Al poco tiempo de asumir su cargo, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, prometió construir 50.000 viviendas y avanzar para disminuir la cantidad de asentamientos. “Es algo realmente muy ambicioso. Es lo mismo que los asentamientos. Quiero reducir el número de asentamientos. Decir ‘asentamiento cero’ es utópico, pero sí haré todo lo posible para que los asentamientos bajen en el país”, dijo entrevistada por El País en abril de 2020.
Sin embargo, a fines de ese mismo año la ministra advirtió que no iba a ser posible llegar a la cifra de nuevas viviendas que se había estimado, que lo había dicho a modo de “expresión de deseo” y que en materia de asentamientos se iba a hacer todo lo posible por reducirlos, pero que “decir 'asentamiento cero' o 'quiero construir equis cantidad de viviendas'” le parecía una “falta de respeto para quien está esperando ese sueño de tener un techo propio”, dijo entrevistada por En perspectiva.
Moreira no llegó a completar el período al frente del ministerio. En mayo de 2023 el presidente Luis Lacalle Pou le pidió que renuncie tras conocerse que le había adjudicado directamente una vivienda a una militante de su partido, Cabildo Abierto. En su lugar, asumió el cabildante Raúl Lozano, quien afirmó que, efectivamente, no se iba a llegar al número de entrega de viviendas planteado originalmente.
Para el senador frenteamplista Gustavo González, expresidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), el gobierno no implementó una política de vivienda en el país. “Estoy harto de hablar de programas. La vivienda tiene que tener una política de Estado. Y para eso, lo primero que hay que tener es una financiación genuina para la vivienda, que el país no tiene. Entonces, estamos, cada período de gobierno, inventando la pólvora”, expresó.
Por otro lado, declaró que la vivienda tiene que ver con el desarrollo humano y, por lo tanto, “si un niño vive hacinado, no tiene salud ni puede rendir educativamente”. “El día que Uruguay tenga una visión así de la vivienda, habremos dado un paso impresionante. Si seguimos pensando en cuatro paredes y un techo, o arreglarlo como se puede, siempre estaremos tapando agujeros”, concluyó.
El comienzo: ajuste presupuestal y postergaciones
Una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de Lacalle Pou fue la firma del decreto 90/20, que limitó la ejecución del gasto de los ministerios y organismos públicos. Durante su comparecencia al Parlamento por la votación de la Ley de Presupuesto a fines de 2020, Moreira sostuvo que no eran ajenos a la disposición implementada por Presidencia y que iban a tener que buscar alternativas para concretar los objetivos de la cartera.
En concreto, en setiembre de ese año las autoridades de Vivienda explicaron ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda que el ajuste había impactado en el presupuesto de la Dirección Nacional de Vivienda, que se redujo en el entorno de 10%, que es la dirección que ejecuta el programa más importante del ministerio y apunta a la creación de nuevas soluciones habitacionales. También se redujo 5% el presupuesto destinado al Plan Juntos y al Programa Mejoramiento de Barrios respecto de 2019 y se recortó más de 700 millones de pesos del presupuesto de la Dirección General de Secretaría.
Durante el primer año de gobierno, se promulgó la ley de urgente consideración (LUC) que, entre otros cambios, creó la Dirección de Integración Social y Urbana para que se encargara del Plan Juntos, el Plan Nacional de Relocalización y el Programa Mejoramiento de Barrios. Para ese cargo fue designada la arquitecta Florencia Arbeleche, hermana de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, con la idea de que fuera una persona de confianza del Partido Nacional y, en particular, del presidente, que se había planteado en su programa de gobierno el objetivo de llegar tendencialmente a una situación de “asentamiento cero” en diez años.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se fijó como objetivo en el plan quinquenal terminar y ejecutar 12.501 viviendas de cooperativas (6.890 estaban en ejecución desde 2019), 1.352 relocalizaciones de familias asentadas en terrenos inundables o contaminados (1.144 estaban en ejecución), concretar 1.177 soluciones del Plan Juntos (749 estaban en marcha) y atender 5.119 hogares beneficiarios del Programa Mejoramiento de Barrios.
Irene Moreira (archivo, diciembre de 2022).
Foto: Mara Quintero
Sin embargo, en noviembre de 2021, El Observador dio a conocer una respuesta de la cartera a un pedido de informes de la diputada del Frente Amplio Ana Olivera sobre la suspensión y reprogramación de los plazos para avanzar en la relocalización de los asentamientos en Montevideo. En concreto, el medio informó que de un total de 21 proyectos nueve estaban en suspenso, y la postergación, en algunos casos, llegaba hasta 2030. Por ejemplo, en el caso del asentamiento de La Paloma, se hizo una licitación de obra en 2019 que quedó desierta y las autoridades explicaron en la respuesta al pedido de informes que, dada la situación financiera del ministerio, no se volvió a hacer el llamado y la obra fue reprogramada para 2023. En el caso de la segunda obra de La Paloma, el ministerio informó que las licitaciones no se podrían ejecutar en este quinquenio.
Rendición de Cuentas
En la última Rendición de Cuentas, correspondiente a 2023, el ministerio hizo un repaso de lo hecho hasta el momento y, en particular, de los resultados de los dos programas nuevos implementados: el Plan Avanzar y Entre Todos. En concreto, hicieron hincapié en la implementación del Plan Avanzar, “una política diseñada para atender la situación de unos 120 asentamientos irregulares en todo el país, llegando a mejorar la situación habitacional de más de 15.000 hogares”.
