Luego de que el gobierno presentó la segunda ampliación de la denuncia penal al astillero Cardama por presunto fraude o estafa en la garantía del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas, la compañía española presentó en las últimas horas una nota de citación para una audiencia de conciliación prevista para marzo, dirigida al Ministerio de Defensa Nacional, según informó El País y confirmó la diaria.
En diálogo con la diaria, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, relató que se presentaron en la sede de la cartera representantes jurídicos del astillero español: “Un abogado y una escribana trajeron una nota con una cita de conciliación para marzo, en la que estuve de acuerdo en firmar”, dijo.
Lazo agregó que firmó el documento y “ahí terminó, no fueron más de cinco minutos”. Para la ministra, “son pasos normales que se dan cuando hay una situación como la que está planteada; pero eso fue lo último que ha sucedido”.
El artículo 293 del Código General del Proceso establece que previamente a comenzar un proceso se deberá pedir una audiencia para intentar la conciliación con el futuro demandado, quien será citado en su domicilio.
En las últimas declaraciones vinculadas al caso, el 22 de diciembre, Lazo manifestó que no se continuaría pagando a la empresa, porque “entendemos que hay hitos que no se han cumplido”, y esperarán la resolución judicial.
Por su parte, Mario Cardama, dueño del astillero, confirmó la petición de conciliación en diálogo con la diaria; la empresa mantiene la postura de “llegar a un acuerdo con el Estado uruguayo”, dijo. Agregó: “Siempre hemos querido conciliar, mediar, estar, reunirnos; es lo que nos hemos propuesto desde el primer momento, en todos los medios y de todas las formas”.
“El paso lo tiene que dar el Estado uruguayo si quiere realmente negociar con nosotros o no”, expresó el empresario español. “Pero nosotros seguimos trabajando en las patrulleras para entregarlas a la mayor brevedad posible”, añadió.
En relación con la información de una posible demanda al Estado uruguayo, Cardama dijo “ni afirmo ni lo desmiento”, ya que “en este momento todo se maneja”.
Repercusiones en la oposición tras la notificación de conciliación
Diferentes integrantes de la oposición se pronunciaron en sus cuentas de X ante la citación de conciliación presentada por la empresa y una eventual demanda al Estado uruguayo.
El senador nacionalista Javier García, quien interpeló a la ministra Lazo por este tema el 11 de diciembre, indicó que la conferencia de prensa del 22 de octubre en la que el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció la voluntad del gobierno de rescindir el contrato con Cardama “sólo tenía un fin político, y las consecuencias serán muy negativas: nos vamos a quedar sin patrullaje, sin OPV [sigla en inglés por offshore patrol vessel], cuestionada la seriedad jurídica de Uruguay y además perderemos lo invertido”.
El diputado de las mismas filas Gabriel Gianoli, por su parte, señaló: “No cuidaron los intereses de Uruguay; tendrán que explicar por qué no quieren las patrulleras; también se enfrentarán a demandas millonarias por la decisión política a la que llevaron al presidente”.
El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, apuntó a que “salieron a lo loco con una denuncia penal y anunciando una rescisión del contrato, sin intimar ni probar el incumplimiento. La demanda civil era obvia y nos va a salir carísimo”.
En tanto, la senadora blanca Graciela Bianchi también se refirió al tema y publicó: “Nuestros brillantes gobernantes, algunos con título de abogado, pueden aprender algo: PRIMERO se notifica”.
Jorge Díaz: “¿Por qué siguen defendiendo los intereses de una empresa privada extranjera que ha incumplido?”
El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se manifestó en su cuenta de X sobre el tema; publicó una serie de preguntas y dijo que las autoridades continúan “esperando las respuestas”.
Algunas de ellas son “¿cómo llegó Cardama al MDN [Ministerio de Defensa Nacional]?”, “¿por qué se eligió una empresa sin ninguna experiencia en la construcción de estos buques y que había quedado muy atrás en el proceso anterior?”, “¿se arrastró al expresidente [Luis] Lacalle [Pou] a hacer una conferencia de prensa en la que se anunciaron cosas que no se cumplieron?”.
Otras preguntas fueron: “¿Por qué se aceptó una garantía sin controlar solvencia, reputación y potestad de dar avales?”, “¿quién se hace responsable de aceptar una garantía trucha entregada en mano?”, “¿por qué siguen defendiendo los intereses de una empresa privada extranjera que ha incumplido?”.