis del tema y planteó que entre los principales cometidos de la comisión “se encuentran la adquisición y protección de materiales arqueológicos que deban ser considerados bienes culturales”.
Asimismo, exhorta a todas las instituciones del Estado que tengan competencia en la materia, como la Administración Nacional de Educación Pública, la Intendencia de Montevideo, el MEC y la Universidad de la República, a “una participación activa y coordinada”.
Además, considera que “una mayor inclusión de actores sociales en el debate, tanto sobre los hallazgos como sobre las políticas públicas relativas a la identidad y las tradiciones culturales del país, contribuirá a enriquecer el análisis y la formulación de preguntas”.
Sobre el pedido de detención de excavaciones, la INDDHH anticipa que “no se expedirá sobre el fondo del asunto”, ya que, como habían señalado la decana interina de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Susana Rostagnol, y el arqueólogo José López Mazz, están “suspendidas por razones económicas”. Aun así, la INDDHH solicita al Estado que, en caso de que estas se retomen, “se rijan por principios éticos y metodológicos que aseguren la preservación del patrimonio y la obtención de información científica rigurosa”.
Por último, en cuanto a la solicitud de un pedido de perdón de Presidencia de la República, el ente observa que el Estado “ha avanzado en esta línea” con las leyes 18.589, sobre la declaración del Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena, y 19.122, sobre la fijación de disposiciones con el fin de favorecer la participación en las áreas educativa y laboral de los afrodescendientes.