Ese plan incluyó “intervenciones que ya estaban en curso”, “proyectos que estaban en pausa” y “nuevas intervenciones”. “Para ello se trabajó con el compromiso de duplicar los recursos quinquenales dedicados a esta política, adicionando por lo menos 240 millones de dólares, tanto mediante incrementos en el presupuesto nacional como a través de la creación de un nuevo instrumento de financiamiento y de ejecución denominado Fideicomiso de Integración Social y Urbana (FISU)”.
Desde el inicio del período de gobierno y hasta mayo de 2023 se “completaron proyectos en 22 asentamientos e intervenciones en informalidad dispersa, correspondientes a 3.332 hogares”. Por otra parte, se encuentran “activos proyectos en 99 asentamientos e informalidad dispersa, que atienden las necesidades de unos 11.681 hogares, de los cuales más de la mitad se encuentran en etapa de ejecución de las obras o en el proceso de compra de vivienda usada, que es otra de las herramientas”.
En cuanto a los resultados del plan Entre Todos, orientado a “facilitar el acceso a vivienda propia a la población que actualmente accede a pagar un alquiler, pero no logra comprar una vivienda”, se “espera concretar la construcción de aproximadamente 5.000 viviendas”.
En cuanto al presupuesto, Lozano dijo en mayo del año pasado en la Comisión de Vivienda del Senado que para este quinquenio se destinaron 240 millones de dólares por el presupuesto nacional y 240 millones por medio de un fideicomiso que se creó para el tema. “De esos 480 millones de dólares, tenemos ejecutados 238 millones de dólares; en ejecución hay 156 millones y adjudicados con obra no iniciada todavía tenemos 68 millones. Los terminados, en obra y adjudicados, suman 462 millones. Tenemos en proceso de licitaciones o en llamados a licitaciones 119 millones”, enumeró.
Sin embargo, en la Rendición de Cuentas los números de inversión del Plan Avanzar son menores a los expresados por el exministro. Se señala que “se llevan completados proyectos ejecutados por 53 millones”, un número muy por debajo de los 238 millones expresados por Lozano. A su vez, se indica que se “cuenta con recursos adjudicados que ya están en obra (114 millones de dólares)”, frente a los 158 millones que dijo el jerarca. Los recursos adjudicados con obra por comenzar próximamente fueron 65 millones de dólares, un número similar al que declaró, y los “proyectos actualmente en llamado a licitación a cargo del FISU” fueron de 78 millones de dólares, lo que difiere de los 119 millones que dijo el exjerarca.
Mevir ampliado
La LUC, entre otros cambios, incorporó un artículo que modificó el marco de actuación del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir) e implicó que pase de trabajar sólo en localidades del interior profundo de hasta 5.000 habitantes a ciudades de hasta 15.000 habitantes.
El expresidente de Mevir Juan Pablo Delgado dijo a la diaria que “esto amplió el radio de cobertura fuertemente y permitió que Mevir fuera a lugares que no iba hace 20 o 30 años”, como San Ramón, Tala, Santa Rosa, Sauce y Guichón. “Eso fue muy importante, y esto no impidió que Mevir fuera a las localidades más pequeñas del interior profundo del país, como Cuaró, en Artigas, una población que apenas superó los 100 habitantes, que hacía también 30 años que no iba”, detalló.
A modo de resumen, Delgado sostuvo que en el período pasado se superaron las 130 localidades intervenidas, lo que catalogó como un “récord histórico” porque “el último fue entre 1995 y 2000 y sólo abordó 90 localidades”. “Eso hizo que Mevir tuviera más presencia en el territorio, con más descentralización, y la LUC permitió que fuéramos a muchas ciudades de escala media, que hacía muchos años que no podíamos ir, y a nuevas ciudades”, destacó.
Manifestó que si bien se avanzó en la generación de convenios con organismos del Estado para implementar servicios en las localidades, queda pendiente seguir profundizando “la articulación para poder urbanizar con más rapidez y más eficiencia”.
2% de interés para todas las cooperativas
En diciembre de 2022, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial informó que las cooperativas iban a pasar a pagar 2% de interés de los préstamos para la construcción de viviendas. Moreira anunció que el beneficio se aplicaría “al buen pagador”, es decir, al que estuviera con las cuotas al día, y la disposición se haría de manera retroactiva al 1º de marzo de 2020.
En 2008, durante la gestión de Eneida de León, se determinó que algunas cooperativas deberían pagar 5,25% de interés, lejos del 2% que estableció la Ley del Plan Nacional de Viviendas de 1968, y desde entonces se había vuelto un reclamo histórico de Fucvam.
González remarca que fue una “gran conquista de Fucvam, no sólo para Fucvam, sino para todas las cooperativas de vivienda”. El expresidente de la federación sostuvo que mucha gente les decía: “‘¿Cómo puede ser que han conquistado eso bajo un gobierno que no era de izquierda?’. Eso es un error conceptual. Las ocho horas los trabajadores las ganaron sin tener un gobierno de izquierda. Las líneas de las organizaciones populares van mucho más allá del gobierno de turno”, expresó.
Esta nota fue publicada en el Suplemento Habitar.