El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani anunció este viernes que presentará un proyecto de ley para la implementación de un “certificado libre de deudas” para el ejercicio de cargos políticos y de particular confianza.
La iniciativa, compuesta por siete artículos, establece que quienes asuman cargos políticos deberán presentar, dentro de los 60 días siguientes a su asunción, “certificados que acrediten no mantener deudas exigibles” con la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS), el impuesto de Primaria y el Fondo de Solidaridad. De lo contrario, “el organismo correspondiente procederá a la retención total de los haberes del funcionario hasta tanto se regularice la situación”.
Se prevé que las personas que ocupan cargos deberán presentar los certificados de libre de deuda en el mismo plazo de 60 días a partir de la aprobación de la ley.
Con respecto a las motivaciones del proyecto, Schipani sostuvo en su cuenta de X: “Estoy convencido de que quien administra recursos públicos debe dar el ejemplo y estar al día con sus obligaciones ante el Estado. Esta es una medida mínima, pero firme, para recuperar la confianza ciudadana en la política y reafirmar el valor de la responsabilidad pública”.
El artículo 3 de la iniciativa, sobre el carácter personal de la obligación, establece que la “presentación de los certificados será personal e indelegable, y su incumplimiento no podrá ser justificado por razones administrativas o de gestión interna del organismo”. Además, los organismos públicos deberán informar a la Junta de Transparencia y Ética Pública “sobre el cumplimiento de esta disposición, a efectos de su contralor”.
En cuanto a las deudas que estén en proceso de regularización “mediante convenios vigentes y al día con los pagos correspondientes”, el proyecto contempla que será posible “acreditar dicha circunstancia mediante constancia emitida por los organismos respectivos, la cual se considerará equivalente al certificado de libre de deuda”.
Por último, el artículo 7 determina que el Poder Ejecutivo “reglamentará la presente ley en un plazo máximo de 90 días a partir de su promulgación, a efectos de asegurar su correcta implementación y supervisión”.
El proyecto surgió a raíz de los recientes casos, difundidos por el programa La pecera, de la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Cecilia Cairo, por irregularidades en su vivienda en Pajas Blancas, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, señalado por la situación de su casa de veraneo.