El gobierno se apresta a dejar sin efecto la resolución de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) que habilita el cobro de timbres profesionales en actuaciones médicas. Así lo afirmó el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Marcos Franco, a la diaria, tras una reunión entre el sindicato y autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.
El encuentro estuvo motivado por la preocupación que genera en el sindicato la posible aplicación de la medida, ya que entienden que resultaría perniciosa a la hora de garantizar el acceso a la atención integral, dispuesto en la Ley 18.335 como uno de los derechos de los usuarios de los servicios de la salud, explicó Franco. En concreto, la resolución de la CJPPU disponía la aplicación del timbre profesional a los informes emitidos por profesionales vinculados a consultas médicas y demás prestaciones asistenciales a partir del 1° de agosto y debió ser ratificada, por segunda vez y por cinco votos contra dos, luego de que los representantes del Poder Ejecutivo en el directorio solicitaran su reconsideración y optaran por no acompañarla.
Franco reveló que el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, uno de los asistentes en representación del gobierno, dijo durante la reunión que la resolución “va a quedar sin efecto” mediante un decreto, que probablemente será promulgado la semana entrante. “Nos dio la certeza de que esto queda sin efecto”, aseveró el secretario general de la FUS, que calificó la reunión como “bastante productiva”.
La decisión del Ejecutivo no es una novedad, ya que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, indicó esta semana que el gobierno había definido actuar al respecto. No así el mecanismo: entonces, Sánchez había expresado que la forma en la que la decisión iba a ser revertida aún no estaba definida, que se iba a intentar lograr que el directorio del ente revirtiera la medida y adelantó que, de no lograrse, era “altamente probable” un decreto.
También indicó que en la reunión Vallcorba aseguró que la CJPPU no se ve afectada por ningún desequilibrio económico y financiero que motive una medida como la propuesta y que el jerarca recordó que el ente aún cuenta con apoyo del Estado en ese sentido. “Todo aparentaría ser que [la medida] es con un afán de tener un colchoncito de reserva por las dudas”, conjeturó.
No obstante, más allá de su satisfacción con la decisión del Ejecutivo, el dirigente sindical advirtió que supone solo “un parche” y convocó a instalar una instancia de diálogo nacional que permita “discutir, analizar y repensar” el sistema de salud con diferentes actores, con especial énfasis en la necesidad de “darles mayor accesibilidad a los usuarios y que nadie quede [sin] atenderse por una cuestión económica”. “Sin dudas ese fue y es nuestro principal objetivo”, acotó.
Con respecto a la postura de la CJPPU, que en un comunicado a la opinión pública difundido el mes pasado indicó que el cobro de los timbres obedece al “cumplimiento de una obligación tributaria preexistente”, Franco dijo que, si bien esto es así, de todas formas la norma “se contradice” con la Ley 18.211 que dispone como principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) “la accesibilidad [y] la universalización de la salud”. “El espíritu humanista que tiene la ley del SNIS tiene que ir por encima de lo que es la ley recaudatoria de la CJPPU, que tiene una finalidad estrictamente privada”, argumentó.
Es así que, luego de que se le consultara acerca de si resulta necesario innovar en algún sentido para evitar que se den nuevas contradicciones como la que describió, destacó que la FUS encomendó a su equipo de abogados “la búsqueda y la exploración de la elaboración de una ley de protección a las acciones en salud”, ya que desde el sindicato entienden “oportuno” “generar condiciones para que no ocurra esto”. “Nosotros lo hemos planteado, se lo vamos a plantear al presidente de la República; incluso hemos hablado con algunos legisladores, y bueno, por ahora lo tenemos en estudio”, indicó.