El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, dijo ser “un enemigo acérrimo de las condicionalidades” para el otorgamiento de las transferencias monetarias por parte del Estado, y “por muchas razones”. En el marco de la presentación del libro Méritos y merecimientos: creencias, percepciones y actitudes sobre las transferencias públicas de ingreso en Uruguay, coordinado por Agustín Reyes y Gonzalo Salas, que tuvo lugar el miércoles en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, Arim advirtió sobre algunos discursos que “no eran pensables” en torno a este tema hasta hace pocos años.
Mencionó, por ejemplo, el pasado gobierno brasileño de Jair Bolsonaro y el actual gobierno argentino de Javier Milei. “Claramente hay un avance, y aviso que soy particularmente pesimista sobre algunas lógicas que parecían instaladas”, expresó.
Con todo, Arim destacó que en el caso de Uruguay se ha recorrido un proceso de institucionalización de este tipo de políticas públicas, lo cual “no es una trivialidad”. En Uruguay, sostuvo, “no solamente se crearon, se diseñaron y se discutieron” diferentes instrumentos, sino que también se implementó “una institucionalidad que es independiente de los actores políticos de turno”.
De todos modos, señaló que “los discursos más de corte meritocrático calan mucho en estos temas”. Dijo que se trata de “un tema de dinámica”, ya que “las formas en que los distintos sectores sociales perciben algunos elementos de diseño [de las políticas públicas] varían en el tiempo”.
Arim señaló que la suspensión de las transferencias no sólo implica una desvinculación con una política pública específica, sino también una desvinculación con el Estado. “¿Dónde está el Estado para los sectores que no van a mantener a los gurises en la escuela o en el liceo?”, preguntó.
También señaló que, en el último tiempo, “la propia izquierda se fue mimetizando con algunos de estos discursos”. “Algunos actores de la izquierda en la región, y en Uruguay también, en algún momento festejaban públicamente el hecho de desconectar a gurises de las transferencias”, apuntó.
El director de la OPP criticó además la “lógica de reciprocidad punitiva” en el otorgamiento de las transferencias. Señaló que las condiciones que habitualmente se exigen son “poco analizadas”, ya que, “si uno analiza objetivamente las posibilidades de inserción laboral que tienen los adultos jóvenes a cargo de niños”, la conclusión es que estos “no están en condiciones de revertir la pobreza”.
Asimismo, apuntó que la “lógica de reciprocidad punitiva” no se aplica sobre “otras transferencias que hace el Estado”. “No le pedimos a quienes, como yo, descuentan IRPF por mis hijas, que a cambio de eso demuestren que las estoy mandando a la escuela o al liceo, y esa es una transferencia que está haciendo el Estado, renunciando a parte de los impuestos que tengo que pagar”, expresó. “No hacemos lo mismo con los sectores sociales que acceden a prestaciones contributivas con un componente de subsidio muy importante”, subrayó.