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Archivo, junio de 2022.

Foto: Ernesto Ryan

Director de la oposición denunció “recortes” en la nueva edición del plan UTE Premia y dijo que “la gente va a pagar más”

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Darío Castiglioni sostuvo que la empresa estatal “está en un muy buen momento económico” y cuestionó que “se castigue a hogares y a pymes cuando desde el año 2012 se viene aplicando una política de beneficios a los buenos pagadores”.

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El director de UTE en representación de la oposición, Darío Castiglioni, denunció “recortes” en la nueva edición del plan UTE Premia, que fue aprobada el miércoles en el directorio de la empresa pública sólo con los votos de los directores del oficialismo. A diferencia de años anteriores, el programa incluye una disminución de la bonificación del 100% para algunos clientes.

De acuerdo con la resolución, las bonificaciones para clientes particulares con tarifa de consumo básico residencial y con tarifa de medianos consumidores se redujeron del 100% al 75% del cargo mensual y del cargo fijo, respectivamente, lo cual se traduce en un aumento.

No hubo cambios en el beneficio del 100% del cargo fijo y del cargo de potencia contratada para los clientes particulares con tarifa residencial simple, tarifa residencial doble horario o tarifa residencial triple horario, así como los que tienen tarifas no residenciales general simple u hora estacional con potencia contratada menor o igual a 4,6 kW. A su vez, para los clientes con potencia contratada mayor a 4,6 kW, la bonificación es del 100% del cargo fijo.

En diálogo con la diaria, Castiglioni dijo que, si bien está de acuerdo con la aplicación del plan que premia a los buenos pagadores, no comparte el cambio introducido por el Poder Ejecutivo. “No estoy de acuerdo con que en esta oportunidad se le redujo un 25% [la bonificación] a los buenos pagadores respecto a años anteriores”, expresó.

“No se bonifica el cargo por potencia contratada para los hogares y pymes que superen la potencia a 4,6 kW, o sea, en las tarifas residenciales y generales; se reduce un 25% la bonificación del cargo mensual a los clientes con tarifa de consumo básico, la tarifa TCB [de consumo básico]; y se reduce también un 25% la bonificación del cargo fijo para los medianos consumidores, las mipymes, que no son grandes consumidores”, explicó.

Castiglioni dijo que lo que lo “llevó a no votar estos recortes” fue que en “el valor del descuento promedio en la factura de diciembre con respecto al año pasado, la población tenía un descuento en el entorno de los 707 pesos en diciembre del 24, y en esta oportunidad es de 542 pesos”.

A su modo de ver, no es razonable “castigar en ese momento del año” a las personas “sin que la situación financiera de UTE lo amerite”. “Si me dijeras [que] UTE está en un mal momento y UTE necesita de alguna manera recuperar, [pero es] todo lo contrario: UTE está en un muy buen momento económico y no hace falta que se castigue a hogares y a pymes cuando desde el año 2012 se viene aplicando una política de beneficios a los buenos pagadores. Por eso es que no encuentro razonable que se apruebe una pérdida de los beneficios para los buenos pagadores”, apuntó.

Según un documento que se elevó al directorio, y al que accedió la diaria, para la edición 2025 del plan se estudiaron “diferentes alternativas” que estuvieron “en concordancia con la recomendación de la gerencia comercial de definir su permanencia en las mismas condiciones o en forma más restrictiva”. Los cambios que se hicieron al plan fueron acordados entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Industria, Energía y Minería y UTE.

En ese marco, el MEF planteó objeciones con respecto al impacto del beneficio en la resignación fiscal, y también por la distorsión que genera en el Índice de Precios al Consumo. La cartera argumentó que la aplicación de la rebaja en las tarifas eléctricas impacta a la baja en la inflación y que, al finalizar la bonificación, ese efecto se revierte.

Consultado al respecto, Castiglioni señaló que UTE Premia no se trata de “una cosa que se innove”, dado que “se sabe desde hace mucho tiempo”. Dijo que si el Poder Ejecutivo “pretendía hacer algo”, podría haber “buscado una solución, se hubiese dado una alternativa y la gente no se encontraba en el mes de diciembre con esta pérdida”.

“Por ejemplo, en algún momento se pudo manejar un sorteo para buenos pagadores, alguna otra alternativa”, sugirió; y resaltó que “por lo que siempre se queja” la población es sobre “cuál es el beneficio al buen pagador”, y que en este caso “el buen pagador se ve castigado”. “No tiene lógica de buenas a primeras ahora ya en diciembre que la gente se encuentre con que va a tener indirectamente una disminución de descuento; la gente va a pagar más”, insistió.

“Cuando se planteó en el directorio, lo que dije es que yo siempre voy a estar de acuerdo en beneficiar a los buenos pagadores, siempre voy a estar de acuerdo en otorgar beneficios para los clientes, pero lo que no voy a estar de acuerdo es perjudicarlos o quitarles beneficios que ya tenían”, valoró; y dijo que “independientemente de la administración”, el beneficio ha pasado por varios gobiernos y los clientes de UTE “contaban con esos beneficios”.

Presidenta de UTE: “Es importante focalizar a quienes tengan menos ingresos”

Por su parte, la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, indicó en rueda de prensa que el plan “va a implicar a las familias y a las pequeñas y medianas empresas una bonificación en su factura compensando de alguna manera su hábito de buen pagador en el último año”.

“Lo importante a destacar es que logramos llegar a un beneficio a toda la población, de repente, de manera más focalizada para aquellos que tienen una potencia contratada menor a 4,5. En el caso de los residenciales, se les va a bonificar todo el cargo fijo y todo el cargo por potencia, lo que les va a implicar una reducción de un 25% más o menos en su factura”, explicó.

Cabrera dijo que, entre familias y pequeñas y medianas empresas, se va a beneficiar en total a 700.000 clientes, “un número bastante relevante”. Sobre cuánto implica en términos económicos, la jerarca señaló que implicaría entre ocho y nueve millones de dólares. Dijo que, si bien “es un importe importante”, “la ciudadanía se lo merece”. “Es importante focalizar a quienes quizá tengan menos ingresos o tengan una potencia contratada menor”, agregó.

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