En la diaria Radio, consultado por dicho proyecto, Ojeda consideró que hay cambios “puntuales” que “están buenos”, aunque, cuando “el humo se disipa, los cambios no son tan grandes”. Entre los aciertos a nivel “conceptual” mencionó la eliminación de las fiscalías de Lavado de Activos, en el entendido de que “quien debe perseguir [el delito de] lavado es el mismo fiscal que persigue [el] delito precedente”, que es “lo que define” al lavado, por lo que es una fiscalía que queda “muy atada” al trabajo de otras.
El proyecto prevé bajar el tope de las transferencias en efectivo desde el monto establecido por la ley de urgente consideración (LUC), un millón de unidades indexadas (UI) (hoy unos 145.000 dólares aproximadamente), a una cifra aproximada a los 40.000 dólares, es decir, menos de 300.000 UI. La iniciativa también introducirá cambios en torno a la vigilancia de los sujetos obligados contemplados en la ley, ya que las modificaciones realizadas en la LUC apuntaron a una “vigilancia menos intensiva cuando el dinero pasaba por bancos”, según afirmó Díaz en la diaria Radio.
Para Ojeda, “hay un error conceptual grande sobre quién y cómo hace los controles”. El senador señaló que la LUC “no modificó un solo control de lavado” y consideró que el tope de los pagos en efectivo “no es una medida de control de lavado”, sino “una medida de bancarización lisa y llana” que implica trasladar “la responsabilidad del control a los bancos”.
“Es una medida probanco básicamente”, sostuvo, y agregó que en el fondo no ofrece más garantías en la lucha contra el lavado, ya que “las responsabilidades de control son las mismas”.
“Los bancos tienen responsabilidades, pero no son los controladores de lavado estatal, y el hecho de que pase por un banco no es un seguro de que no haya lavado”, señaló Ojeda, quien consideró que, “como el Estado a veces tiene muchos problemas” para perseguir el lavado y “no quiere asumir su propia inoperancia”, responsabiliza a otros actores. “Mi miedo es que el pasaje por el banco afloje todos los demás requisitos de control”, afirmó Ojeda.
La elección del nuevo fiscal de Corte
Díaz, exfiscal de Corte, consideró “importante para el país” que el sistema político alcance un acuerdo para designar a un nuevo titular de la Fiscalía General de la Nación y resolver la situación de interinato que persiste desde 2021, cuando él renunció a su cargo antes de completar el mandato establecido.
En cambio, para Ojeda este es un tema que se tiene que “desdramatizar”. El senador consideró que la actual fiscal de Corte, Mónica Ferrero, quien llegó a ese cargo por ser la fiscal penal de Montevideo con mayor antigüedad, tras la salida por enfermedad y posterior jubilación del fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, “ha hecho un laburo muy bueno hasta ahora”. “Creo que lo mejor que ha hecho es mantener el perfil bajo”, al contrario de los exfiscales Gómez y Díaz, agregó Ojeda sobre Ferrero.
Ojeda aseguró que “nadie del gobierno” lo ha contactado “para tener una conversación sobre esto” y adelantó que para poder acordar “nos tienen que traer un nombre ampliamente superior al de la subrogante”.
Al igual que con otros proyectos, como el de la Caja de Profesionales, en los que el oficialismo necesita mayorías en el Parlamento, Ojeda consideró que “no es el camino” que espere a que “todo el mundo se pronuncie en contra” para negociar: “No, mandámelo antes, lo charlamos previamente y entramos al Parlamento con el tema más conversado”.