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Caja de Profesionales, en Montevideo (archivo).

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Poder Ejecutivo aceptó las renuncias de sus dos delegados en la Caja de Profesionales, que votaron cobro mensual de 130.000 pesos

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La resolución fue aprobada por mayoría en el directorio de la caja paraestatal, a pesar de que la ley establece que estos cargos son de carácter honorario.

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El Poder Ejecutivo aceptó las renuncias presentadas en las últimas horas por los dos delegados del gobierno en el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), Gustavo Rodríguez Azcúe y María Noel Sanguinetti, luego de que ambos votasen a favor, en conjunto con los también directores Fernando Rodríguez Sanguinetti y Roberto Long, el otorgamiento de una partida mensual de 130.000 pesos para los miembros del directorio, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó la diaria con fuentes de Presidencia.

En la última reforma jubilatoria, aprobada en abril de 2023, se incluyó un artículo que modificó la ley orgánica de la CJPPU y estableció que “el desempeño de los cargos de integrantes del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios será honorario”. En dicho artículo se agregaba que el cambio empezaría a regir “a partir de la toma de posesión de cargos de las nuevas autoridades electas en las próximas elecciones”, algo que está previsto para los próximos días, una vez que los directores electos en los comicios de diciembre del año pasado sean proclamados por la Corte Electoral.

Sin embargo, la semana pasada, el directorio aprobó el cobro por parte de los directores de un monto mensual equivalente a 20 bases de prestaciones y contribuciones (BPC), aproximadamente unos 131.500 pesos. La resolución tuvo el voto en contra de los directores Daniel Alza y Virginia Romero, actualmente presidente y vicepresidenta de la caja paraestatal. El séptimo integrante del directorio, Blauco Rodríguez Andrada, no estuvo presente en la sesión en la que se votó; no obstante, posteriormente se manifestó en contra de la resolución.

Desde la oposición habían cuestionado la resolución del directorio de la CJPPU y habían solicitado al Poder Ejecutivo que anulara la medida mediante la aplicación del artículo 8 de la Ley Orgánica de la CJPPU, que permite la reconsideración de las decisiones adoptadas por el directorio. También habían solicitado la remoción de los dos delegados del gobierno.

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