El acceso a la vivienda es un tema central de todos los gobiernos. Las demandas son colectivas e individuales y, si bien buscan lo mismo, las necesidades son diferentes. Para el quinquenio que comienza, las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial afirmaron que “habrá soluciones provisorias, cambios de chapas, viviendas” y “un montón de cosas”, en el marco de “más de 100 proyectos en los que vamos a intervenir, en Montevideo y todo el país”.
En diálogo con la diaria, distintas instituciones y organizaciones civiles conversaron sobre las prioridades que, a su entender, deberían ser atendidas en el corto plazo. Algunas requieren cierto presupuesto, pero otras apuntan al diálogo y a algunos cambios en la articulación y la gestión.
Algunas emergencias
Desde el colectivo Miles de Ciudades expresaron que lo primero que falta son recursos, ya que lo destinado desde hace entre 30 y 40 años, aproximadamente el 0,5% del producto interno bruto, “claramente es insuficiente”. Sobre los recursos, consideran que si no se da “un salto” en ese sentido, no habrá un cambio cuantitativo ni cualitativo que sea relevante.
También entienden que hay situaciones puntuales con carácter de emergencia que abarcan los asentamientos, la población en situación de calle y las personas que viven en pensiones. Sobre quienes se encuentran en situación de calle, puntualizaron que, según estudios recientes, han pasado gran parte de su trayectoria en cárceles. Entonces, más allá del acceso a una vivienda en sí, desde Miles de Ciudades hacen hincapié en considerar otros aspectos de quienes integran la demanda.
La conceptualización de la vivienda está muy arraigada a un objeto de mercancía al que uno puede acceder en función de las capacidades que tenga -de compra, herencia, entre otros-, consideraron desde el colectivo. “El cambio que habría que dar para entender que la vivienda es un derecho es que se trata de la puerta de acceso a otros derechos”, porque es necesario tener una vivienda para poder tener un punto “donde cuidar, estudiar y vivir”. Por último, el colectivo acotó que debemos ir hacia un sistema público de vivienda que llegue a las clases medias, pero también “a los más pobres”, algo que hasta ahora “siempre estamos corriendo de atrás”.
Por su parte, desde el colectivo Ni Todo Está Perdido (Nitep) agregaron que “el acceso a la vivienda digna es un derecho humano”, aunque “cada vez son más las personas que quedamos en la calle, sin hogar y sin techo”. Desde Nitep proponen algunas soluciones basadas en la elección “del usuario y por el usuario”, que implica la separación de vivienda y servicios de tratamiento y la integración a la comunidad.
Para que esto sea posible es necesaria una vivienda a partir de la cual comenzar el proceso y no al revés, como en la actualidad, que “se establece que se debe pasar por un proceso para llegar a la vivienda”. Para el comienzo de la modalidad propuesta es necesario un soporte económico externo, que resultaría de menor costo que el actual, según se ha observado en países donde se ha puesto en práctica, empezando por el derecho al techo.
“Cuando se habla de recuperación y tratamiento es porque la situación de exclusión puede provenir de alguna carencia o deficiencia, pero también se dan en igual medida carencias y deficiencias provenientes de la situación de exclusión. Somos conscientes del hecho de que no todas las personas necesitamos lo mismo ni tenemos las mismas capacidades, por lo tanto asumimos que en algunas situaciones las personas requieren sistemas de mayor contención”, expresaron desde el colectivo.
Para quienes integran Nitep, recuperar la capacidad de elección vinculada con la vivienda también sería acceder a un derecho humano no reconocido.
Las demandas de las cooperativas
En diálogo con la diaria, Enrique Cal, el presidente de Fucvam, manifestó que los desafíos más importantes a nivel país son el déficit cuantitativo “por la falta de presupuesto”. Un país de tres millones de habitantes “no puede tener más de 80.000 familias que no tienen una vivienda y muchas más que no tienen una vivienda adecuada”; este es el principal desafío para Cal. La asignación de recursos está relacionado con esto y es el segundo problema, porque frena la posibilidad de establecer políticas y “se siguen poniendo parches” a corto plazo.
Específicamente sobre las cooperativas, manifestó que “han demostrado que son uno de los sistemas más efectivos”, pero aun así siguen teniendo un tratamiento no del todo simétrico y pareciera que “no reciben la atención que necesitan, aunque serían una gran solución para todo el país”. El acceso de las cooperativas a los terrenos, la cuota de género y algunas cuestiones vinculadas con la Ley 13.728 que dio estructura al modelo, reglamentada en 2008, para Cal son prioridades a revisar.
En tanto, Daniel Logaldo, el secretario general de la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro Previo (Fecovi), agregó que si bien la vivienda está consagrada como un derecho histórico, hay “una serie de inconsistencias” que empieza por el déficit cuantitativo que pasa “de gobierno en gobierno”, a lo que se suman las viviendas que necesitan mantenimiento.
