Tras la intervención del miembro interpelante, el colorado Adrián Juri, y luego de un cuarto intermedio, cerca de las 14.00 el ministro de Trabajo y Seguridad Social tomó la palabra ante el plenario de la Cámara de Diputados. La oposición lo convocó a sala para que brindara explicaciones sobre su gestión “en materia de prevención y resolución de conflictos laborales, sus consecuencias sobre el empleo, la producción, el comercio exterior y la actividad económica” desde el inicio del gobierno.
“Lo hemos asumido como una oportunidad para informar y difundir nuestra impronta, los énfasis y la estrategia de gobierno. Pero también vinimos a escuchar y a tomar nota de las sugerencias que este cuerpo nos haga para mejorar la gestión y la calidad de vida de nuestro pueblo”, afirmó Castillo al iniciar su intervención.
La interpelación había sido anunciada por Juri ante la “falta de una solución” al conflicto que durante meses enfrentó a la empresa y los trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), en el puerto de Montevideo. Finalmente, las partes acordaron una propuesta para un nuevo convenio colectivo en la terminal. El tema del puerto fue el primero que abordó el ministro, aunque marcó la “contradicción” de que “se insista en otorgarle carácter urgente a una cuestión cuya situación ya ha sido resuelta”. En primer lugar, Castillo precisó que “se trató de una negociación colectiva entre una empresa y su organización sindical, y no de un conflicto que involucrara a la totalidad de las relaciones laborales del puerto”.
El ministro sostuvo que la negociación, que fue la primera por un convenio colectivo bajo el actual régimen de concesión extendida hasta 2081, fue “compleja” y con “diferencias importantes sobre la organización del trabajo, las condiciones laborales y las garantías de funcionamiento de la terminal”. “Se ha cuestionado la actuación del ministerio y se ha hablado de ausencia o de intervención tardía, pero los hechos muestran otra realidad: cuando la negociación bipartita se estancó, el ministerio convocó de oficio a una instancia de mediación que comenzó el 10 de junio”. El ministro repasó que desde ese momento hubo más de 40 reuniones, “múltiples contactos bilaterales y gestiones entre las partes”.
Tras dos propuestas del Poder Ejecutivo que no prosperaron, el gobierno estableció “servicios mínimos para procurar la continuidad de operaciones esenciales de la terminal”. “El 23 de setiembre presentamos otra fórmula de acercamiento y el 29 concretamos una propuesta sobre los puntos pendientes; sobre esa base se alcanzó el preacuerdo del 30 de setiembre y, finalmente, el 7 de octubre se firmó un convenio colectivo con vigencia de cinco años”, sostuvo Castillo. El ministro destacó el “resultado” “no solo porque permitió superar el conflicto, sino porque estableció un horizonte de estabilidad y previsibilidad para la empresa y sus trabajadores”, puntualizó.
“Hubo una actuación coordinada del Poder Ejecutivo para respaldar la fórmula que permitió alcanzar el acuerdo; el gobierno es uno solo y lo importante era encontrar una solución”, defendió Castillo. Sobre la duración del conflicto, dijo que “por supuesto que hubiéramos preferido alcanzar una solución antes”. Sin embargo, afirmó que “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no tiene asignada, ni constitucional ni legalmente, la función de arbitrar o sentenciar en los conflictos”. En cambio, “su responsabilidad es generar condiciones para el diálogo, acercar posiciones y contribuir a construir acuerdos duraderos”, señaló el ministro. Aunque no desconoció las “afectaciones en la operativa de la terminal”, que llevaron a “reducciones en determinados indicadores”, Castillo llamó a “distinguir esa situación de lo ocurrido en el conjunto del puerto de Montevideo”, porque “son dos cosas distintas”.
En ese sentido, con base en datos de la Administración Nacional de Puertos, indicó que entre enero y setiembre de 2026, “el conjunto del puerto movilizó 357.006 contenedores, frente a 360.838 en igual período de 2025, es decir, una reducción de 1,1%”. En cuanto al movimiento medido en TEU –unidad estándar utilizada en el transporte marítimo para medir la capacidad de carga–, “pasó de 644.356 a 643.242, una variación de apenas 0,2% negativo, es decir, el movimiento global se mantuvo prácticamente estable”. Asimismo, según datos del sistema Lucía de la Dirección Nacional de Aduanas, en el mismo período y medidas en dólares, “las importaciones ingresadas por el puerto de Montevideo aumentaron un 6% y las exportaciones despachadas crecieron un 4,1%”. Más adelante, en respuesta a una de las preguntas del interpelante sobre el costo del conflicto, el ministro señaló que “no hay una estimación oficial de la pérdida que se hubiera podido generar por los días de paro y no sería apropiado poner en números una expresión de deseo sobre cuál habría podido ser la actividad”.
El ministro también expuso los fundamentos de la decisión de establecer servicios mínimos, en lugar de declarar la esencialidad, como reclamaba la oposición. De acuerdo con los criterios del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “las actividades portuarias no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto”. Sin embargo, “sí pueden considerarse servicios públicos de importancia trascendental cuya interrupción puede poner en peligro otros derechos fundamentales o libertades constitucionales”. En ese marco, la OIT la contempla entre las “actividades que ameritarían la imposición de servicios mínimos”, por lo que el gobierno “se decantó, por primera vez en nuestro país”, por declararlos.
