Ante la flexibilización de las evaluaciones ambientales de las plantaciones forestales, la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente (Atrama) manifestó que los técnicos de la cartera “no tuvieron ningún tipo de participación en su redacción”.
El 13 de enero de 2025, con la firma del presidente Luis Lacalle Pou; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, y el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, el gobierno aprobó modificaciones a un decreto de 2021, publicado días antes de que Lacalle Pou vetara la ley forestal impulsada por Cabildo Abierto y el Frente Amplio. La nueva normativa establece que la forestación “sin cambio de uso del suelo” de “100 o más hectáreas en un establecimiento o unidad de producción” podrá ser ejecutada “bajo responsabilidad del titular”, aunque la autorización ambiental esté en trámite, únicamente dando aviso al Ministerio de Ambiente.
Los trabajadores recuerdan que, “al igual que sucedió con el decreto de caza en 2022”, desconocen el origen y los fundamentos técnicos de las modificaciones.
Para la Atrama, este nuevo decreto “implica modificaciones sustanciales al ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental de las plantaciones forestales, las que además no se inscriben en ninguna de las estrategias ni lineamientos de protección del ambiente establecidas por la cartera”.
Además, “amputa la posibilidad de realizar las correcciones necesarias a través de la evaluación de impacto ambiental a forestaciones que incumplieron la normativa ambiental de la época, en especial aquellas realizadas sobre suelos con aptitud agrícola”.
Explican que el decreto de 2021 “constituyó una adecuación necesaria a la evaluación de impacto ambiental de la forestación”, impulsada por el exministro de la actual administración, Adrián Peña, “que hoy da marcha atrás sin fundamentos claros”.
Atrama “llama a la reflexión y exhorta a que esta decisión sea revisada”, cierra el comunicado.