A las 11.00 de este miércoles comenzó la interpelación al titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, en la Cámara de Diputados. El ministro fue convocado para evaluar su gestión, fundamentalmente, con relación al conflicto que se desarrolló en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), que mantuvo la operativa portuaria circunstancialmente paralizada varios meses, hasta que se alcanzó un nuevo convenio colectivo entre la empresa y el sindicato.
El miembro interpelante, el diputado colorado Adrián Juri, abrió la sesión con una intervención que superó los 75 minutos. Juri sostuvo que “el vaso se venía llenando desde hace un año y siete meses”, pero la situación en el puerto de Montevideo “lo derramó”.
El legislador hizo 15 preguntas, entre ellas, el costo total del conflicto, la cantidad de trabajadores en seguro de paro o regímenes especiales, los resultados en materia de desempleo juvenil para el primer año de gobierno, el plan del MTSS para “achicar la brecha” de género en lo laboral, y si existe un estudio de impacto sobre el proyecto de despido con preaviso obligatorio.
“Este país miró cómo su principal puerto de contenedores paraba una y otra vez. Miró cómo los barcos pasaban de largo. Miró cómo las navieras más grandes del mundo le escribían al gobierno para avisarle que dejábamos de ser confiables y miró, sobre todo, a un ministro que decía que no había conflicto”, continuó Juri.
El legislador colorado también hizo mención a la conflictividad en la pesca, en mayo de 2025, con “más de 80 días de paro en plena zafra” y pérdidas estimadas de “entre 27 y 40 millones de dólares”. Además, reparó en que en octubre del año pasado estalló el primer conflicto en TCP, mientras que en noviembre “600 trabajadores del frigorífico Canelones fueron al seguro de paro”, al tiempo que “entre fines de 2025 y comienzos de 2026 cerraron o se fueron del país UKG, Verizon y Alorica”.
Asimismo, recordó que, en febrero de 2026, BASF “hizo una revisión de cientos de empleados calificados” y Sabre “despidió a más de 150 personas”; en marzo, el frigorífico Casa Blanca de Paysandú dejó de faenar, y “en junio de este año la conflictividad laboral se duplicó respecto al año anterior”. En julio, en tanto, “700 familias del frigorífico Canelones se quedaron sin cobertura”; en agosto, “12 buques de contenedores cancelaron su escala” en la capital, y en setiembre, “1.300 trabajadores del frigorífico Tacuarembó pasaron al seguro de paro”.
Según Juri, existe “un patrón”, porque “el problema aparece y el ministro convoca”, pero pasa el tiempo, y “cuando el daño ya está hecho, llega una prórroga del seguro de desempleo, una resolución de apuro o una llamada de Torre Ejecutiva”. Sostuvo que poner al Uruguay “en pausa” es “muy preocupante” y “no le sirve al país todo”, desde las empresas hasta las familias del interior. Puntualizó que no se cuestiona el derecho a huelga ni el hecho de que Castillo sea comunista, sino “el modelo con el que gobierna”, porque sus convicciones ideológicas “hoy se traducen en decisiones que definen la política del país”.
“Venimos a preguntarle si en este año y medio fue ministro de Trabajo de todos los uruguayos o siguió siendo el dirigente sindical de toda su vida, porque claramente su gobierno llegó tarde”, manifestó. Entre sus críticas, el diputado colorado hizo énfasis en el conflicto en TPC, que se destrabó cuando, “desde la Torre Ejecutiva”, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, “habló con la empresa belga y el sindicato”.
Juri señaló que las cámaras empresariales y la Unión de Exportadores han estimado que el conflicto costó “entre 400.000 y 500.000 dólares” por día de paro, y apuntó que, con 44 días en total, la cifra alcanza “entre 17 y 22 millones de dólares”. Agregó que, según cifras oficiales, en setiembre de 2025 la terminal especializada movió 25.843 contenedores y en el mismo mes de este año se disminuyó a 19.769 contenedores, una caída de unos 6.000. Además, remarcó que en setiembre de este año cinco navieras advirtieron que Uruguay “empezaba a ser percibido como un enclave logístico poco confiable”.
En cuanto al cierre de empresas, si bien reconoció que hay múltiples causas, Juri preguntó “qué hizo el Ministerio de Trabajo para que no se fueran”, y también cuestionó la propuesta del despido con preaviso (que todavía no se ha formalizado a nivel parlamentario). A su entender, el Poder Ejecutivo “le bajó el pulgar”, porque hay “diferencias” de posturas entre jerarcas.
Con respecto a la resolución sobre servicios mínimos en el puerto de Montevideo, el diputado colorado señaló que el MTSS los decretó “sin ley”. Definió la resolución como una “construcción jurídica de apuro, sin bases legales expresas, que el sindicato termina rechazando y hace un paro nacional”.
“Lo que pasó en el puerto no fue un error de gestión, fue la consecuencia logística de una ideología. El ministro cree que la sociedad se divide en clases enfrentadas; nosotros creemos en un ministro de Estado, que no tiene que defender solo a los sindicalizados”, insistió Juri. Afirmó que el tema de fondo es “qué papel debe cumplir el Estado frente a los conflictos laborales y a quién debe representar un ministro de Trabajo”.
“La política se juzga por los resultados y los resultados son estos: ocho meses de conflicto, 44 días con interrupciones o de paro, 12 buques que pasaron de largo en un mes, cinco navieras advirtiendo que dejamos de ser confiables, servicios mínimos que llegaron tarde y sin ley, una solución que tuvo que salir de Presidencia y, hasta hoy, ni un solo número oficial de lo que le costó al país”, resumió el legislador colorado, en su primera intervención.