El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala realizó este lunes dos pedidos de informes a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
Uno de los escritos hace referencia a un presunto caso de nepotismo en la Intendencia de Lavalleja, denunciado por la edila nacionalista Carol Aviaga, mientras que el otro escrito es “un coletazo” a la interpelación realizada por Abdala al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, sobre el caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, quien entre marzo y noviembre de 2025 continuó con sus trabajos en tres mutualistas privadas en simultáneo a la función pública.
En diálogo con la diaria, el legislador criticó la “diferencia de tratamiento” que se le dio a la situación denunciada en Lavalleja con respecto a otra denuncia también por nepotismo en la Intendencia de Salto, a la que “se le dio un tratamiento veloz y se pasó por encima de los protocolos de sancionamiento”, sostuvo.
El caso de Lavalleja refiere a una denuncia presentada en octubre de 2025 por Aviaga por un presunto caso de nepotismo que involucraría a la secretaria general de la Intendencia de Lavalleja, Arianna Bentos.
En tanto, el caso de Salto refiere a una denuncia anónima presentada en julio de 2025 ante la Jutep, que el 2 de octubre concluyó que el intendente de Salto, el nacionalista Carlos Albisu, y su secretario general, Walter Texeira, incurrieron en “un acto de corrupción” al haber designado a Juan Manuel Texeira, hijo del secretario general, como director de Obras de la comuna.
“La presidenta [de la Jutep, Ana María Ferraris], inmediatamente recibida la denuncia, promovió y redactó un texto de oficio a la Intendencia de Salto, a nuestro juicio, totalmente digitado porque ni siquiera preguntó cuál era la dependencia jerárquica entre los dos funcionarios, que tenían una supuesta relación de parentesco”, relató.
En este sentido, aseguró que “la mayoría” del directorio del organismo “realiza o ha hecho una manipulación de los casos y de las denuncias con total discrecionalidad y con clara intencionalidad política”. Asimismo, agregó que ambos pedidos de informes son “una resultancia o desembocadura de la interpelación”. En este sentido, se refirió a la ausencia del directorio de la Jutep en dicha instancia parlamentaria: “Era más que una presunción de que nuestras afirmaciones eran ciertas”.
Por su parte, el vicepresidente de la Jutep, Alfredo Asti, dijo a la diaria que está “muy conforme” con el fallo del organismo respecto al caso del presidente de ASSE y señaló que el directorio no asistió a la interpelación porque “no fue invitado”. “Querían saber la posición del ministerio sobre lo que dijo la Jutep, no la posición de la Jutep”, expresó.
Nuevo decreto para “ordenar” las denuncias
Abdala realizó un tercer pedido de informes, en este caso, dirigido a Presidencia, en el que solicitó acceso al texto de un decreto formulado por la Jutep para establecer procedimientos de tratamiento de las denuncias que recibe.
Consultado por este proyecto, Asti dijo a la diaria que la Jutep solicitó al Poder Ejecutivo la aprobación de un decreto reglamentario “hace meses” para “ordenar” las denuncias “no solamente por decisión de la Jutep”.
En los pedidos de informes, que fueron publicados por Abdala en su cuenta de X, el diputado consultó por la cantidad de denuncias recibidas por la Jutep durante 2025 y los pasos administrativos cumplidos una vez recibidas las denuncias, y solicitó la copia del proyecto de decreto enviado al Poder Ejecutivo.
Sobre la denuncia por nepotismo en Lavalleja efectuada por Carol Aviaga, el legislador solicitó fecha de ingreso de la consulta, qué oficinas de la Jutep intervinieron en su tramitación y cuál es el estado actual del trámite de la denuncia referida.