En respuesta a la pregunta de Juri sobre si estaría “dispuesto a decretar la esencialidad” ante un hipotético incumplimiento de las cláusulas de paz por parte del sindicato, Castillo reafirmó que “no corresponde, en principio, su declaración” como servicios esenciales. No obstante, señaló que, ante una circunstancia de ese tipo, “el ministerio pondrá en marcha sus cometidos de conciliación y mediación”.
Una de las últimas preguntas de Juri al ministro fue si “asume alguna responsabilidad política por la duración” del conflicto, a lo que el ministro respondió: “Asumo plenamente la responsabilidad por todos mis actos y decisiones, incluida la firma de un convenio con una vigencia de cinco años, un período que, incluso, supera el mandato para el cual el presidente Yamandú Orsi me designó como ministro de Trabajo y Seguridad Social”.
La conflictividad “forma parte de las relaciones de trabajo y no debe confundirse con la ausencia del diálogo”
Al abordar la situación del puerto, Castillo se refirió a las acciones de la cartera. “Nuestra estrategia parte de una convicción: el trabajo debe estar en el centro del desarrollo del país y de las políticas públicas”, estableció el ministro. Respecto de la descentralización, mencionó que en 2025 y 2026 “se recorrieron las 40 oficinas de Trabajo del interior, en los 18 departamentos”, y se amplió su participación en mesas interinstitucionales, comisiones departamentales y otros espacios de coordinación. A su vez, entre noviembre de 2025 y setiembre de 2026, se inauguraron unidades de atención ciudadana en Vergara, Vichadero, Libertad, Casupá, José Pedro Varela, Santa Clara de Olimar y Minas de Corrales, y se instalaron centros regionales en Maldonado y Paso de los Toros. En convenio con el Instituto Nacional del Cooperativismo y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, también se instalaron puestos de trabajo de dichas instituciones en oficinas del interior del país.
En cuanto a la actuación de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, Castillo señaló que en 2025 se detuvo la tendencia creciente de la incidencia de accidentes laborales que se había registrado entre 2021 y 2024. “Para 2026, se advierten descensos de accidentes mortales en varias ramas, pero persiste una preocupación especial por los siniestros de tránsito en ocasión del trabajo”, puntualizó.
Sobre los resultados de las políticas en materia de negociación colectiva, señaló que de las mesas de la undécima ronda de Consejos de Salarios que finalizaron, “el 84,02% culminó con acuerdos entre las partes”. Destacó el acuerdo tripartito alcanzado en el grupo 22 –ganadería, agricultura y actividades conexas, incluidos los tambos–, que “incorpora beneficios como el set escolar y licencias para cuidados”. En los sectores de citrus y arándanos “se alcanzó un acuerdo de largo plazo, con vigencia hasta junio de 2029, que aporta estabilidad y previsibilidad a las relaciones laborales”, agregó. Por su parte, en el trabajo doméstico destacó “la creación de tres categorías laborales: trabajo general, cocina y cuidados, reconociendo las distintas tareas y su correspondiente valoración salarial”. A nivel general, subrayó que “el 50% de los acuerdos de la primera fase incorporó cláusulas de cuidados y corresponsabilidad; el 39%, de igualdad de género; el 28%, de prevención de la violencia y el acoso; y el 39%, de salud mental”.
“Nuestro compromiso es con un tripartismo real. No se trata de convocar a empresarios y trabajadores para una fotografía. Se trata de garantizar que las partes tengan voz, puedan formular propuestas y reciban respuestas”, afirmó Castillo. Apuntó que la conflictividad “forma parte de las relaciones de trabajo y no debe confundirse con la ausencia del diálogo”. En ese sentido, “la negociación colectiva y el tripartismo son herramientas fundamentales para prevenir, encauzar y resolver los conflictos”.
En materia de generación de empleo, el ministro destacó programas como Yo Estudio y Trabajo, que “ya alcanzó a más de 9.000 jóvenes a lo largo de sus distintas ediciones”; Uruguay Impulsa, para el que se “inscribieron más de 136.000 personas y participaron 5.524 en 268 localidades”, en 2026, y Libertad Segura, la experiencia piloto para personas liberadas del sistema penitenciario. También resaltó los cambios introducidos por la Ley de Empleo Integral, que “simplifica los criterios, habilita la contratación subsidiada en empresas que no tienen trabajadores dependientes, ajusta los cupos según el tamaño de las empresas y permite extender los subsidios hasta 18 meses”.
Entre “otros temas” de la agenda del ministerio, Castillo afirmó que la reducción del tiempo de trabajo “es un debate legítimo sobre cómo distribuimos los frutos de la productividad, cómo organizamos nuestra vida y qué lugar damos al descanso, la salud y los cuidados”. A juicio del ministro, el convenio colectivo de la construcción, que contempla la reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas por semana, “es una experiencia concreta que demuestra la importancia de la negociación colectiva para avanzar en esta discusión”. Aclaró que “no se trata de anunciar una cifra aislada ni de imponer una solución uniforme para todas las ramas de actividad”, sino que “es necesario analizar las jornadas efectivas, la organización de los turnos, la productividad, los salarios, la seguridad y los posibles efectos sobre el empleo”.