En el documento final del Diálogo Social, instancia que impulsó el Poder Ejecutivo (PE) para consensuar políticas en diversas áreas entre las que se incluye el sistema previsional, no se profundizó en la situación del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. El director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Leonardo Di Doménico, dijo que, al igual que el servicio de jubilaciones de la Policía, se trata de “subsistemas con características muy particulares” y “unidades ejecutoras de dos ministerios”.
“Obviamente eso requiere un abordaje integral desde la plataforma presupuestal de estos ministerios, más allá de que reciben asistencia directa de Rentas Generales para poder cumplir en tiempo y forma con el pago de las prestaciones”, acotó. Sin embargo, el jerarca del MTSS dijo que el Diálogo Social “no tiene por qué quedar en esta única versión y puede haber más instancias”, dado que la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, órgano consultivo en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que asesora a Presidencia de la República, “no se extingue y continúa vivo”.
Di Doménico señaló que no descartan que este y otros temas que “también son relevantes desde el punto de vista humano y material” puedan “seguir siendo analizados”, pero reparó en que necesitaban establecer una agenda “finita” de asuntos a abordar. “Por la caracterización operativa y financiera de estos servicios de retiro, necesitábamos tener mejores condiciones de abordaje y obviamente espacios de articulación política mayores a los que previmos para este Diálogo Social”, definió.
Di Doménico también participó en la Comisión de Expertos en Seguridad Social que analizó la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y tuvo su última reunión el viernes 15 de mayo. Al respecto, dijo que recibieron a múltiples delegaciones interesadas y el trabajo fue “profundamente democrático”, pero muchos planteos “venían estructurados conceptualmente sin ningún soporte técnico”.
“Heredamos esta situación sin resolver de la caja profesional. En menos de 45 días elevamos al Parlamento un proyecto de ley que resolviera, en la construcción de equilibrios contributivos adecuados, la situación de default”, reconstruyó.
Por otro lado, dijo que hay propuestas impulsadas por los directores que pretenden “que la sociedad siga trasladando recursos”. Entre ellas, aseveró que la resolución tomada por la directiva para incluir historias clínicas y registros asistenciales como documentos alcanzados por el timbre profesional es “formalmente irregular y fácticamente inconveniente”, por lo que convocaron a que en la sesión de hoy se deje sin efecto, o el PE “establecerá los mecanismos de reversión”.
Di Doménico catalogó esta medida como “inadmisible”. Explicó que implicaría que, frente a cada registro médico, se abone un ticket de 170 pesos, y calculan, de acuerdo con las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud Pública (MSP), un “impacto de transferencia de entre 60 y 100 millones de dólares por año de la sociedad a la caja profesional”. Reiteró que el directorio “no tiene facultades para resolver instrumentalmente esto” ni establecer los montos, y que desde el punto de vista político resulta “absolutamente inconveniente”.
La reforma previsional del período pasado “agrava” el déficit estructural de la previsión social
“Estamos hablando, a través de la Rendición de Cuentas, de transferencias en materia de protección a las infancias en situación de vulnerabilidad, y a través de una iniciativa legal estamos previendo la incorporación de dos iniciativas que tienen que ver con el adelanto de la edad de retiro y la protección de trabajadores independientes, concretamente la estructuración de un subsidio de desempleo”, acotó Di Doménico sobre las prioridades del gobierno en base a los resultados del Diálogo Social.
Respecto a la creación de una causal para jubilarse a los 60, Rodolfo Saldain dijo a la diaria que implica una “apuesta muy fuerte a los incentivos” y que en el mundo “está demostrado que no funcionan”. Di Doménico respondió que Uruguay tiene la “determinación” de generar espacios que lo “distinguen en cuanto a la calidad democrática de la resolución de las tensiones” sobre seguridad social en una sociedad con “un envejecimiento muy marcado” e “intereses contrapuestos”. Consideró que lo anterior configura una “identidad propia” y “no se puede trasladar mecánicamente experiencias de otros países”, aunque, con relación al pilar de ahorro individual, una parte de las propuestas que sintetizó la instancia se vinculan a “experiencias de países que han avanzado en cuanto a la eficiencia de la gestión”.
Además, puntualizó que el proceso gestacional de la última reforma previsional en el período de Luis Lacalle Pou fue una “experiencia negativa” porque “no tuvo un continente de interacción democrática como tienen estas iniciativas” ni contó con “la interacción política y social”, las “instancias técnicas tan abiertas y expresivas” de la iniciativa, y tampoco “la posibilidad de que organizaciones representativas vinculadas a la minoridad, la discapacidad y el sistema de cuidados participaran activamente”.
Por otro lado, señaló: “Lo que no dice Saldain y lo que no dicen los defensores de la Ley 20.130 es que los servicios actuariales del Banco de Previsión Social recientemente han demostrado que, lejos de disipar el déficit estructural de nuestra previsión social, lo agrava”, porque “postergando la edad de retiro no se revierte”.
“Nosotros tenemos previsto el impacto que tendría esta iniciativa desde el punto de vista actuarial y, como dijo nuestro ministro de Economía, no mueve la aguja ni genera un impacto mayor en lo que hace a los resultados a futuro”, puntualizó sobre su costo.
Finalmente, adelantó que, sin shocks demográficos, en “2070 vamos a ser menos habitantes” y habrá “más pasivos que población económicamente activa”. En esa línea, afirmó que tienen “especial determinación en explorar, no en esta administración sino en las próximas, la búsqueda de mecanismos no contributivos y mecanismos contributivos nuevos no ligados a la evolución del empleo ni el salario”, para lo cual es necesario abordar “cómo el país se prepara para dar un salto de producción y productividad”.