Luego de recibir a una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la Comisión de Frontera con Brasil, el diputado del Frente Amplio (FA) Gabriel Tinaglini anunció este miércoles en rueda de prensa que las medidas económicas para las zonas fronterizas, previstas en la ley aprobada a mediados de agosto, comenzarán a aplicarse en los primeros días de diciembre.
La reglamentación de la ley había sido reclamada por varios legisladores de la oposición debido a la urgencia con que se trató en su momento el proyecto de ley en el Parlamento, y también por las diferencias de precios con Brasil y Argentina. Los últimos reportes de los observatorios de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) marcan brechas de 66% y 35%, respectivamente.
La ley establece tres tipos de medidas: la exoneración –de hasta 75%– de aportes patronales para la contratación de nuevos trabajadores; la reducción –parcial o total– del IVA mediante pagos con tarjetas de débito en pequeños comercios ubicados a menos de 20 kilómetros de los pasos de frontera, y la instrumentación de un régimen especial mediante el cual las micro, pequeñas y medianas empresas “podrán importar definitivamente determinadas mercaderías exentas del pago de tributos y paratributos”, como el IVA y el Imesi.
Durante el tratamiento del proyecto de ley en el Parlamento, el equipo económico había informado que, en una primera instancia, se exonerará de tributos la importación de 12 productos específicos: fideos, porotos, lentejas, cocoa en polvo, café, yerba mate, galletitas dulces y galletitas saladas, así como también pasta de dientes, desodorantes, champú y jabón de tocador. Todas estas medidas requieren necesariamente una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.
Según Tinaglini, presidente de la Comisión de Frontera con Brasil y diputado por Rocha, “la reglamentación sería a partir del 1° de diciembre”. Días atrás, cuando compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, había dicho que hubo un “retraso por algunos temas que tienen que ver con la implementación de la rebaja del IVA”.
El diputado del FA resaltó que a partir del 1° de diciembre “se estarían aplicando” las medidas previstas en la ley, que son complementarias a otras medidas que el gobierno viene implementado desde julio. Sostuvo que “para las localidades de frontera, y sobre todo para Rocha”, dada la proximidad de la temporada turística, esto “va a impactar muchísimo”.
Asimismo, Tinaglini sostuvo que es la “primera vez” que un gobierno “pone ojo en la frontera con Brasil y establece medidas concretas”. “Ahora hay que monitorearlas y hay que tomar definiciones, y si hay que corregirlas, se corrigen”, añadió.
El MEF planteó incorporar la medición del contrabando a la propuesta de la UCU
Este miércoles, el equipo económico compareció ante la Comisión de Frontera con Brasil para dar su punto de vista sobre una propuesta presentada por la UCU en torno a las diferencias de precios en las zonas fronterizas. La UCU pretende extender su trabajo, enfocado actualmente en Salto y Concordia y en Artigas y Quaraí, a otras ciudades fronterizas, como Bella Unión, Rivera, Río Branco y Chuy. Se trata de una “propuesta de investigación integral sobre la dinámica socioeconómica y asimetrías en zonas de frontera de Uruguay con Brasil”.
Consultado al respecto, Tinaglini indicó que “la propuesta concreta es medir los diferentes pasos de frontera con Brasil para poder tener referencias para después aplicar políticas públicas”. Con respecto a la postura del MEF, dijo que “el ministerio dio su punto de vista” sobre “qué cosas habría que ir mejorando de la propuesta para ellos poder utilizar esos indicadores que van a surgir de este trabajo, que va a ser en forma presencial”.
El diputado del FA señaló que desde la Dirección Nacional de Aduanas, que depende del MEF, se planteó la posibilidad de que la propuesta de la UCU incorpore de alguna manera la medición del contrabando. “Que se mida qué tipo de contrabando es y cómo es”, comentó. Tinaglini apuntó, además, que “la idea es juntar a todas las partes”, dado que “hay otros actores que también están midiendo algunos de estos indicadores”.
En tal sentido, la ley aprobada a mediados de agosto establece que el Poder Ejecutivo, en conjunto con los gobiernos departamentales, la Universidad de la República y “las universidades privadas e instituciones académicas con presencia en la zona fronteriza”, deberá promover la creación de un Observatorio Nacional de Frontera, cuyo cometido central será “relevar, analizar y publicar indicadores económicos, sociales y de precios relativos en los territorios fronterizos, al menos con frecuencia semestral, y formular alertas y recomendaciones de política”.
A su vez, la ley establece que el Poder Ejecutivo deberá remitir un informe semestral al Parlamento con datos sobre “la evaluación de los precios relativos y las eventuales diferencias de los mismos con los países limítrofes”.