Rodolfo Saldain, abogado especializado en derecho laboral y redactor de la reforma de la seguridad social que impulsó el gobierno de Luis Lacalle Pou, estuvo en Panorama informativo de la diaria Radio este jueves, luego de formar parte de un conversatorio junto con el economista Isaac Alfie y el contador Iván Posada en un evento que organizó la coalición para abordar los “riesgos” de las propuestas que surgieron del Diálogo Social.
Para Saldain, uno de los riesgos que abarcan al documento en general es que, “al haberse optado por no estimar costos de las diferentes medidas ni fuentes de financiamiento, es, en definitiva, una recopilación de intenciones y deseos”. A su entender, pese a esto, “da la sensación de que son todas cosas viables y en verdad no lo son”.
No obstante, el especialista marcó algunos “aspectos que merecen apoyo”, como el fortalecimiento y unificación de las prestaciones hacia la infancia o la potenciación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, aunque con una salvedad: “Todo requiere crecimiento económico” y las proyecciones que se hicieron para el Diálogo Social “asumen un crecimiento del PIB en estos años de 2,5%, y estamos en el 1% y algo”.
Sus preocupaciones centrales son “básicamente dos”: una está asociada con “aquellos aspectos que de alguna manera se vinculan con el plebiscito que impulsó el PIT-CNT en 2024”, es decir, los cambios al funcionamiento de las AFAP, y la segunda y principal es la reducción de la edad jubilatoria a los 60 años mediante la creación de una nueva causal.
Los cambios a las AFAP surgen de “una contradicción de 30 años” en el FA
Sobre el primer punto, subrayó que toda la propuesta de la central sindical que se plebiscitó en 2024 fue “realmente muy perjudicial para el país”. En función de que parte del oficialismo apoyó la idea de eliminar las AFAP y otra no, dijo que se trata de “una contradicción que lleva 30 años de historia dentro del Frente Amplio, que no había sido saldada hasta ahora”, y “quienes representaron al Poder Ejecutivo en el Diálogo Social intentaron” hacerlo, pero “no va a tener una solución de consenso”.
Si bien la idea de que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público y no por las AFAP fue impulsada por el propio Saldain en 2020, en un libro en el que plantea la creación de una entidad específica que se llamaba Fondo de Ahorro Previsional Único, Saldain señaló que en el contexto actual “no sería una solución” dado que el plebiscito de 2024 fue “un parteaguas” que hace “riesgoso” ese camino en la actualidad.
Saldain precisó que cuando llevó esa propuesta a la Comisión de Expertos en Seguridad Social que funcionó en el gobierno anterior, nadie la apoyó. El abogado también se refirió al hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició una instancia de diálogo junto con las AFAP y a los dichos del senador blanco Sergio Botana en el sentido de que era una “espantosa señal”. Sin embargo, a Saldain le “parece bien”, afirmó, y dijo que desea que “ojalá lleguen a algún tipo de entendimiento”, a pesar de que el contenido de las conversaciones es desconocido.
Los incentivos para postergar la jubilación “no funcionan”
Con respecto a la causal jubilatoria a los 60 años, Saldain señaló que no existe un cálculo de la magnitud fiscal presentado por el gobierno, y que eso “es parte del problema”. “Yo creo que es mucho más importante que la otra [la modificación a las AFAP] desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de las necesidades del gobierno uruguayo de mantener una determinada forma de financiamiento y de que su endeudamiento público sea sostenible”, afirmó.
Saldain dijo que la población con edad de trabajar registró una caída del orden del 40% de acuerdo con el último censo, con lo que se “achica el margen de maniobra”. Por otro lado, detectó una “apuesta muy fuerte a los incentivos” por parte del gobierno, para postergar la jubilación, mientras que “no hay ningún país del mundo que se haya jugando a los incentivos”. “Está demostrado en Uruguay e internacionalmente que los incentivos en esta materia no funcionan”, aseveró.
En ese mismo sentido, Saldain apuntó que si la causal que se busca instalar es “compatible con el trabajo” no hay “forma de poner un incentivo”, porque “todo el que pueda se va a jubilar y va a seguir trabajando”. También se preguntó si es únicamente para el Banco de Previsión Social (BPS) o también aplicará a las cajas paraestatales, y dijo que esto se lo consultó a las autoridades de gobierno y “no lo habían pensado”. “Por eso ayer hice una afirmación un poco dura de que no había un rumbo claro, porque no está suficientemente pensado, más allá de que no hay un número”, dijo.
A su criterio, el FA “no ha hablado con verdad” en el marco de las discusiones sobre el sistema previsional, porque durante la discusión de la Ley 20.130 –la que promulgó el gobierno anterior– desde esa fuerza política se sostuvo que se “subía la edad jubilatoria al barrer”, lo cual no fue así, aseguró, y “se abroqueló atrás de una edad [jubilatoria] de 60 años que es totalmente inviable si queremos dar prestaciones con un mínimo de adecuación”. En ese sentido, afirmó que la nueva causal es una “mala señal” porque “no es posible y no sería verdad salvo con jubilaciones muy pequeñas”, con lo que entiende que es “generar la expectativa de algo que va a tener patas muy cortas”.
La ausencia de la caja militar en el Diálogo Social
Finalmente, el especialista abordó la situación de la llamada caja militar y su ausencia en el documento que emanó del Diálogo Social. Al respecto, señaló que tuvo “dos grandes modificaciones” en los últimos años: primero en 2019, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, y luego, la que definió como “más grande”, en 2023, a partir de la cual los nuevos ingresos “van a régimen mixto” y hubo “una suba de las edades de retiro obligatorio”, entre otros elementos.
Sobre la ausencia de esta discusión en el Diálogo Social, Saldain interpretó que a partir de los cambios introducidos en la reforma de 2019, más la de 2023, optaron por esperar “que empiecen a dar sus frutos”. Asimismo, se jactó de que, “sin duda”, la administración de Lacalle Pou fue más audaz con las modificaciones que la frenteamplista: “Por primera vez hubo un estudio actuarial de la caja militar y obtuvimos el 97% de la información”, lo que llevó a una “reforma muy importante y sin ruido” en base a “diálogo y posiciones bastante firmes”, porque claramente existían “cosas que eran insostenibles”, valoró.