A mediados de junio, el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) ratificó la decisión de avanzar con el cobro de timbres profesionales en actuaciones médicas. La resolución, que ya había sido aprobada en mayo, fue avalada por cinco votos contra dos, sin la adhesión de los representantes del Poder Ejecutivo en el directorio. Según explicó semanas atrás en la diaria Radio el director de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Leonardo Di Domenico, esto implicaría que se abone un ticket de 170 pesos frente a cada registro médico.
Di Domenico también se mostró contrario a la decisión de la CJPPU y subrayó que lo definido es “absolutamente irregular desde el punto de vista formal”, dado que el directorio de la caja paraestatal “no tiene facultades para resolver instrumentalmente” dicha medida. Asimismo, sumó que desde lo “fáctico” y “político” se trata de algo “absolutamente inconveniente”. Desde el Ejecutivo se sumaron otras voces contrarias, como la de la Junta Nacional de Salud (Junasa) del Ministerio de Salud Pública (MSP), que envió una nota al organismo dando cuenta de “la preocupación existente respecto a los potenciales efectos sanitarios, sociales y financieros derivados” de la resolución adoptada.
Sin embargo, restando 15 días para el primero de agosto -cuando se estableció que entrarían en vigencia los timbres-, el Ejecutivo no anunció oficialmente la aplicación de un mecanismo que deje sin efecto la definición del directorio de la CJPPU. Esto preocupa a la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) y así lo hizo saber este miércoles en la diaria Radio su secretario general, Marcos Franco.
El dirigente sindical aseguró que se le envió una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, para mantener una reunión sobre el tema. También detalló que desde la FUS se mantuvo una reunión con Di Domenico y anunció que sobre el mismo tema tendrán una reunión este viernes con el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba. Paralelamente, Franco anunció que, más allá de que se está “a la espera de la resolución política” del Ejecutivo, la FUS ya se encuentra buscando “instrumentos administrativos” que “permitan desestimar la aplicación de la resolución”.
Con estos elementos sobre la mesa, el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, confirmó a la diaria que “no va a prosperar” la resolución de la CJPPU. Consultado sobre qué acción se va a tomar para dejarla sin efecto, comentó que en principio se busca que el directorio revierta la medida, pero si no lo hace, es “altamente probable” que se revierta la resolución por decreto. Más allá de que “la solución jurídica” no esté definida, enfatizó que “la decisión está tomada”.
La posición de la FUS
“Nosotros entendemos que esto es una regresión a lo que son los principios fundacionales del Sistema [Nacional Integrado de Salud], la implementación a través del cobro de un timbre que es obsceno para toda la sociedad con un afán totalmente recaudatorio; es un impuesto solapado a la enfermedad”, comentó Franco respecto de los timbres que entrarían en vigencia a partir de la resolución de la CJPPU. “Van a quedar más vulnerados los [que tienen] ingresos más sumergidos y también las personas con enfermedades crónicas”, agregó.
Franco planteó que, más allá de esta “situación puntual”, la FUS entiende que se debería “estudiar la posibilidad de la creación de una ley para que proteja las acciones en salud”. Indicó que la discusión de ese punto, así como de otros vinculados a la salud, podría canalizarse a través de la “convocatoria a un diálogo”.