El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, y una delegación del Poder Judicial asistieron este miércoles a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, que está estudiando el proyecto de ley de Presupuesto. En ese marco, afirmó que “un Poder Judicial fuerte” no es sólo importante para garantizar el crecimiento económico y la llegada de inversiones, sino también para garantizar “que se respeten los derechos de los trabajadores” y la seguridad pública. Sobre este último punto, en el proyecto de ley presupuestal “es claro que no se ve el sistema de justicia como un todo y no se tiene en cuenta al Poder Judicial y su incidencia en el sistema”, evaluó Pérez, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.
“En efecto, si analizamos la asignación presupuestal propuesta veremos que se evidencia una rebaja significativa en los recursos destinados a la Fiscalía General de la Nación y al Poder Judicial en comparación con el Ministerio del Interior, lo que podría generar tensión”, añadió el presidente de la SCJ. Dijo que a partir de 2027 el Ministerio del Interior recibirá “aproximadamente diez veces más recursos instrumentales que la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial sumados”. “Tal extremo no considera que la persecución delictiva produce una sobrecarga del sistema, sin que ambos integrantes del sistema judicial, Fiscalía y Poder Judicial, tengan los recursos necesarios para afrontar el crecimiento de la demanda; por ejemplo, escasez de jueces y defensores. Esto lleva a aumentar aún más la barrera de acceso a la Justicia y a disminuir la eficiencia de la persecución penal”, señaló.
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El cumplimiento de la ley contra la violencia basada en género
Gabriela Figueroa, secretaria letrada de la SCJ, recordó que La ley 19.580, de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, establece “la creación de estructuras especializadas, con recursos humanos y materiales suficientes que garanticen el acceso a la Justicia de las víctimas”. En ese marco, Figueroa cuestionó que el proyecto de presupuesto no contempla “ningún incremento presupuestal por el sistema de respuesta instalado en la capital del país”.
La funcionaria recordó que se ha registrado un aumento del 30% de las audiencias en esta materia y que las denuncias realizadas en dependencias policiales aumentaron 42% en los últimos diez años, y en el caso de la violencia sexual, se incrementaron 64%. “¿Cuánto tiempo seguiremos postergando la dotación de los recursos imprescindibles para instalar el sistema diseñado por la Ley 19.580, que lleva más de siete años de vigencia?”, cuestionó.
Por otra parte, en la sesión de este miércoles, y al igual que lo había hecho el diputado frenteamplista Fernando Amado tras la reunión, la legisladora oficialista Inés Cortés planteó “el compromiso” de la bancada del Frente Amplio “de rever algunas cuestiones en términos presupuestales” del Poder Judicial “a la luz de los hechos y de las necesidades”.