Diez horas después de la aprobación en general del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, la Cámara de Diputados inició el tratamiento en particular del articulado. En la sesión del martes, que se extendió por casi nueve horas, los diputados abordaron los artículos correspondientes a las disposiciones generales del proyecto, los funcionarios del Estado, Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
El inciso de Presidencia contemplaba la creación de dos nuevos organismos bajo su órbita: la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay (Onadu) “como órgano independiente encargado de la prevención, control, educación y lucha contra la práctica del dopaje en el deporte”; y la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales para “recibir, administrar, gestionar y disponer los bienes de carácter inmueble, que el Estado le transfiera a cualquier título”, entre otros cometidos.
La Coalición Republicana (CR) rechazó ambas iniciativas en el entendido de que “no se tiene que seguir creando personas públicas no estatales”, dijo el diputado colorado Conrado Rodríguez. Respecto de la Onadu, la propuesta del Partido Colorado –compartida por la CR– fue que el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) contenga a la organización “como una gerencia”, señaló Rodríguez. El diputado del Frente Amplio (FA) Carlos Reutor argumentó que es “inviable” que el LATU asuma la competencia de la organización, porque “las normas internacionales no admiten que pueda un laboratorio ejercer las potestades como organización antidopaje”, entre otras cosas, porque “tiene que tener una independencia operativa” y “separar los conflictos de intereses”.
Desde la oposición rebatieron que la propuesta de creación de la Onadu no asegura su independencia, ya que es el Poder Ejecutivo el que designará a su director nacional de una lista de tres nominados por el Comité Olímpico Uruguayo y la Secretaría Nacional del Deporte. “O sea, lo va a designar el Poder Ejecutivo, más allá del disfraz que este procedimiento puede llegar a representar”, dijo el diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala.
La diputada del FA Natalia Díaz aseguró que la Onadu “es una respuesta concreta a una situación grave, porque Uruguay fue incluido en la lista de incumplimiento de la Agencia Mundial Antidopaje, con consecuencias que van desde no poder hacerse de campeonatos internacionales hasta no poder exhibir nuestra bandera en competencias como los Juegos Olímpicos o competencias mundiales”. En ese marco, la organización permitiría “cumplir con los estándares internacionales, proteger la salud e integridad de nuestros deportistas y defender el prestigio del deporte uruguayo en el mundo”, afirmó.
Finalmente, la votación de la creación de la Onadu se postergó para el final del tratamiento en particular de la rendición.
Aprobación de la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales
En cuanto a la agencia para la gestión de inmuebles, Abdala la consideró de “una inconstitucionalidad mayúscula”. “No es solo hacerle una finta al derecho público y al derecho administrativo referido a las reglas de la contratación administrativa, es crear una norma paralela, una estructura paralela, un procedimiento paralelo al que establece el Tocaf [Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera] para la realización del patrimonio del Estado, para la enajenación o la venta de los bienes públicos, que es el de la licitación o el remate”, señaló el nacionalista.
El diputado del FA Joaquín Sequeira sostuvo que la agencia da continuidad al Programa de Racionalización de uso de Bienes Inmuebles del Estado creado en el período anterior, por lo que “llama poderosamente la atención la resistencia que hay a la creación de la agencia”. “Es casi de sentido común darle continuidad a un programa que comenzó el gobierno anterior, que tuvo cosas buenas pero no cumplió con la totalidad de sus cometidos”, afirmó.
Sequeira explicó que la pretensión del Poder Ejecutivo es “dotarla de la posibilidad de generar interoperabilidad, esta interconexión entre los organismos públicos para ver cuáles son los inmuebles que tienen, cuáles son las necesidades edilicias que tienen y tratar de cruzar esa información y tomar decisiones más eficientes y más racionales”. “No puede ser que estemos pagando alquileres al sector privado cuando tenemos a pocos metros inmuebles públicos totalmente abandonados que generan costos”, consideró Sequeira.