Esto marca una “insuficiencia presupuestal” clara que en la administración que acaba de terminar tuvo retrocesos por “diferentes recortes” presupuestales que, entre otras cosas, generó que se edifique menos.
Cooperativa Covigoza (archivo, noviembre de 2024).
Foto: Gianni Schiaffarino
Una de las cosas que Fecovi plantea a partir del último estudio de situación es que abatir el déficit y para que las cooperativas que pasan tiempo sin poder comenzar a edificar, se necesita por lo menos duplicar el monto presupuestal. Otra demanda puntual es volver a estructurar el Fondo Nacional de Vivienda como algo más estructural y genuino que “no dependa de cada gobierno”.
Desde el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU), una organización que ha participado en diferentes procesos vinculados con la vivienda, Marcelo Ventós, su director, acotó que el acceso al financiamiento para las mejoras de las viviendas y la necesidad de herramientas de acceso a viviendas para hombres y mujeres jóvenes de contextos socioeconómicos populares hacen a la necesidad de nuevas políticas para abordar esas realidades que son “altamente complejas”.
Por ejemplo, en cuanto al acceso a la vivienda para estos jóvenes, Ventós planteó que el problema se agudizó porque no se logran encontrar políticas activas de subsidios que garanticen la posibilidad de no tener que permanecer en la vivienda familiar o tener que generar una pieza más en lugares donde ya no hay espacio.
Para Ventós, el crecimiento demográfico del cinturón de Montevideo también es causa y consecuencia en relación con el hacinamiento que están padeciendo, porque no encuentran tierra para desarrollar nueva vivienda, explicó. Sumado a esto, se incrementó el endeudamiento de los hogares, lo que complejiza el acceso a una garantía de alquiler.
Las prioridades del gobierno y algunos problemas generales
Milton Machado, el titular de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi), marcó como prioridades el Plan de Primera Vivienda, uno de los compromisos que hizo el presidente de la República, Yamandú Orsi, durante la campaña electoral, que busca facilitar el acceso al crédito hipotecario para familias que no acceden al Banco Hipotecario del Uruguay. Con esto, combinar algún tipo de subsidio al capital que pueda beneficiar a las personas que si bien tienen ingresos no tienen capacidad de ahorro; “esta población es prioridad para el gobierno”, sostuvo Machado.
De la misma manera, lo son quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea quienes habitan asentamientos, hogares monoparentales, los adultos mayores. Asimismo, se debe volver a priorizar la vivienda colectiva, las soluciones de vivienda para emergencias, personas en situación de calle, jóvenes que ingresan de distintas instituciones del Estado, otras de las tantas poblaciones para las que, según el titular de la Dinavi, será fundamental trabajar coordinadamente con otras dependencias estatales.
Sobre lo prioritario, también mencionó que se trabajará en crear un stock de viviendas que permita alquileres accesibles para quienes necesitan, pero no aplican para acceder por otros planes del ministerio.
En cuanto al presupuesto, recordó que el ministerio tiene que elaborar un plan quinquenal que incluirá estas prioridades y otras que se van a sumar con participación y diálogo con la Comisión Asesora de Vivienda, organizaciones sociales, gobiernos locales, entre otros.
Respecto de las cooperativas, Machado reconoció que son soluciones habitaciones con concepto de solidaridad, por lo que el gobierno debe contribuir, mejorar los plazos, las escrituras que demoran la concreción de los créditos y todo lo que hace a los procesos que transitan las cooperativas.
Mencionó que una de las prioridades del diálogo con Fucvam es acordar la implementación de la “tasa al buen pagador” que se cobra para otorgar préstamos para la construcción de viviendas, para quien esté al día con las cuotas, que el período pasado se acordó que sea de 2% en general.
Por último, Gustavo González, histórico dirigente de Fucvam, ahora senador electo por el Frente Amplio, manifestó que la prioridad es darle un “muy buen presupuesto” al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Agregó que se acaba de desarchivar un proyecto de ley sobre cómo capitalizar el Fondo Nacional de Vivienda, presentado en la legislatura anterior, y se verá “qué suerte tenemos en eso”.
La segunda prioridad desde el ámbito legislativo deben ser los sectores “más modestos de la población, sin capacidad de ahorro”. Y para ello, hay que instrumentar programas, los que ya están instrumentados, potenciarlos, como es el cooperativismo, pero puede haber otros.
González agregó que no está de acuerdo con “la vivienda para pobres”. “Que lo hagan los capitalistas, no nosotros. La vivienda digna y adecuada es digna y adecuada, no es vivienda para pobres, a los pobres hay que sacarlos de las viviendas miserables y para eso hay que darles batallas indispensables”, enfatizó.
Esta nota fue publicada en el Suplemento Habitar.