Aunque apuntó que “quizás” los aspectos burocráticos “tengan mayor importancia” en el costo final del producto, el diputado nacionalista José Luis Satdjian fue categórico: “Los uruguayos no entendemos por qué la pasta de dientes cuesta 400 pesos en la góndola y 140, 150 pesos en la frontera o 220 pesos en la feria”. A principios de setiembre, cuando el equipo económico asistió a la Comisión de Hacienda de la cámara baja para defender el proyecto de ley sobre competitividad y reducción del costo de vida, Satdjian destacó que la iniciativa pretende “atacar ese problema”.
Específicamente, esto está en el artículo 140 del proyecto, que a finales de agosto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores. Allí se autoriza “la existencia de múltiples proveedores para un mismo producto sometido a vigilancia técnica, sanitaria o de cualquier otro tipo”. Actualmente la modificación está siendo resistida por la Cámara de Industrias, que ha solicitado por escrito la eliminación o, en su defecto, el desglose del artículo.
El miércoles, en ocasión de la comparecencia ante la comisión de una delegación del PIT-CNT y el Instituto Cuesta Duarte, el diputado nacionalista Pablo Abdala consignó que el sector empresarial ha planteado “reticencias muy concretas y muy severas”. Mencionó que tanto el sector alimenticio como la industria química “se han parado frente a esta definición del registro del primer importador y del importador subsiguiente en términos prácticamente apocalípticos”. “Algunos nos han hablado de que esto puede llegar a comprometer la propia subsistencia de determinados sectores de la vida económica”, señaló.
La Cámara de Industrias ha argumentado que, en caso de aprobarse el artículo, “la importación de productos provendrá de países principalmente de la región, que tienen costos mucho más bajos para producir, regulaciones menos costosas y más laxas, así como otros estándares laborales y ambientales”. La gremial también cuestionó que con este cambio “se desconocería la inversión” realizada por el primer importador y “se le otorgaría una ventaja injusta” a los importadores subsiguientes. La cámara incluso advirtió que algunas empresas “manejarían la posibilidad de acelerar procesos de cerrar operaciones o líneas de producción en el país en el caso de que se apruebe esta normativa”.
En la última sesión de la comisión, Abdala consultó a la delegación de la central sindical su posición sobre el artículo 140, ya que se trata de “una disposición que alguien puede leerla –el sector empresarial, de hecho, la está leyendo– como una norma que de tan aperturista que es termina desprotegiendo a la industria nacional, que ya sabemos que tiene dificultades o problemas de competitividad que nadie ignora y que todos reconocemos como tales”.
Milton Castellano, integrante del Instituto Cuesta Duarte, señaló que en Uruguay hay determinados sectores empresariales que “tienen la vaca atada”. De lo contrario, “no se explicarían esos precios que a veces tenemos”. “Los que vamos a veces al Chuy a hacer un surtidito nos damos cuenta de las diferencias en algunas cosas. Entonces, a nosotros nos parece que hay cosas que se deben regular”, expresó. “Nosotros con el artículo 140 estamos de acuerdo”, resaltó. Y agregó: “Queremos el trabajo y no queremos la renta monopólica”.
“A este proyecto se le puede pegar por el lado de que podría haber sido más ambicioso, que podría haber incluido más temas, esto y aquello, pero nadie le puede pegar porque va en una orientación más o menos clara”, añadió Castellano.
Vallcorba: no es solo la pasta de dientes
La primera vez que fue a defender el proyecto en el Parlamento, a comienzos de julio, el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, explicó que, en realidad, lo que se procura no es “habilitar” sino “facilitar” la existencia de importadores subsiguientes de un mismo producto, ya que actualmente “no hay una disposición que los limite”. Lo que sí hay es una regulación que dificulta que “puedan surgir importadores subsiguientes en un conjunto importante de productos relevantes”, indicó.
Frente a esto, la propuesta del equipo económico es reducir las “barreras regulatorias” a los efectos de promover la “competencia intramarca en un conjunto de productos regulados”. Vallcorba dijo que el 140 es el “artículo central” dentro de las “medidas procompetitivas en mercados regulados” incluidas en el proyecto.
“Normalmente cuando hablamos de este tema nos referimos a la pasta de dientes, pero acá estamos incorporando además champú y acondicionador, desodorante, jabón de tocador, café y mayonesa”, enumeró Vallcorba. Si bien puntualizó que estos ítems representan apenas el 2% de la canasta de consumo de los hogares, resaltó que se ha registrado “una diferencia de precios muy relevante” de estos productos en comparación con Argentina y Brasil.
“Si esto uno lo generaliza y lo extiende a otros productos que están en condiciones similares, el potencial del impacto en la reducción del costo de vida de esta medida es significativo”, afirmó Vallcorba.
Picco: se estima un impacto “bastante limitado” en inversión y empleo
Alejandra Picco, también integrante del Instituto Cuesta Duarte, señaló en la comisión que en ciertos sectores “es más difícil la introducción de algunos productos a los mercados nacionales”, lo cual redunda en “problemas de competencia”. En ese sentido, expresó: “Nos parece positivo el camino en que se está avanzando”.
No obstante, Picco advirtió que esto “no asegura que se traduzca ni siquiera en disminución de precios de esos propios productos”. Apuntó, además, que “estamos hablando de un conjunto de bienes importantes, pero que tienen un peso reducido en la canasta de consumo de los hogares”.
En términos generales, Picco comentó que en la exposición de motivos del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo se parte de “una visión de competitividad mucho más grande que a lo que después se reducen las medidas que aparecen en el proyecto”, las cuales “básicamente tienen que ver con la reducción de costos administrativos”. Aunque aclaró que la simplificación de trámites es “algo positivo”, estimó que la iniciativa “seguramente tendrá un impacto bastante limitado sobre la inversión y el empleo”.
Por su parte, el diputado frenteamplista Bruno Giometti (exmiembro del Instituto Cuesta Duarte) sostuvo que la competitividad no es “una cuestión únicamente de precios relativos o de costos de las empresas”, sino “algo más profundo”, que “no se resuelve únicamente con un proyecto de ley, por mejor que sea”.
Con respecto al artículo 140, Giometti señaló que en el país “hay algunos mercados que de alguna manera funcionan de forma monopólica u oligopólica, donde algunos actores privados en esos mercados se apropian de ganancias o rentas extraordinarias, y esa es la contracara de los altos precios al consumo en algunos productos”. “Nosotros creemos que el artículo 140, en la versión que aprobó el Senado, va en una dirección de atacar esa situación en algunos mercados particulares”, resaltó.
