Este viernes se cerró una nueva semana de tratamiento de la Rendición de Cuentas 2025 en el marco de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados. Por parte del Poder Ejecutivo, la última comparecencia tuvo lugar el jueves por parte del Ministerio del Interior (MI). Entre otros temas, uno de los que más acaparó la atención fue la creación del Instituto Nacional de Reinserción, forma descentralizada del actual Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Si bien en el sistema político hay consenso sobre este paso, la oposición cuestionó la forma en la cual el proyecto de ley llega a la descentralización y acusa de eventuales inconstitucionalidades. El primero en poner el tema sobre la mesa –según consta en la versión taquigráfica de la sesión– fue el diputado nacionalista Pablo Abdala, quien cuestionó que el artículo 100 de la Rendición de Cuentas –que establece las características del instituto– le dé potestades a la figura del presidente del directorio para designar jerarquías y no así al conjunto del directorio.
Abdala se detuvo en que tanto tres cargos de gerentes como también el encargado de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas –entre otros– dependerán directamente del presidente del Instituto de Reinserción y no así del directorio. “Creo que es contradictorio con los principios generales que rigen en materia de derecho administrativo en cuanto a la actividad de nuestros entes autónomos y servicios descentralizados del artículo 220 de la Constitución”, señaló el diputado.
El diputado nacionalista dejó claro que, sin querer ser “ave de mal agüero” y entendiendo la “urgencia” que tiene la descentralización, cree que “esta propuesta así como está es imposible que se vote”.
El colorado Conrado Rodríguez también cuestionó las “facultades extraordinarias” que se le da al presidente del directorio. “A lo mejor ahí existe la posibilidad de rever estos artículos y dotar al directorio de las más plenas facultades; es la mayoría del directorio la que conforma la opinión de este y la voluntad a la hora de emanar actos jurídicos que luego generen consecuencias jurídicas”, remarcó.
Rodríguez también aclaró que las potestades exclusivas del presidente del directorio no tienen que ver solo con la designación de jerarquías, sino también con la cuestión “disciplinaria” y “la posibilidad de establecer subrogaciones”. En ese sentido, resumió lo dispuesto como “bastante inusual”.
Ana Juanche, directora del INR, cedió la explicación de las cuestiones técnicas a Diego Gonnet, asesor en materia de fortalecimiento institucional y mejora de la gestión del MI. El funcionario detalló que la decisión fue tomada “en conjunto” con distintos técnicos – entre ellos, de Servicio Civil – y puntualizó que lo que se pretende es que “sea un colegiado, que se encargue del gobierno a nivel estratégico y que dentro de ese colegiado haya otro órgano, que es el órgano de la Presidencia”.
Gonnet remarcó que, dada la “sensibilidad” de la función específica del directorio vinculada a la “privación de libertad”, es necesaria “una línea de mando muy firme y muy clara”, por lo que se entiende que “los aspectos operativos de la gestión no deberían entrar en debates colegiados” quedando en manos del presidente del directorio, y citó el artículo 60 de la Constitución.
“Nunca hemos visto esto ni en nuestra formación ni por la experiencia que tenemos. Vamos a hacer las consultas pertinentes”, planteó el diputado Rodríguez en relación con la interpretación constitucional. Abdala señaló que lo que aparece previsto en la Constitución para los entes y servicios descentralizados son los “directorios o de directores generales”. Por el contrario, reafirmó que en ningún caso se hace referencia a “un híbrido” en el que un directorio tenga al mismo tiempo “un presidente con superpoderes”. “Eso es totalmente inconstitucional”, sentenció.
“No quiero hablar de mala fe ni mucho menos, pero si el propósito es que el modelo sea el de director general encubierto para que la doctora Juanche siga siendo la directora del INR, que se diga”, sumó el representante blanco. “Creo que si nos sentamos a conversar, lo vamos a poder corregir, porque nosotros queremos votar”, agregó. Desde el Frente Amplio el diputado Mariano Tucci planteó: “Nosotros nos comprometemos a poder reflexionar con el Poder Ejecutivo en torno a este tema”.