Desde la oposición, Abdala respondió que el problema del “patrimonio muerto que tiene el Estado” no es “excusa para crear un pequeño monstruo como este que se nos pretende hacer aprobar ahora, que termina siendo una especie de mono con metralleta, porque quien vaya a ocupar la presidencia de esta agencia va a tener más poder que el propio secretario de la Presidencia. “Se está creando la súper inmobiliaria del Estado, y lo preocupante es que se hace como figura pública no estatal”, enfatizó el diputado colorado Gabriel Gurméndez, quien cuestionó que la agencia podría “evadir el control preventivo de legalidad del Tribunal de Cuentas”, así como “no tener que apelar al Tocaf para elegir socios privados” y “eludir eventualmente la rendición de cuentas” ante el Parlamento.
La Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales fue aprobada con los votos de los diputados de Cabildo Abierto (CA), Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita.
Secreto bancario
Otro de los temas controvertidos de la sesión fue la posibilidad de que las entidades supervisadas por el Banco Central del Uruguay puedan “suministrar información protegida por normas de confidencialidad o secreto bancario a sus casas matrices, sucursales, subsidiarias u otras entidades del grupo económico, tanto en Uruguay como en el exterior, quedando relevadas de dichas obligaciones”, a efectos de prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Rodríguez señaló que la iniciativa supone una “excepción” al secreto bancario para la cual “no hay autorización judicial”. “Y esto nos parece sumamente grave, porque, entre muchas cosas, no está definido cuáles son las otras entidades del grupo económico”, señaló el diputado colorado, y agregó que “la indefinición de los destinatarios de esta información, incluso la falta de posibles sanciones a aquellos que revelen la información de manera que vaya por fuera de la normativa, establece una violación a un derecho que es de raigambre constitucional y que nos parece a nosotros que es de suma gravedad”.
Abdala consideró “inconveniente” el artículo y de una “preocupante amplitud”. “Las explicaciones que nos dieron alimentaron nuestras dudas a este respecto, porque se nos dijo que esto se aplicaría exclusivamente en caso de operaciones especiales o de actuaciones por lavado de activos o de lucha contra el crimen organizado; sin embargo, no es lo que dice el artículo”, cuestionó.
El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez se dirigió a Perrone y a Bonavita, quienes habían manifestado su intención de no acompañar el artículo, y les dijo: “Yo espero, imagino, supongo que no van a permitir que a quienes les dieron los votos para darle la aprobación en general, sus senadores, atropellen a la Cámara de Diputados y no reconozcan el resultado de la votación de estos artículos. Yo espero que se cumpla y que se respete la opinión de la Cámara de Diputados”. Rodríguez aseveró que le exigirán “al gobierno que, así como tiene mayoría en la Cámara de Senadores, reconozca, acepte, admita que cuando no la tiene la Cámara de Diputados, tiene que cumplir”. “Yo confío en que los diputados de Cabildo Abierto le van a exigir eso al gobierno, que se respete en estos artículos que el gobierno no tiene mayoría en la Cámara de Representantes”, agregó.
Finalmente, la iniciativa fue rechazada con 51 votos negativos de la CR y CA.
Devolución del IVA a las cooperativas
En el apartado de “Recursos”, el plenario trató el artículo que atiende un reclamo histórico de las cooperativas de vivienda: el 342, que establece “un crédito por el impuesto incluido en las adquisiciones de bienes y servicios destinadas a los costos directos de construcción que integran las obras del proyecto cooperativo”.
La diputada frenteamplista Ana Laura Melo destacó que la norma “viene a poner en pie de igualdad al sistema cooperativo” frente a “otros programas, sobre todo los que involucran a privados, que ya tenían esta exoneración”. El diputado del PN Juan Pablo Delgado, quien en el período pasado se desempeñó como titular de Mevir, dijo que el artículo “es justo y necesario”, y “complementario” a la reducción, aprobada en el período pasado, de la tasa de interés a los préstamos de las cooperativas de 5,25% a 2%. No obstante, la bancada del PN propuso un sustitutivo para que la medida “tenga un efecto más inmediato y tenga un efecto más abarcativo a las familias”, dijo Delgado.
