A menos de 24 horas de que la Cámara de Diputados lo votase con varios cambios a la redacción original, el Senado aprobó este miércoles, como tercera y última cámara, el proyecto de ley de empleo integral, que fue presentado por el Poder Ejecutivo a mediados de marzo. Al igual que en la primera votación en la cámara alta, y que en la discusión que hubo en la tarde de este martes en la cámara baja, el Senado sancionó la iniciativa por unanimidad (29 en 29) y de este modo dio por terminado el proceso legislativo. Ahora solo resta que el Poder Ejecutivo promulgue la ley.
Al momento de la votación, el senador del Frente Amplio (FA) Eduardo Brenta informó en el plenario sobre algunas de las modificaciones que fueron introducidas en la Cámara de Diputados, las cuales también fueron aprobadas por unanimidad.
En términos generales, el proyecto –por el cual el equipo económico ya accedió a destinar diez millones de dólares– establece un régimen de estímulos para la contratación de trabajadores por parte de las empresas. En el caso de jóvenes de entre 15 y 24 años en una situación de desempleo superior a tres meses, por ejemplo, se otorgará un subsidio de hasta un cuarto de las retribuciones mensuales del trabajador, que aumentará hasta un tercio en el caso de las mujeres. Del mismo modo, se disponen subsidios para personas afrodescendientes, trans, en situación de discapacidad, privadas de libertad y también recientemente liberadas del sistema carcelario.
Brenta señaló que en la cámara baja se incorporó a “las madres, padres, tutores o tutoras a cargo de personas en situación de discapacidad menores de 15 años de edad”, ya que se trata de “un colectivo vulnerable a la hora de enfrentar su inserción laboral”.
Asimismo, el legislador frenteamplista apuntó que en el pasaje por la Cámara de Diputados se aumentó de 15% a 20% la proporción de la plantilla que las empresas con más de 99 trabajadores podrán contratar bajo el esquema de subsidios previsto en la ley. El porcentaje varía en función del tamaño de la empresa; aquellas empresas que tienen hasta cuatro empleados, por ejemplo, pueden contratar hasta el 50% de la plantilla.
Por otra parte, Brenta señaló que se añadió a texto expreso que las personas privadas de libertad que sean contratadas mediante la ley no podrán recibir una remuneración menor al salario mínimo nacional. El senador del FA explicó que esto se agregó en vista del Decreto-ley 14.470, “por el cual las empresas tenían la posibilidad de abonar un medio salario mínimo nacional”.
También se introdujo una modificación vinculada al programa Yo Estudio y Trabajo, que comprende a personas desempleadas entre 15 y 24 años de edad que no hayan cotizado a la seguridad social por un plazo mayor a tres meses y que se encuentren cursando estudios o figuren inscriptas para iniciarlos en instituciones públicas o privadas de enseñanza formal o no formal. Brenta señaló que, en este caso, para el sector privado “se define el mecanismo de sorteo como método de selección, así como los porcentajes de subsidios a los que podrán acceder las empresas contratantes”.
“El gran desafío es ver cómo esta ley impacta”
Por otra parte, Brenta señaló que, a instancias de la oposición, en el proyecto se estableció que “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá controlar los laudos y la carga horaria semanal establecida en los contratos”. Además, se dispuso que la cartera y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional deberán recopilar la información relativa a la aplicación de la ley.
Esto último fue especialmente valorado por el senador del Partido Colorado Robert Silva, quien advirtió que, “si esta ley no le sirve al sector empleador de este país, queda en letra muerta”. En ese sentido, sostuvo que “el gran desafío es ver cómo esta ley impacta, cuán utilizada es, cuán difundida es, y a partir de eso saber que estamos aprobando una ley que impacta en la vida de la gente”.
En la misma línea, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi afirmó que la puesta en marcha de esta política pública en materia de empleo “es fundamentalmente un tema de gestión”, de forma tal de que la ley llegue al “Uruguay profundo” y a las pequeñas y medianas empresas. “Tenemos que efectivamente exigir, y nosotros también colaborar, con la información” sobre la legislación vigente, afirmó Bianchi.