El problema de las personas en situación de calle en Montevideo ha alcanzado niveles alarmantes y sigue empeorando año tras año. Las respuestas del Estado han resultado insuficientes para frenar esta tendencia y, la implementación de medidas legislativas de tipo punitivas como la Ley 19.120 de faltas y de conservación de espacios públicos y la Ley 18.787 de internación compulsiva ha contribuido a generar un contexto que perpetúa y agrava el problema, volviéndolo aún más complejo y expulsivo con graves consecuencias en la salud y en las oportunidades de reintegración social para las personas sin hogar.
El problema de la situación de calle urge ser reconocido como una grave violación a los derechos humanos que tiene sus raíces en la acumulación de fallas y fracasos del Estado. La voz de colectivos organizados de personas con experiencias de calle como el Ni Todo Está Perdido (Nitep) ayudan a combatir el estigma, la violencia, la discriminación y a poner de manifiesto que la situación de calle es una clara violación al principio de dignidad humana consagrado en los artículos 1 y 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La política pública desplegada ha mostrado limitaciones en su diseño, alcance y efectividad para prevenir y revertir esta crisis social. Son necesarias políticas integrales de prevención y atención basadas en apoyo social, sanitario y de alternativas habitacionales sostenidas acordes a las necesidades, problemas previos de las personas y a la etapa de su ciclo vital en que se presentan las experiencias de calle.
Sin embargo, la propagación del paradigma de que el sinhogarismo es el resultado de una elección individual sigue impregnando el discurso público y la concepción sobre la génesis del problema. Esto tiene implicancias concretas en el diseño de un único programa de atención, en cómo se define conceptualmente ‘la situación de calle o sinhogarismo’, y en la forma de medirlo.
Aún persiste la idea de que la situación de calle es el resultado de una elección personal, malas decisiones individuales, problemas de consumo y/o de salud mental, o de falta de voluntad para salir adelante. Este discurso, que responsabiliza a las personas por su situación, desvía la atención de los verdaderos factores estructurales, institucionales y vinculares detrás del problema: pobreza intergeneracional, trayectorias de vivienda marcadas por la segregación sociohabitacional extrema, experiencias de victimización temprana por parte de cuidadores, desafiliaciones tempranas, falta de apoyo al salir de la cárcel o de instituciones de cuidado adolescente, sufrir violencia de género y/o violencia institucional reiterada, servicios inadecuados a las necesidades de las personas, circuitos institucionales que fomentan episodios reiterados de calle, ausencia de políticas de prevención y una segregación sociohabitacional cada vez más profunda.
En los últimos 18 años, el número de personas en situación de calle (en refugios e intemperie) se multiplicó por cuatro. El último censo, realizado en 2023, reveló que 2.756 personas visibles estaban en situación de calle la noche del relevamiento en Montevideo: 1.375 durmiendo a la intemperie y 1.381 en centros nocturnos del programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Pero las cifras reales son más preocupantes, ya que otras 2.259 personas, aunque no se consideran oficialmente como personas en situación de calle, viven en alojamientos temporales de corta, mediana o larga estadía, proporcionados también por el Mides.
Además, más de 11.000 personas pasaron por el sistema de refugios nocturnos sólo en 2023, pero nadie sabe cuántas personas adultas transitan entre la calle, los refugios, en condiciones marginales ocultas, otras soluciones temporales e inestables, como casas de familiares o amigos, hoteles, pensiones o en instituciones de cuidado. Muchas de estas personas y otro tanto están en riesgo de quedarse sin hogar tras pasibles de ser desalojados, salir de hospitales, centros de reclusión o instituciones de cuidado, o al llegar al país en condiciones habitacionales precarias.
En otras palabras, en materia de vivienda, la situación de calle representa solo la punta del iceberg de un problema más profundo de exclusión habitacional que se ha ido acumulando y agravando con el tiempo.
