Este miércoles, el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, brindó una entrevista a Informativo de cierre de la diaria Radio, en la que manifestó su opinión sobre los avances de la inteligencia artificial (IA), y evaluó que el país debe “garantizar condiciones mínimas de soberanía” ante la instalación de centros de datos.
Consultado por su opinión ante la victoria de múltiples iniciativas en rechazo a la instalación de centros de datos masivos durante las elecciones de medio término en Estados Unidos este martes y cómo eso puede reorientar la mirada de las grandes empresas tecnológicas hacia el sur, Álvarez catalogó como “muy positivo” el que “las sociedades se organicen” para efectuar sus reclamos, “pase donde pase”.
Igualmente, remarcó que “hace unos meses el discurso” de parte de varias autoridades en ese país “era exactamente el contrario”. También subrayó que, en la actualidad, los centros de datos “forman parte de la infraestructura global” y “todos utilizamos parte de los servicios” que ofrecen, y consideró que varios de esos servicios son requeridos en el país.
En esa línea, Álvarez destacó el rol que la compañía estatal puede jugar al respecto y que resulta “fundamental” a la hora de “pensar qué puede hacer un país” con las nuevas tecnologías. Así, apuntó a la necesidad de trabajar con una serie de “escenarios de mínima” que “garanticen niveles de sentido republicano”.
El vicepresidente del ente de telecomunicaciones estatal se refirió a la necesidad de que los datos sensibles sean procesados de forma apropiada, de manera que “si se alojan en un data center o se utilizan para procesar información con una inteligencia artificial, se le dé a ese dato el tratamiento que se dice que se le va a dar y que no termine en manos de terceros o sea utilizado para otra cosa”.
“Son condiciones mínimas que el Uruguay debe garantizar, que tiene condiciones para hacerlo”, afirmó, y apuntó a la inversión de 70 millones de dólares que la empresa pública lleva adelante para instalar un centro de datos en Pando como un ejemplo de ello. Respecto de ese proyecto y los posibles reparos en materia ambiental, luego de recordar en términos generales que, más allá de las capacidades para ofrecer, el país también “tiene que exigir condiciones”, el vicepresidente de Antel enumeró una serie de esfuerzos que la compañía estatal lleva adelante para paliar su impacto.
Remarcó que la compañía optó por adoptar un circuito de refrigeración cerrado, algo que “disminuye muchísimo el impacto ambiental derivado hacia el agua”, y que se evalúa instalar techos verdes, con el fin de atenuar cualquier posible huella de calor. “Me parece muy bien que la ciudadanía se organice para tener una mirada atenta con respecto a estas infraestructuras, y hay que exigir el cumplimiento de las normativas que el país ya tiene”, reiteró.
Además, sostuvo que dicha lógica también debe aplicar para el caso de “data center de altísimo porte”. “Habrá que exigir, sin duda, el compromiso de legislación nacional, y me parece que es lo que se hace”, postuló.
El rol del Estado ante las grandes empresas tecnológicas: “Hay que pensar la soberanía en clave regional”
Consultado sobre el acuerdo que el gobierno firmó recientemente con la empresa española Solaria para la instalación de un parque de datos de 500 megavatios y si le genera inquietud cuáles empresas tecnológicas pueden llegar a utilizar sus servicios, Álvarez sostuvo que le preocupa de igual forma que una de ellas “esté instalada acá o en cualquier otro lugar”.
Matizó además que su atención pasa no solo por la existencia de los centros de datos, sino por quiénes los poseen y de qué forma las utilizan. “Estamos en una etapa en la que, quizás por primera vez en la historia de la humanidad, un conjunto reducido de personas que tienen un proyecto tienen las condiciones materiales para impulsarlo”, ilustró. Y advirtió: “El resultado que nos están anunciando es que todo lo que están haciendo puede salir tan mal que lo que están haciendo es pensar para huir”.
Es así que convocó a entablar “más discusiones ordenadas y organizadas” para “pensar alternativas que tengan un sentido práctico para la vida de la gente” por encima de las quejas aisladas. Al respecto, evaluó: “Estas grandes empresas tecnológicas y otras lo que han puesto arriba de la mesa nuevamente es el valor del Estado, porque no hay quien pueda hacer frente a estas grandes empresas”.
“Lo que tenemos que pensar es cómo los Estados podemos trabajar”, reiteró Álvarez, que expresó su interés ante la propuesta efectuada por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre crear una “IA propia”. Dijo que ante eso, “hay que pensar la soberanía en clave regional”, ya que “es imposible que ningún país del mundo pueda tomar decisiones que realmente protejan a sus ciudadanos si no es en clave regional”.
Así, y consultado sobre si entiende que Uruguay puede desarrollar su propia IA, apuntó que “IA hay mucha”, y que si bien le parece “una locura” que Uruguay pueda “llegar a los niveles de inversión de las grandes empresas”, es posible articular con otros países de la región para “desarrollar las tecnologías necesarias” y trabajar “en lo que es relativamente necesario para una vida digna”. “No me cabe ninguna duda de que hay capacidades instaladas. Si es desafiar en la frontera de los nuevos modelos de IA, me parece una carrera innecesaria”, sintetizó.