A finales de la semana pasada, la empresa Katoen Natie –socio mayoritario de Terminal Cuenca del Plata (TCP)– informó a través de un comunicado que, “por resolución de la asamblea del sindicato”, en el puerto de Montevideo no habría atención de camiones durante 72 horas. La empresa y el sindicato se encuentran negociando un nuevo convenio colectivo, lo cual ha suscitado varias idas y vueltas.
Según Katoen Natie, el sindicato ha planteado “la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, recientemente acordada para el sector de la construcción”, así como también un incremento de “la cantidad de jornales asegurados, independientemente de que exista o no trabajo efectivo”. La empresa ha manifestado que “la reiteración de estos planteos, en las actuales condiciones, vuelve a constituir un obstáculo significativo a una negociación de buena fe para alcanzar un acuerdo viable y sostenible”. Las actividades en el puerto de Montevideo se reanudaron en la tarde de este lunes.
En este escenario, Campo Unido, que nuclea a las principales gremiales rurales, manifestó este martes su “profunda preocupación ante la persistencia del conflicto en el puerto de Montevideo y las medidas que afectan su normal funcionamiento”. Mediante un comunicado, las gremiales señalaron que Uruguay “es un país esencialmente agroexportador y su desarrollo depende, en buena medida, de la capacidad de colocar su producción en los mercados internacionales”; en ese sentido, apuntaron que “la interrupción de la operativa portuaria genera atrasos, mayores costos, incumplimientos comerciales y afecta la competitividad y la confiabilidad del país como proveedor”.
“Ante esta situación, solicitamos al Poder Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para asegurar la operativa del puerto de Montevideo, incluyendo la declaración de esencialidad cuando corresponda. El país vive de sus exportaciones y no puede permitir que un conflicto particular comprometa una infraestructura estratégica y la salida de su producción”, concluye el comunicado, que lleva la firma de la Asociación Rural, la Federación Rural, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Asociación Cultivadores de Arroz y la Asociación Nacional de Productores de Leche.
La declaración de Campo Unido tuvo eco en la Cámara de Senadores. Este miércoles, en la media hora previa a la sesión, el senador colorado Robert Silva afirmó que en estos momentos en el puerto de Montevideo existe “una situación dramática”, con “afectación de empleo, de trabajo, de conectividad y de prestigio nacional”. Mencionó que en lo que va del año ya hubo “25 días de paro” y advirtió que la situación “está afectando al país en su conjunto”.
Desde el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), en tanto, se ha señalado que el conflicto, en el marco de la negociación colectiva con la empresa, no ha sido buscado ni deseado por parte de los trabajadores sindicalizados. “Mientras los trabajadores hemos presentado múltiples alternativas viables para garantizar la paz laboral en la terminal, todas han sido sistemáticamente rechazadas por la empresa”, afirmaron en un comunicado.
Desde el Supra también han marcado que, en el transcurso del año pasado, Katoen Natie “registró ganancias por 70 millones de dólares”, mientras que a la Administración Nacional de Puertos (ANP) –el socio minoritario de TCP– “le correspondieron únicamente tres millones de dólares”. “A este escenario inequitativo se suma que las magras ganancias que recibe la ANP deben ser reinvertidas en las obras de expansión de la propia terminal. Es decir, el Estado uruguayo termina financiando y subsidiando el desarrollo de la infraestructura de una inversión privada”, sostiene el sindicato, que cuestiona el modelo de gestión de Katoen Natie de “maximizar la salida de divisas hacia su país de origen, ofreciendo las mínimas condiciones posibles a los trabajadores y al Estado que la cobijan”.