El modelo de refugios ha mostrado ser una respuesta limitada, ya que constituye sólo una de las varias medidas de atención y prevención que debería incluir una política integral de combate al sinhogarismo. Este modelo basado fundamentalmente en la provisión de alojamiento nocturno y un mínimo de atención, ha mostrado que su uso extendido junto con otras instituciones y alternativas (cárceles, hospitales, habitar a la intemperie, en condiciones de habitabilidad inseguras e invisibles) genera que las personas queden atrapadas en un circuito difícil de poder salir. A esto se suman denuncias por recortes en los equipos técnicos, sobrecarga de trabajo, falta de cupos y condiciones inadecuadas de higiene y alimentación, derivaciones a refugios en barrios aislados de la ciudad, entre otros.
El acceso a una vivienda digna y sostenida sigue siendo una deuda pendiente en el combate a la situación de calle. Aunque el problema no puede reducirse únicamente a la falta de vivienda, las trayectorias de las personas en esa situación están marcadas por la precariedad y exclusión habitacional: pasar de una pensión a otra, de un refugio a otro u otro tipo de establecimientos, a la calle o de la casa de familiares a una solución precaria. Esto forma parte de un circuito de exclusión que es muy difícil de romper sin políticas efectivas de acceso a una vivienda sostenida y adecuada y, a una red de apoyo interministerial. El censo de 2023 también reveló que hay más de 55.000 viviendas desocupadas en Montevideo —el 9,3% del stock— mientras miles de personas duermen en la calle, habitan (intermitentemente o sostenidamente) en refugios o están sin hogar de forma invisible y no oficial. La situación de calle se ha convertido en un asunto social persistente y crítico que convoca a nuevos replanteos sobre la naturaleza del problema. Es imperioso un cambio de enfoque que exige respuestas urgentes, coordinadas, efectivas, y reales, que tengan en el centro a las personas con experiencias de calle. Es crucial una coordinación y abordaje interministerial que permita ofrecer respuestas habitacionales y de apoyo de vasto alcance adaptadas a las necesidades y problemas en diversos ámbitos previos de cada persona, considerando factores tales como la edad, el género, el historial de violencia padecido, las condiciones de salud, la existencia de vínculos cercanos, etc.
En materia de vivienda, es fundamental implementar programas y experiencias de acceso a una vivienda que hayan demostrado resultados positivos en otros contextos, adaptándolos a la realidad local para asegurar combatir con respuestas efectivas y sostenibles al problema de la situación de calle y no meramente gestionarlo. Acceso sostenido a una vivienda digna con apoyo; acceso a subsidios de alquiler, junto con acompañamientos individualizados y acceso a programas de reinserción laboral y apoyo sanitario. Es fundamental también implementar políticas de prevención que actúen a tiempo, garantizando un acceso rápido y efectivo a diferentes soluciones de vivienda y brindando apoyo y acompañamiento sostenido a personas egresadas de instituciones de cuidado y carcelarias, en términos de salud mental, vínculos sociales, capacitación, etc.
Por último, pero no menos importante, es fundamental garantizar una política de prevención en etapas clave como la adolescencia, identificando y abordando factores de riesgo (sufrir violencia y abusos, pobreza extrema, problemas de salud mental de cuidadores, experiencias de encarcelamiento de alguno de ellos, ausencia de soporte familia y comunitario, desafiliación del sistema educativo, entre otros) que pueden conducir a experiencias de calle temprana edad.
El trabajo coordinado con instituciones de cuidado, de salud, las familias, el sistema educativo, y el entorno cercano comunitario es imprescindible. Esto permitiría evitar la pérdida acumulativa de derechos en aspectos centrales de la vida y, prevenir que experiencias aisladas de calle se transformen en una trayectoria de larga duración o reiterada a lo largo del tiempo vital.
La situación de calle se ha consolidado como una crisis social innegable e impostergable, resultado de procesos acumulativos de violencias. Es momento de abordar las profundas desigualdades, las causas estructurales en materia de acceso a la vivienda, la violencia intrafamiliar y la victimización infantil como las fallas y violencias institucionales que conducen y perpetúan el problema. Como señala Nitep: “la calle no es un lugar para vivir ni para morir”. No hay derecho.
Esta nota fue publicada en el Suplemento Habitar.