Concretamente, la propuesta sugiere incorporar a la redacción que “todas las obras iniciadas o a iniciarse” a partir de la entrada en vigencia del artículo quedarían comprendidas en la devolución del IVA. Además, el PN solicitó que se incluya la “devolución para los servicios técnicos profesionales”, como el “instalador sanitario o el instalador eléctrico, que va vinculado directamente a la obra”, señaló el diputado.
Por su parte, el oficialismo, a través de otro sustitutivo, planteó especificar que el beneficio es para las obras escrituradas con posterioridad al 1° de enero de 2027, “para que quede bien claro que es para las cooperativas que empiezan la obra y tienen la escrituración en 2027”, dijo la diputada del FA Cecilia Cairo.
Al igual que todos los artículos para los que se presentaron sustitutivos, el 342 será votado sobre el final del tratamiento en particular del proyecto.
“Artículo para los amigos”
Del articulado de la cancillería, el nacionalista Rodríguez había adelantado el lunes en la cámara una polémica. “El Poder Ejecutivo le armó un artículo a Fabiana Goyeneche; un artículo para los amigos, con nombre y apellido”, dijo Rodríguez. Goyeneche, exdirectora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo, es funcionaria del MEF en pase en comisión en el MRE.
El artículo cuestionado por Rodríguez es el 118, que autoriza al MRE “a establecer una prima por productividad como incentivo a la gestión por resultados, la que podrán percibir los funcionarios presupuestados que presten efectivamente funciones en dependencias del Inciso radicadas en Montevideo, condicionada al cumplimiento de metas anuales de desempeño”. “Parece que había una prima, una compensación que [Goyeneche] no cobraba y presentó un escrito”, dijo el diputado, en referencia a lo informado por la directora de Asuntos Técnicos Administrativos de la cancillería, Virginia Scarppe, en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda.
Scarppe, sin nombrar a Goyeneche, reconoció que el motivo por el que se incorporó el artículo “fue incentivado por una petición” de una funcionaria que, “en su organismo de origen, efectivamente cobraba compromisos de gestión y, cumpliendo ya funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se enteró de que dejaba de cobrar esos compromisos en su organismo de origen, pero tampoco los cobraría en la cancillería”, según consta en la versión taquigráfica.
El FA accedió a rechazar el artículo, por lo que fue votado negativamente por unanimidad, con 99 votos.
Cambios al Código de lo Contencioso Administrativo: aprobaciones y postergaciones
El articulado de la Rendición de Cuentas referente al TCA establece una serie de reformas al Código de lo Contencioso Administrativo. La CR votó a favor únicamente de los tres artículos que incorporan la posibilidad de apelar las decisiones del TCA en una segunda instancia, ya que “parece garantista que se revise la nulidad del acto administrativo en una nueva instancia ante el propio tribunal”, argumentó Abdala. En el resto de los casos, que refieren a procedimientos relacionados a notificaciones y resoluciones, pidió el desglose para estudiar más en profundidad las modificaciones.
Abdala advirtió que la Academia Nacional de Derecho del Uruguay hizo llegar a la comisión parlamentaria que trató el proyecto “su preocupación con la inclusión de estos artículos en la instancia de Rendición de Cuentas”, porque “dicen que podría representar una involución, un retroceso”, apuntó el diputado nacionalista.
El diputado frenteamplista Joaquín Garlo aclaró que todos estos artículos fueron propuestos por el TCA, no por el Poder Ejecutivo, y señaló que el organismo sugirió mejoras a partir de detectar problemas de aplicación del código, que entró en vigencia en diciembre de 2024.
Finalmente, se acordó, con el consenso de oficialismo y oposición, postergar la votación de estos artículos hasta el próximo jueves.